Mientras las autoridades federales continúan minimizando el desplazamiento de mexicanos que abandona su comunidad, debido a la violencia o inseguridad ya no sólo para migrar al Norte del país, sino también para refugiarse en Centroamérica, el fenómeno sigue en aumento, destacan organismos como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC (CMDPDH), que documenta al menos 40 eventos de desplazamiento interno registrados durante 2023 en once entidades federativas.
En la movilización forzada de casi mil 500 familias que se fueron de sus hogares dejando prácticamente todo para huir, ya sea a alguna comunidad cercana con menor riesgo o incluso hasta Tijuana, la CMDPDH identifica por lo menos dos elementos clave: la presencia y violencia de grupos del crimen organizado, y los conflictos derivados de disputas territoriales.
Durante el año próximo pasado los desplazamientos se concentraron en Chiapas, Chihuahua. Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Aunque durante 2024 las cifras y casos aún no se han contabilizado en su totalidad, se conoce de frecuentes cambios de lugar de residencia de personas pertenecientes a comunidades indígenas, mujeres, niñas, niños y adolescentes, de la tercera edad y con alguna discapacidad debido a la violencia, como sucedió a principios de año en la comunidad de Cipoco, perteneciente al municipio jalisciense de Santa María del Oro, donde aproximadamente mil personas tuvieron que huir temporalmente tras los ataques con minas explosivas artesanales y ataques con drones a elementos del Ejército.
En ese aspecto, Chiapas es puntero en cuanto a desplazamientos en los meses más recientes. Antes los conflictos eran por cacicazgos, tenencia de la tierra y explotación de recursos naturales, pero dadas las disputas de grupos del narcotráfico encarnados en el Cártel de Sinaloa (CDS), Cártel de Chiapas-Guatemala aliado con Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y las masacres de 20, 25, 11 y 19 personas registradas en los meses de enero, marzo, mayo y junio en Chicomuselo y La Concordia, el éxodo se agudizó.
En julio, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, minimizó el desplazamiento de 2 mil 800 chiapanecos habitantes de Tila que después regresaron a sus casas apoyados por la Guardia Nacional, y otros 362 que por la violencia en la región huyeron a Guatemala, donde la mitad se quedó a vivir con sus familiares, como lo confirmaría semanas después la canciller Alicia Bárcena.
Molesto nuevamente por la pregunta, López Obrador dijo el 7 de agosto: “Están haciendo todo un escándalo (…) Hay una confrontación de dos grupos, ya se está atendiendo, y esto ha llevado a algunas comunidades que se desplacen a Guatemala, pero están en la frontera, porque viven en la frontera, pero son 200, 300 familias”.
EL NORTE
Los 40 casos de desplazamiento humano interno documentados por la CMDPDH durante 2023 inician en el Norte del país, cuando en el mes de enero, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, diez familias fueron desplazadas de la localidad de Dolores por amenazas del crimen organizado. También, el 5 de junio de ese año, al menos 150 familias fueron desplazadas de la localidad de Santa Anita, en Guachochi por un enfrentamiento entre grupos vinculados al Cártel de Sinaloa y al Cártel de Juárez.
En la Sierrita, en Guadalupe y Calvo, 39 personas desplazadas en junio por enfrentamientos entre grupos armados. De manera similar, un mes después, 32 familias indígenas salieron intempestivamente de una localidad no especificada de Guachochi. En Chihuahua se conoció del abandono de sus hogares por parte de una familia de 31 personas en Las Coloradas, municipio de Guadalupe y Calvo, por disputas de grupos del crimen organizado por territorios de extracción ilegal de madera.
En julio de 2023, por lo menos 212 personas de 54 familias terminaron desplazadas de las localidades de Corral Quemado y El Sauce de los Gámez, del municipio Mocorito; y El Saucito, La Higuerita, Carrizalejo, San José de las Delicias, Potrero de Bojórquez, Las Calabazas, El Pueblito y Bacubirito del municipio de Sinaloa de Leyva por violencia generada por grupos del crimen organizado.
