En los últimos días de su periodo como Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador está agitando el escenario político. Holgado de poder con la mayoría calificada que tiene su movimiento en la Cámara de Diputados y el poder político para convencer a pocos senadores de acompañarle en una votación, convulsionó a un sector del país que despertó, particularmente estudiantes de universidades (públicas y privadas por igual), ante la defensa del Poder Judicial al que pretende supeditar al presidencialismo popular con una reforma a la Constitución.
En el contexto de su último informe la situación se salió de control cuando, de forma deliberada, el Presidente emitió varios posicionamientos para provocar a quienes considera sus adversarios al estar en descontento con sus políticas públicas, particularmente con las reformas a la Constitución planteadas por el mandatario nacional y enviadas al Poder Legislativo en febrero de este 2024, entre las cuales han sido trascendentemente cuestionadas por lo menos tres: la reforma al Poder Judicial que plantea, entre otras cosas, la elección de jueces y magistrados por la vía del voto abierto; la militarización de la seguridad, al traspasar a la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional; y la desaparición de órganos autónomos, producto de conquistas ciudadanas, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información.
En sus últimos días en Palacio Nacional, confiado en su mayoría y en el alto nivel de popularidad con el que se despide de los mexicanos, el Presidente se está radicalizando; de forma deliberada incluso ha tergiversado la información pública, y notoria, para hacerla parecer a su favor, con un evidente éxito. Eso de aseverar de manera tajante que el sistema de salud mexicana no es como el de Dinamarca, sino mejor que el del país que ocupa el número uno en el ranking de servicios de salud pública, le fue harto aplaudido, aunque dos días después de su informe, reconociera que había sido su declaración una provocación para “echar miga” y que sus adversarios tuviesen algo que criticarle.
La realidad es que no es necesario que el Presidente López Obrador eche miga, la miga es evidente. Su sexenio lo concluirá con 200 mil ejecutados producto de la inseguridad y la violencia de los cárteles de la droga, a los cuales no combatió, pero sí benefició con su política de “abrazos no balazos” para que crecieran, tomaran más territorios mexicanos, y expandieran sus tentáculos criminales a otros países.
El Cártel de Sinaloa, de manera particular, tuvo condiciones de crecimiento criminal en el norte del País y el trasiego de droga hacia los Estados Unidos. En México, ni la Secretaría de Seguridad de López Obrador, ni la Guardia Nacional que administra y opera la Sedena aun sin una Ley que lo faculte, tampoco. Cualquier investigación que se tuvo sobre el cártel, la dio a conocer en distintos momentos a lo largo del sexenio, la autoridad de los Estados Unidos; fuese la DEA, la Agencia Antidrogas por sus siglas en inglés, o el Departamento de Justicia. Aunque en ningún momento lograron hacer eco con el gobierno mexicano, que, en un hecho insólito, en octubre de 2019 el propio Presidente de la República, ordenó la liberación de Ovidio Guzmán López, cuando éste ya estaba en custodia de la policía de seguridad y la Secretaría de Seguridad, en ese entonces a cargo de Alfonso Durazo.
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Meses después habrían de detener al capo hijo del Chapo Guzmán de nueva cuenta, para, ahora sí, entregarlo a los Estados Unidos. Lo mismo sucedió con Ismael Zambada García, aunque a este fundador del Cártel de Sinaloa, el Gobierno de la República y la Fiscalía General de la República le dan trato de víctima, procesando a quien lo entregó a las autoridades norteamericanas el 25 de julio de 2024, por traición a la patria. México ni siquiera ha solicitado la extradición de Zambada para que sea juzgado en este país por todos los delitos que cometió en las últimas cinco décadas para instaurar, crecer y defender al crimen organizado desde su cártel.
El México que deja el Presidente López Obrador es más inseguro del que recibió. Sobrepasó -por mucho- las estadísticas de inseguridad y violencia del sexenio de Felipe Calderón y también el de Enrique Peña Nieto cuando, consciente de ese contexto de violencia, como candidato y al tomar posesión del cargo en 2018, prometió disminuir la incidencia delictiva producto de la guerra de cárteles, asunto que está pendiente y hereda en un nivel alto a su sucesora.
Precisamente estos días de convulsión política ante el agitamiento del clima político en México por parte del Presidente saliente, la electa y entrante se ha tomado unos días de descanso, ante el evidente costo político que está absorbiendo López Obrador para dejarle, en materia del Poder Judicial, la mesa servida a su sucesora. La realidad es que la reforma, que de entrada pretende elegir a jueces y magistrados por el voto directo y no por propuesta y concursos de capacidades y experiencia, no eliminará la corrupción que existe en el Poder Judicial… Acaso la fomentará, al vulnerar al Judicial a campañas electorales donde los recursos pueden provenir de cualquier sector, incluido el ilícito, para tener jueces con tendencia. En lo que sí beneficiará al Poder Ejecutivo es en el control que podrá ejercer sobre el Judicial para completar su estrategia de concentrar todo el poder del Estado en una sola persona: la que ocupe la Presidencia de la República.
En estos momentos México atraviesa por una enorme crisis política, provocada desde Palacio Nacional con arengas hostigadoras, en un dejo de soberbia que le da al mandatario el tener la mayoría en el Poder Legislativo, un alto nivel de popularidad, y que su sucesora haya ganado la presidencia con seis millones de votos más que él; como ésa de decir que durante su sexenio “celebro que no hemos tenido asesinatos de periodistas, más allá de lo que las circunstancias han ocasionado”, cuando la estadística de Artículo 19 suma 47 periodistas asesinados en México durante la administración de López Obrador, lo cual mantiene al país en el ámbito internacional, como uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Pero la insensibilidad del Presidente los invisibiliza, al tiempo que abona a la impunidad que rodea los 167 casos de periodistas asesinados desde el año 2000, los cuales permanecen en su enorme mayoría sin resolverse.
Lo que México está viviendo es una época de oscuridad, de un populista radicalizado que en sus últimos y revueltos días pretende acabar con el Estado de Derecho, con la división de poderes, la eliminación de los contrapesos institucionales, autónomos y ciudadanos, para dejar una impronta de autoritarismo en el futuro de un país que, para su infortunio, ya conoció la democracia. De ahí que las consecuencias de esta imposición no tendrán precedentes en el México moderno.
