La defensa de Genaro García Luna -ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012-, solicitó, el 25 de septiembre de 2024, a Brian M. Cogan, juez de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, que condene a su cliente a 20 años de prisión, en la audiencia de sentencia fijada para el 9 de octubre del mismo año, según una copia del documento, obtenida por la cadena estadounidense CNN.
Una sentencia de 20 años, según aseguró César de Castro, representante legal de García Luna, “es extremadamente significativa, larga y equivaldría al tiempo que sirvió García Luna como funcionario del Gobierno de México”. En una carta dirigida al juez, el abogado afirmó que el ex funcionario federal mexicano había perdido “todo lo que obtuvo trabajando”.
Parte de la argumentación de la defensa en la misiva, consistió en repasar las duras condiciones que había enfrentado García Luna en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés), desde que fue detenido en diciembre de 2019, un lugar que, según declaró su abogado, había sabido convertir “en su hogar dejando una marca positiva e indeleble en esa institución”.
“Las condiciones en las que ha estado detenido en los últimos cinco años en la prisión MCC deben ser consideradas por la corte para reducir la pena”, indicó De Castro en la carta, quien también afirmó que Garcia Luna era “una buena persona, de un hombre devoto de su familia y que pasó la mayor parte de su carrera defendiendo los ideales de Estados Unidos”.
Entre los anexos de la petición introducida por la defensa del ex funcionario federal mexicano, había una carta de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de García Luna, en la que describió cómo había sido su vida juntos. “Le pido con respeto, señoría, que tome en cuenta la palabra de la mujer que ha vivido 35 años con él, que lo eligió para casarse y que lo sigue eligiendo hasta el día de hoy por sus inquebrantables valores y resiliencia”, señaló la mujer.
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De Castro también apuntó en su misiva, que de condenar a cadena perpetua a García Luna, la pena máxima establecida por los delitos por los que fue hallado culpable, se crearía “una injustificada disparidad de sentencias” entre los condenados quienes, abusando de su posición de poder, facilitaron las operaciones del narcotráfico.
La defensa citó el ejemplo de la reciente condena de 45 años de prisión contra Juan Orlando Hernández Alvarado -presidente de Honduras, que su primer período de mandato comenzó el 27 de enero de 2014 y finalizó el 27 de enero de 2018, fecha en que inició su segundo período, que concluyó el 27 de enero de 2022-, quien también fue procesado por narcotráfico en la Corte de Nueva York, con una condena de 45 años de cárcel y multa de ocho millones de dólares.
En su criterio, De Castro indicó que Hernández Alvarado, como líder de un país, “está en una categoría propia entre los narcotraficantes jamás procesados en Estados Unidos […] El señor García Luna no era líder de un país y su sentencia debe ser sustancialmente inferior, no superior, a las condenas que han recibido estas personas”.
El 19 de septiembre de 2024, el Fiscal Breon Peace solicitó a Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York -en una carta de nueve cuartillas-, que condenara a García Luna, el 9 de octubre de 2024, a prisión perpetua, por la gravedad de los delitos, además de imponer una multa de al menos cinco millones de dólares.
“A cambio de millones de dólares, el acusado facilitó una conspiración responsable de las muertes de miles de ciudadanos mexicanos y estadounidenses. Es difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado, las muertes y adicciones que facilitaron, y su traición a los pueblos de México y los Estados Unidos”, afirmó la Fiscalía estadounidense.
Peace recordó que la Policía Federal (PF), bajo el mando de García Luna, no sólo dejó trabajar al Cártel de Sinaloa, sino que lo proveyó con armas y uniformes, protegiendo a sus sicarios cuando ejecutaban a algún rival.
El fiscal agregó que la prisión vitalicia era una pena proporcional, para la importancia de los cargos que ocupó García Luna en México, durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada, y, sobre todo, de Calderón Hinojosa, cuando fue titular de la SSP Federal mexicana.
Peace recordó al juez neoyorquino, el caso de Juan Orlando Hernández Alvarado -presidente de Honduras, que su primer período de mandato comenzó el 27 de enero de 2014 y finalizó el 27 de enero de 2018, fecha en que inició su segundo período, que concluyó el 27 de enero de 2022-, quien también fue procesado por narcotráfico en la Corte de Nueva York, con una condena de 45 años de cárcel y multa de ocho millones de dólares.
La Fiscalía destacó que García Luna no provenía del origen de pobreza o familias fracturadas de muchos narcotraficantes, sino que fue parte de una familia con ingresos estables, recibió una educación universitaria, y llegó a ser miembro de un Gabinete presidencial.
“El acusado no ha mostrado remordimiento por su conducta criminal, sino que ha seguido cometiendo delitos mientras ha estado bajo custodia, tratando de obstruir a la justicia mediante ofertas de soborno a otros delincuentes en la prisión donde está recluido”, afirmó Peace.
El ex titular de la SSP mexicana permanecía detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn (MCC, por sus siglas en inglés), desde que fue arrestado el 4 de diciembre de 2019, en Dallas, Texas.
Según recordó el Departamento de Justicia de EE. UU., García Luna fue acusado de participar en una empresa delictiva continua que incluía seis violaciones relacionadas con las drogas, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas.
