Genaro García Luna, ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) -durante el Gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012-, acusó, el 17 de septiembre de 2024, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a “sus operadores”, de estar ligados con líderes del narcotráfico.
En una carta escrita a mano, desde el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés) y enviada por su abogado César de Castro, al periodista Keegan Hamilton -editor de Justicia Criminal del diario Los Ángeles Times-, García Luna afirmó que la destrucción del Poder Judicial de la Federación (PJF) en México, era para beneficiar a los criminales.
El ex funcionario federal mexicano aseguró que la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York le quiso ofrecer un trato, pero no para imputar a criminales, sino a “personas e instituciones”, con la finalidad de debilitar a México.
A unos días de recibir su sentencia, García Luna -programada para el 9 de octubre de 2024- insistió en su inocencia y narró que fue condenado “sin pruebas”, con dichos contradictorios.o inventados de criminales y supuesta información “falsa”, proporcionada por el Gobierno de López Obrador.
El ex titular de la SSP Federal mexicana sostuvo que la carta enviada por el capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, donde señaló una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, era una supuesta prueba de los vínculos del oficialismo mexicano con el crimen organizado.
Por último, García Luna comentó en su carta que fue grabado durante más de dos mil horas por compañeros de celda, que intentaron incriminarlo y afirmó que se encontraba preso en condiciones “infrahumanas”.
“Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos, los contactos, videos, audios, fotografías, registro de comunicación y gestión entre el actual Presidente de México, Andrés López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias, en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputaron al Presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico”, sostuvo García Luna.
“Estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, la carta emitida por él donde señala los vínculos del actual Gobierno con él y el narcotráfico”, agregó el ex funcionario federal mexicano.
“En febrero de 2023 fui a juicio, como es del conocimiento público, los fiscales no presentaron una sola prueba o evidencia que acreditara los delitos que señalan, esencialmente, delitos vinculados al narcotráfico. No presentaron ningún documento, fotografía, video, audio, registro de comunicación telefónica, documentos fiscales o financieros, cuentas bancarias o registro alguno de contacto con algún miembro de narcotráfico o su familia, como lo señala el Gobierno de México”, dijo García Luna..
“De igual forma, en México, un tribunal colegiado del Poder Judicial resolvió en octubre de 2023, después del juicio, que no había pruebas que acreditaran ingresos ilegales a mi patrimonio previo al 2012 y durante más de 20 años que me desempeñé como funcionario público. En suma, tanto en Estados Unidos y México, los respectivos poderes judiciales resolvieron que mi patrimonio de más de 20 años es lícito y que no hay un solo peso dólar vinculado al narcotráfico”, apuntó el ex titular de la SSP Federal mexicana.
El juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, denegó, el 7 de agosto de 2024, una solicitud para realizar un nuevo juicio del ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Calderón Hinojosa.
La solicitud del ex funcionario federal mexicano, se basaba en el hallazgo de nuevas pruebas presuntamente exculpatorias recabadas por sus abogados defensores. Sin embargo, en un escrito de 16 páginas difundido, el 7 de agosto de 2024, el juez instructor del caso, señaló que “ninguno de los argumentos son suficientes para un nuevo juicio”, por lo que “deniega” el pedido presentado por los representantes de García Luna.
“Muchas de las ‘nuevas pruebas’ consisten en hechos conocidos o accesibles para el acusado antes del juicio”, precisó el documento, en el cual el juez federal desmontó cada alegación de los abogados defensores de García Luna. Otras, “carecen de sustancia”, justificó Cogan.
El juez de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, determinó, el 18 de junio de 2024, aplazar para el 9 de octubre del presente año la audiencia de sentencia de García Luna misma que estaba programada para llevarse a cabo el día 24 del mismo mes y año.
A petición de César de Castro, abogado de García Luna, el juez concedió aplazar la audiencia de sentencia del ex funcionario federal mexicano, con el argumento de necesitar más tiempo para revisar documentos antes de ese día, debido a su participación en el juicio contra Robert Menendez, senador demócrata de Nueva Jersey.
Los cargos por los que García Luna fue declarado culpable eran: tres por conspiración para transportar, importar y distribuir cocaína, uno por pertenecer a una empresa criminal (en este caso el Cártel de Sinaloa) y otro más por declaraciones falsas. Al ser encontrado penalmente responsable de tales ilícitos, podría enfrentar una pena mínima de 20 años de cárcel, o bien, una sentencia máxima de cadena perpetua.
El ex titular de la SSP mexicana permanecía detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn (MCC, por sus siglas en inglés), desde que fue arrestado el 4 de diciembre de 2019, en Dallas, Texas.
Los abogados de García Luna acusaron, el 19 de marzo de 2024, ante el juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, que, entre otras cosas, que la Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, obstruyó la defensa legal del ex funcionario federal mexicano, por las acusaciones de narcotráfico, que concluyeron en un veredicto de culpabilidad en su contra, por lo que debería de concederle “un nuevo juicio”.
“Inmediatamente después de que el señor García Luna fue arrestado y detenido, a él y su familia se les negó el acceso a cualquiera de sus propiedades en México. Se les prohibió utilizar el sistema financiero en México, se pusieron guardias fuera de sus propiedades que fueron congeladas por el Gobierno mexicano y fiscales federales emitieron órdenes de arresto”, se lee en una carta de 86 cuartillas, dirigida al juez Cogan, firmada por el abogado César De Castro.
El litigante detalló que desde la Presidencia de la República mexicana se creó un ambiente hostil contra el ex funcionario federal y cualquiera que hubiera colaborado con él, incluyendo la detención de la hermana y el sobrino de García Luna.
Gregorio Salazar Hernández -juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso, el 20 de diciembre de 2023, a Gloria García Luna y Édgar Anuar Rodríguez García, hermana y sobrino, respectivamente, del ex titular de la SSP, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De Castro aseguró que muchos testigos, incluyendo políticos y ex funcionarios federales, temían presentarse a testificar o mostrar evidencia a favor de García Luna, por temor a represalias. El 21 de febrero de 2023, en su veredicto, el jurado de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, encontró, de forma unánime, culpable al ex funcionario mexicano, de cuatro delitos por narcotráfico y uno más por mentir a las autoridades estadounidenses.
Asimismo, el abogado del ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal, afirmó que en 850 de las mil 300 conferencias de prensa matutinas del mandatario nacional mexicano, se había mencionado el caso de su cliente.
“Sus ex colegas han vivido en el medio, lo que incluye a su secretario, quien valientemente ejecutó una declaración”, explicó De Castro, de la evidencia que señalaba que algunos de los testimonios utilizados durante el juicio, no tenían valor legal o se obtuvieron de forma irregular.
