La pelota está en el terreno del Senado de la República en la que sería una irremediable consumación de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF), después de que la Cámara de Diputados aprobó la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, así como otras medidas que modificarán histórica y funcionalmente la estructura orgánica del aparato administrador de justicia del país. Sin embargo, una jueza de distrito del estado de Morelos concedió una suspensión definitiva para que el asunto no sea discutido en lo inmediato. Faltará que se acate.
Los senadores recibieron la minuta de reforma aprobada por la Cámara Baja el miércoles 4 de septiembre, misma que fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su tramitación de rigor, de acuerdo al procedimiento parlamentario. El domingo 8 se emitiría el dictamen, y en caso de aprobarse en comisiones -como se prevé- se daría la primera lectura al dictamen en el Pleno el día 10, según información de los miembros del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que inicialmente señalaban ambos procesos los días 10 y 11.
El dictamen aprobado en la Cámara Baja por la mayoría de Morena y sus aliados (Partido Verde y Partido del Trabajo), con 357 votos a favor por 130 en contra, en lo general y en lo particular, no sólo establece la elección por medio de sufragio popular de los impartidores de justicia, sino también la reducción de 11 a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para sustituirlo por un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial.
El Proyecto crea la figura de los “jueces sin rostro” en una medida que la iniciativa considera necesaria para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras en procesos penales contra el crimen organizado. En el caso de la SCJN, su presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva. Los ministros durarán en su encargo 12 años, en vez de 15 (como aún lo establece la Constitución vigente).
Para que el dictamen sea ratificado en el Senado y proceda la reforma constitucional en el Pleno, Morena y sus aliados requieren contar con una mayoría calificada de 86 votos, siempre y cuando se encuentren presentes los 128 senadores. Incluso existe polémica al respecto, pues los morenistas aseguran que se requiere de 85 votos, cuando en 2022 Ricardo Monreal Ávila, hoy flamante presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la Cámara de Diputados aclaró que se necesitaban 86 sufragios, por lo que continúa la suspicacia de cuáles legisladores estarían dispuestos a traicionar a sus partidos para irse con la cargada.
Por lo que la suspensión definitiva concedida por la Jueza Quinto de Distrito en Morelos, Martha Eugenia Magaña López, para que no se discuta el dictamen en la Cámara Alta, ni sea enviada para su aprobación a las legislaturas de las entidades federativas, hasta en tanto se resuelva el fondo del juicio de amparo promovido, su eficacia y acatamiento están por verse, ya que antes -y el mismo día de la aprobación en la Cámara Baja- los diputados hicieron caso omiso de tres suspensiones provisionales otorgadas por dos jueces, entre ellas dos resoluciones de la propia Magaña.
El legislador Monreal dijo al respecto que “No se puede admitir porque es improcedente, porque se viola la Constitución, porque -flagrantemente- se viola el principio de legalidad”.
Sin embargo, el 4 de septiembre, de forma unánime, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Penal del Estado de Morelos, rechazó la queja formulada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y declaró procedente la suspensión provisional dictada por la juez Martha Magaña, quien, el 31 de agosto previo, ordenó a los miembros del recinto legislativo no iniciar la discusión o votación del dictamen de reformas al PJF, para que el dictamen de reforma constitucional no afectara a los cuatro jueces federales que promovieron un amparo.
LA APROBACIÓN
Se trató de una sesión compleja y extensa. Desde muy temprano, el martes 3 de septiembre, empleados del Poder Judicial de la Federación y estudiantes de Derecho de diversas universidades bloquearon el acceso en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro para impedir la sesión prevista para la discusión de la reforma constitucional de la iniciativa del titular del Ejecutivo. Ricardo Monreal pidió respetar la protesta de quienes se sienten afectados por el proceso legislativo, y entonces se propuso como sede alterna para sesionar la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, entre las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza.
A pesar de la molestia de los diputados opositores, que consideraron que Morena seleccionó una sede alterna de manera arbitraria sin consultar a la Junta de Coordinación Política, sólo por evitar escuchar a los jóvenes que se apostaron en la Cámara de Diputados, los legisladores se trasladaron al lugar, donde la sesión inició poco después de las cuatro de la tarde con 372 de sus 500 integrantes. Después se fueron incorporando otros legisladores. La votación en lo general, primero, terminó en la madrugada del miércoles 3, para continuar esa mañana con la votación en particular, a mano alzada y de “viva voz”. Fue un total de 17 horas de discusión, sobre todo por las 610 reservas presentadas por la oposición y que fueron desechadas.
Durante su conferencia de prensa matutina, efectuada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que avanzara el dictamen. “Es muy buena noticia, muy buena noticia, pasa ya al Senado, 357 contra 130. ¿Cuántos se necesitaban? 334. Muy bien”, señaló.
Al respecto, diputados de oposición se encuentran inconformes, entre ellos la legisladora Claudia Salas, de Movimiento Ciudadano (MC), quien advierte que la reforma no resolverá de fondo el problema de la corrupción y “el desmantelarlo, y se salen todos y entran nuevos no lo resuelve en nada”.
Diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Morena alistan una impugnación a lo que consideran un proceso legislativo desaseado, porque estiman que no existe certeza de que las personas que votaron a mano alzada durante la aprobación de la reforma judicial sean en realidad legisladores, y señalan que asesores y personal de Morena ocuparon lugares de diputados que por momentos se retiraron o no asistieron, aprovechando la ocasión para votar. También cuestionan el desacato a las tres suspensiones provisionales concedidas por los jueces de distrito en juicios de amparo promovidos por juzgadores.