En Sonora, en Sásabe y Saric, unas 500 personas huyeron despavoridas hacia otras partes de la entidad y los Estados Unidos por diversos sucesos de violencia ocurridos entre el 31 de octubre y el 14 de noviembre de ese año.
Tamaulipas, que cada año figura entre los principales estados expulsores de habitantes, registró en marzo de 2023 el éxodo de 500 familias de la localidad de Los Guerra, municipio de Miguel Alemán, debido al secuestro y desaparición forzada de cuatro jóvenes de la comunidad. En Santa Ana, en Victoria, en julio, un número indefinido de habitantes abandonó la localidad debido a la violencia de grupos delincuenciales. En agosto, nuevamente en Miguel Alemán, se reportaron 90 familias desplazadas tras un enfrentamiento entre el Cartel del Noreste y el Cártel del Golfo en un contexto de disputa por el control de territorio.
EN EL SUR
Febrero de 2023 inició con amenazas, saqueos y destrucción de viviendas por hombres encapuchados en un contexto de conflicto político en el poblado de Saltillo, en Las Margaritas, Chiapas, lo que desplazó a 198 personas indígenas tojolabales, agrupadas en 27 familias. En abril, tres familias fueron desplazadas de Santa Martha, en Chenalhó, por amenazas de grupos armados. Eso fue poco comparado con las aproximadamente 3 mil personas de doce comunidades de los municipios Frontera Comalapa y Chicomuselo, que tuvieron que huir los días 24 y 25 de mayo por enfrentamientos entre dos bandos del crimen organizado, además de asesinatos, saqueos de casa y amenazas de reclutamiento forzado a jóvenes.
Las localidades afectadas por esos hechos fueron el Ejido de Nueva Independencia, Flor de Grijalva, El Carmen, El Corralito, Santo Domingo, Ejido Benito Juárez, Ejido Nicolás Bravo, Ejido Costa Rica, Ejido Mazapa y Ejido Candelaria, todos del municipio de Frontera Comalapa; así como los Ejidos de Josefa Ortiz de Domínguez, Ejido Pablo L. Sidar y Absalón Castellanos del municipio de Chicomuselo.
En Paxtonticja, municipio de Oxchuc, 30 personas indígenas tzeltales escaparon de su comunidad en mayo de 2023 por ataques e incendio de vivienda en un contexto de conflicto político. En septiembre siguiente, 68 familias fueron desplazadas de la cabecera municipal de Chicomuselo tras recibir amenazas e intimidaciones por negarse a participar de las actividades del grupo criminal “El Maíz”, vinculado al CJNG. Ese mes, en Nueva Palestina, Ocosingo, autoridades federales y estatales evacuaron de emergencia en helicóptero a cuatro líderes lacandones y sus familias, pues recibieron amenazas provenientes del cartel de Sinaloa.
También en Chiapas y en septiembre, aprovechando el restablecimiento parcial del servicio de transporte, al menos 60 familias de Motozintla de Mendoza y Mazapa de Madero huyeron debido al clima de violencia y a las difíciles condiciones de habitabilidad, pues grupos del crimen organizado cortaron la electricidad, el internet y la distribución de gas. Los supermercados funcionaron de manera intermitente en toda la región serrana de Chiapas debido a la violencia. Otras miles de personas de 13 localidades del municipio de Maravilla Tenejapa, se desplazaron hacia las montañas y poblados cercanos, a raíz del secuestro del alcalde del municipio y uno de sus colaboradores, el 24 de noviembre y la violencia desatada desde entonces.
En Oaxaca, en marzo de 2023, aproximadamente 133 personas de 30 familias se fueron de la Loma Santa Cruz, en San Juan Mazatlán, por conflictos políticos y religiosos. El 12 de mayo, un número indeterminado de personas huyó de San Lucas Atoyaquillo, en Santiago Ixtayutla, por ataques y conflicto de linderos. En ese mes, 15 personas indígenas Zoques fueron desplazadas de Río Frío, en Santa María Chimalapa, por actividades de tala ilegal y amenazas de muerte. En tanto que, en San Miguel El Grande, Tlaxiaco, tras un ataque armado que resultó en la muerte de tres personas y en la quema de al menos 18 casas y vehículos, 150 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares para protegerse. Y en junio, en El Tlacuache, municipio de Zimatlán de Álvarez, 300 personas fueron desplazadas por un conflicto de tierras entre este municipio y el de Santo Domingo Teojomulco.
