Hace aproximadamente semana y media se solicitó por escrito a la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana espacios para informar a la comunidad sobre la reforma judicial, pero “no nos ha contestado” y por eso decidimos venir a invitar a los alumnos, aseveró Silvia Vega, secretaria del Tribunal Colegiado de Apelación.
“A lo mejor hay intereses de por medio, aunque sea independiente, autónoma, pero no me atrevo a decir que hay detrás, simplemente están callados”, dijo Vega en referencia a la escasa asistencia de catedráticos y autoridades en la manifestación sobre la reforma judicial (la cual está por votarse en el Senado de la república), aun cuando reconoció que la universidad hizo un foro sobre la misma.
La mañana de este 6 de septiembre de 2024, más de un centenar de trabajadores del Poder Judicial arribaron a la Facultad de Derecho y a la vicerrectoría de la UABC en Tijuana, gritando entre otras consignas: “Alma máter llegó el momento, tus egresados te necesitan!! Tu silencio nos lastima! ¿Dónde quedó la autonomía”, “Cimarrón con valores, no te vendas a opresores”, “UABC, despierta la dictadura está en la puerta”.
En la Facultad de Derecho, representantes del Poder Judicial conminaron a los alumnos a adherirse a la lucha contra la reforma constitucional, porque ésta “compromete la búsqueda de justicia de todos los mexicanos” y porque no se ha escuchado a los actores ni a quienes acuden a la ley para restituir sus derechos y se está imponiendo “la ideología política y partidista”.
Ante la mirada de los alumnos que se apostaron en los pasillos, los trabajadores del Poder Judicial dijeron no sólo defender la carrera judicial que garantiza el derecho de que los conflictos entre autoridad y ciudadano sean resueltos por juzgadores profesionales, sino para preservar “el principio universitario de que el mérito y el esfuerzo son el mejor camino para lograr nuestras aspiraciones y que con la formación profesional podemos servir a nuestra sociedad y a México”.
Por parte de la comunidad estudiantil, participaron dos integrantes del Frente Estudiantil de Honor y Derecho (quienes pidieron no ser identificados) para expresar su adhesión a la protesta y se pronunciaron en contra de la reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Alzamos la voz para que la UABC se entere que rechazamos estos cambios jurídicos y que no vamos a quedarnos de brazos cruzados” mencionaron e invitaron a “esparcir conciencia hoy por los pasillos y mañana por las calles de Tijuana”.
Dulce, una estudiante de sexto semestre de la carrera de Derecho, comentó a ZETA que los trabajadores del Poder Judicial “se han visto muy solos, pese a que no es un tema que sea ajeno a nosotros”.
“Algunos de mis familiares están de acuerdo con el cambio legislativo porque son morenistas, pero desde mi lado académico lo veo como un retroceso”, señaló.
Una académica que pidió el anonimato dijo a ZETA que “en las aulas de la UABC hay mucho desconocimiento de la reforma y lo que conlleva”. Consideró que la manifestación de este viernes es “justa” porque muchas personas desconocen las implicaciones que tendrá y sólo se están basando en lo que dice López Obrador.
“Las personas que están en el Poder Judicial han hecho carrera, han tenido que estudiar muchísimo tiempo. Cuando a alguien se le violentan los derechos constitucionales, la ciudadanía se queja con el juez de amparo que es quién nos va a proteger, así que si los jueces son electos hace más viable una corrupción abierta y que la justicia sea para el que más tiene”
Actualmente, dijo, hay amparos que se han otorgado a personas por falta de medicamento o tratamientos de salud en IMSS, ISSSTE y otras instituciones de salud pública porque no hay presupuesto, de modo que los amparos dados abren la posibilidad de acceder a procedimientos médicos.
América Ruiz Ríos, jueza Décimo Primero de Distrito, comentó que los trabajadores del Poder Judicial tienen la esperanza de que la reforma no sea aprobada el miércoles próximo en el Senado.
Consideró que AMLO desconoce los efectos de las suspensiones judiciales que se han otorgado para que no se vote la reforma judicial en el Congreso de la Unión, al estar viciado el procedimiento, pero no se ha acatado la suspensión.
Las autoridades que no la han acatado podrían hacerse acreedoras a la destitución o incluso la inhabilitación, sin embargo, el oficialismo tiene mayoría en el Congreso y apoyándose de eso está subsistiendo este desacato.
Ruiz Ríos coincidió en que la ciudadanía desconoce de qué se trata la reforma. Los trabajadores del Poder Judicial están tratando de informar para que la población decida.
Refirió que en días pasados un grupo de “choque”, que incluso traía chalecos con nombres de diputados, llegó a las instalaciones del Poder Judicial en Zona Río a ofender y a repetir el mismo argumento que todos los días se menciona en Palacio Nacional.
Si pasa la reforma tendría implicaciones en el Poder Judicial del Estado, donde se prevé que los jueces sean cesados de manera masiva, igual que en el Poder Judicial federal, para que se designen unos nuevos en elecciones con un gran costo al erario.
ZETA solicitó una entrevista con la directora de la Facultad de Derecho Laura Alicia Camarillo Alva y/o con la vicerrectora Haydeé Gómez Llanos, pero no fue concedida. En un pronunciamiento enviado a ZETA, la máxima casa de estudios de Baja California que congrega a una comunidad de 76 mil universitarios indicó:
“La Universidad Autónoma de Baja California reconoce que las reformas constitucionales deben garantizar los derechos de la ciudadanía y el apego de las autoridades gubernamentales a los márgenes establecidos por la ley. En lo que respecta a la reforma al Poder Judicial, es fundamental que mantenga el respeto al sistema democrático y la separación de poderes, a fin de garantizar una impartición de justicia pronta, expedita e imparcial”
Recordó que la institución académica realizó el Foro Universitario sobre Reforma Judicial el 16 de agosto, y que “valora que las y los integrantes de su comunidad expresen y defiendan sus ideas y pensamientos, siempre y cuando se mantengan dentro de los límites del respeto hacia las demás personas, tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad en general”.