Morena tiene prisa para que se confirme el dictamen en la Cámara Alta, y en esa misma fecha fue remitido el documento para ser turnado a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. El jueves 5 de septiembre trabajadores del PJF y estudiantes de diferentes escuelas de derecho de diversos estados del país bloquearon todos los accesos del Senado de la República, lanzando consignas en contra de la reforma constitucional, advirtiendo que ahí se quedarán por lo menos hasta el domingo 8, fecha en la que se dictaminará la minuta en las referidas comisiones.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que en caso de no existir condiciones para sesionar en el Senado, se tiene como posible sede alterna el Centro Banamex, el Centro BBVA o la vieja casona de Xicoténcatl.
DESAFÍO DE EU Y LOS MERCADOS
El tema de la reforma judicial provoca desde hace varias semanas nerviosismo en el sistema financiero nacional y los mercados se mantienen a la expectativa ante la incertidumbre que a nivel global ocasiona también la desaparición de los órganos autónomos, así como nuevas disposiciones para la minería y el sector energético en general. Lo anterior es causa de la volatilidad en el tipo de cambio peso-dólar y advierte fuertes repercusiones en inversión extranjera.
Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, reiteró una vez más, antes de que la Cámara de Diputados emitiera el dictamen, que si la reforma judicial no se hacía de la manera correcta, se dañaría la relación entre México y la Unión Americana. Expresó que muchos de sus compatriotas estaban preocupados ante los posibles riesgos que la elección de jueces podría representar para la democracia mexicana y las relaciones comerciales entre ambos países.
El diplomático dijo “Si no se hace de manera bien, puede traer muchísimo daño a la relación; eso no lo digo yo nada más como embajador, eso lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que de veras quiere lo mejor para México y los Estados Unidos”. Salazar fue enfático al señalar que hablar de las inquietudes de sus connacionales no le quita de ninguna manera la soberanía a México y es importante que quienes toman decisiones conozcan que ésas son sus preocupaciones.
Antes, el 22 de agosto, Ken Salazar aseguró que la elección de jueces a través del voto popular, pondría en riesgo el funcionamiento de la democracia y la integración económica de Norteamérica. Consideró que la reforma al Poder Judicial no combatirá la corrupción, uno de los principales argumentos del Presidente López Obrador para llevarla a cabo y que esperaba cambios en la iniciativa para su aplicación. Por su parte, el mandatario mexicano calificó las declaraciones del embajador estadounidense como un acto injerencista y desafortunado.
En respuesta, Ken Salazar dijo a los medios de comunicación que estaba dispuesto a dialogar con el tabasqueño, quien, el 26 de agosto, descartó hablar con el diplomático, pues es un tema que corresponde únicamente a los mexicanos. “Es que diálogo siempre debe de haber, el asunto es que los temas relacionados con México pues nos corresponden a nosotros. No pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Es un principio básico de independencia, de soberanía. Es como si yo pido ir a Washington a dialogar sobre la venta de armamentos para hacer la guerra en el mundo. ¿Qué me tengo yo que meter?”.
Un día después, López Obrador anunció que la relación con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, está en pausa, lo mismo que en el caso del embajador de Canadá, Graeme Clark, “porque parece un estado asociado a los Estados Unidos y tienen que aprender a respetar”. El 28 de agosto, el Presidente mexicano aclaró que la pausa anunciada es solamente con los embajadores de ambos países, no con los gobiernos. También aprovechó para señalar que la reforma no afecta ni afectará la economía mexicana. “No exageren”, dijo desde la conferencia matutina.
PARO EN PJF Y SCJN
El paro de labores indefinido por empleados del Poder Judicial de la Federación la madrugada del 19 de agosto continúa con la posterior adhesión de jueces, magistrados y trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal, que han logrado sumar a su causa a quienes laboran en los poderes judiciales de algunas entidades federativas, así como la simpatía de estudiantes de facultades de derecho públicas y privadas del país. A ellos se añadieron este lunes 2 de septiembre los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes en asamblea -con votación- tomaron la determinación.
En un hecho sin precedentes, el 3 de septiembre, en sesión privada y por mayoría de votos, también los ministros de la SCJN aprobaron sumarse al paro de labores indefinido del Poder Judicial de la Federación en rechazo a la reforma presidencial. La votación fue de ocho ministros a favor y tres en contra; estas últimas, ministras afines al movimiento de la Cuarta Transformación (4T), quedaron inconformes con la decisión y aseguraron que podría incoarse juicio político en su contra.
El paro laboral, aunque con algunas guardias, ha ocasionado retraso en la administración de la justicia y molestia entre las personas justiciables cuyos asuntos no son considerados como urgentes. A finales de agosto, la Secretaría de Hacienda envió un documento al Poder Judicial para solicitar al Consejo de la Judicatura deje de pagar los salarios de quienes se manifiestan e incluso destituir a quienes se mantengan en paro. Sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no haya sanciones para los trabajadores del PJF, pues está a favor de que se manifiesten libremente, “nada más que ellos apliquen el método de la autocrítica y que no caigan en la autocomplacencia y que no se dejen manipular”