CENTRO OCCIDENTE
Otra entidad federativa que cada año registra un fuerte nivel de desplazamientos humanos es Guerrero, que en 2023 tuvo múltiples eventos, iniciando en febrero en Los Bayados, en Coyuca de Catalán con el éxodo de 246 personas, por lo menos 70 de ellas menores de edad por amenazas del crimen organizado y enfrentamientos en las inmediaciones de la localidad. En el mismo mes, 22 familias fueron desplazadas de La Trinidad, y otras ocho (80 personas) en Santa Clara, ambas del municipio de Ajuchitlán del Progreso, por represalias de grupos criminales. En Santa Rosa, Técpan de Galeana, cien personas escaparon por amenazas del grupo armado de Víctor Espino y Chano Arreola.
En marzo de ese año, en Corrales, Petatlán, se reportaron 20 familias desplazadas debido al secuestro y el incendio de viviendas por parte de un grupo de la delincuencia organizada. También en Petatlán, en las comunidades de La Palma, Potrerillos y Chaveta, unas 80 familias se refugiaron en Santa Rosa en espera de condiciones de seguridad que les permitieran regresar. En abril, en San Antonio de las Texas, Coyuca de Catalán, 200 personas de 34 familias huyeron por constantes amenazas de La Familia Michoacana. Y en Xaltianguis, municipio de Acapulco de Juárez, 15 personas se fueron por amenazas de un grupo del crimen organizado.
La CMDPDH reportó un número indeterminado de mujeres y niños desplazados de la localidad de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, por ataques armados de La Familia Michoacana perpetrados en mayo. En Nuevo Poblado el Caracol, municipio de General Heliodoro Castillo, casi 600 personas, entre éstas unos 80 menores de edad, salieron del pueblo por amenazas y ataques de grupos armados. En tanto, en septiembre, una incursión y ataque violento de La Familia Michoacana obligó el desplazamiento de familias en Linda Vista y Petlacala, en San Miguel Totolapan.
En Coyuca de Benítez, un número indeterminado de personas huyó en la primera semana de noviembre. Las personas desplazadas son familiares de algunos de los 13 policías municipales asesinados el 23 de octubre de 2023, quienes recibieron amenazas del grupo criminal Los Granados. En el Estado de México, familias mazahuas del Ejido San Antonio la Laguna en Donato Guerra fueron víctimas de desplazamiento interno por un grupo del crimen organizado no identificado. Mediante incendios y agresiones, las familias fueron despojadas de sus viviendas y tierras de cultivo.
En Tuzantla, Michoacán, el 4 de febrero cuatro familias fueron desplazadas de la cabecera municipal por un enfrentamiento entre un grupo del crimen organizado y el Ejército Mexicano. En junio, al menos 800 personas salieron obligadas de las localidades de El Alcalde, Los Tepetates, El Alazán, Llano Grande, Pinzan Gacho y Las Bateas en Apatzingán, por enfrentamiento entre grupos del crimen organizado. Un mes después, 20 personas, entre ellas ocho niños, huyeron de Agostitlán, Ciudad Hidalgo, por amenazas e intimidación de un grupo criminal. Y en agosto, unas 80 personas se fueron de Puerto San Simón, La Huacana, debido a la escalada de violencia armada en el municipio, marcada por enfrentamientos entre células de grupos criminales que utilizaron drones para llevar a cabo ataques aéreos.
Finalmente en febrero, en San Pascual, Tepetongo, Zacatecas, se reportó la salida de la última familia que quedaba en el pueblo por el actuar de grupos del crimen organizado. Esa localidad se suma a la lista de poblados fantasma. Mientras que en mayo de 2023, en La Fortaleza en Tamuin, San Luis Potosí, decenas de familias fueron desplazadas por amenazas, ataques, homicidios y desaparición forzada, en un contexto de actuación de grupos de la delincuencia organizada.
