Las desapariciones forzadas y privaciones de la libertad son reportadas a diario en Baja California, se reciben 51 denuncias al mes, y 4 de cada 10 carpetas se originan en Tijuana, pero el delito se comete en todo el Estado.
En Tijuana, las alertas están puestas en la zona de La Presa, la franja conurbada con Tecate y el área que abarca la colonia Fausto González, el tiradero clandestino en el Cañón de las Carretas y el basurero comercial Eco Waste, convertido en hoyo negro para los colectivos de buscadores.
Entrevistado en medio de las búsquedas de los cuerpos del ingeniero José Alonso Guerrero Chávez y su asistente Rubén Ramírez Rojas, privados de la libertad el 27 de marzo por una familia de criminales y pepenadores del basurero y presuntamente asesinados, Eddy Carrillo, padre buscador y presidente de la fundación Colectivo Todos Somos Erick Carrillo, advirtió que en esa zona han desaparecido más de 40 personas en los últimos cuatro años, “todos merecen ser encontrados”, reclamó para después solicitar una búsqueda masiva en el tiradero, propuesta que por su complejidad, no ha encontrado eco en la fiscalía bajacaliforniana.
ZETA consultó a la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto a más víctimas en el área y respondieron que estaban buscando en los expedientes, pero no habían encontrado coincidencias. Sin embargo, Carillo entregó una lista con foto y cárteles de Se busca de 23 desaparecidos en la zona “y faltan”, advirtió.
“Desde 2022 nosotros y otros colectivos hemos realizado decenas de búsquedas y sólo una dio positivo hace dos años” declaró. Todas las pistas recibidas conducían al basurero, aunque a la fecha ningún cuerpo ha sido localizado.
Además, denunció que a partir de julio, que iniciaron las búsquedas del ingeniero y su ayudante en Eco Waste, por lo menos cuatro familias que denunciaron la desaparición de un ser querido en esa zona han sido amenazados, y han debido ser resguardados en casas de seguridad por la fundación, sin apoyo de las autoridades.
Publicidad
__
ENTRE INCENDIOS Y OLORES FÉTIDOS
A las nueve de la mañana se dan cita los colectivos y expertos en búsqueda de personas para empezar la jornada de localización los restos del ingeniero Guerrero y Ramírez, que se sospecha, están en el relleno sanitario de la ciudad de Tijuana. Es una zona amplia, topográficamente complicada.
A las 9:45 de la mañana se acostumbra que los colectivos ya estén en la zona donde se sospecha hay posibilidades de un hallazgo. Hay integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda. Ingresan por el acceso principal y bajan hasta el fondo pegado al Cañón de las Carretas y el Panteón 9, donde la maquinaria empieza a escarbar hasta las dos de la tarde cuando se puede comer lo necesario.
Los colectivos hacen jornadas de ocho horas entre el mal olor, los escombros, el humo, conjunto de elementos que revelan una postal desalentadora. El espacio está en el abandono, sin vigilancia ni supervisión, lo que ha facilitado su uso por grupos delictivos.
Desde el 1 de julio, calculan, han removido más de trece toneladas de escombros del relleno sanitario de Tijuana. Son datos que estima la FGE en el esfuerzo por encontrar al ingeniero José Alonso Guerrero Chávez.
Actualmente, el Consejo Estatal de Búsqueda terminó de revisar la primera excavación de 30 metros cuadrados por 15 de profundidad, excavado en tres semanas. En la segunda semana de agosto empezaron un segundo espacio de 15 metros cuadrados por 4 de profundidad. Debido a los incendios recientes, los familiares buscan prendas que les permitan estar más cerca de los restos de sus seres queridos.
“El corazón se te acelera cada que vez sacos o chalecos, porque queremos encontrarlos. Hay un miedo, pero te gana la emoción”, compartió a ZETA Berenice, hermana del ingeniero, “lo que estamos buscando es ropa, cómo iban vestidos ellos, y como tenemos testimonios, que fueron arrojados completos…a lo mejor su ropa, lo que buscamos es encontrar algo”.
MILES DE CARPETAS SIN RESOLVER
Mil 629 denuncias por privaciones ilegal de la libertad, es lo que oficialmente tiene registrado la FGE entre el 1 de noviembre de 2021 y el 30 de junio de 2024, un promedio de 54 reportes mensuales por estas desapariciones durante el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda. La cifra actual debe superar las mil 700 carpetas.
Las estadísticas entregadas por la autoridad al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, no proporcionan el informe mensual de las desapariciones “cometida por particulares que privan de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero”, únicamente les entregan una estadística de las privaciones de la libertad que se clasifican en el código como la “retención de una persona sin su consentimiento”, que es como usualmente inician las investigaciones.
Pero la gravedad de los delitos son diferentes y la diferencia de la penalidad es abismal, de “veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa” por desaparición, y de 3 años a 10 y medio años por privación de la libertad.
Aun minimizado por las autoridades, este delito va en aumento. En 2021, la gobernadora recibió el Estado con 554 denuncias; al cierre de 2023 se incrementó un 16 por ciento con 640 carpetas y en 2024 se proyecta similar, porque en los primeros seis meses sumaron 322 casos iniciados.
De esas 322 carpetas, 33% se denunciaron en Mexicali, y 41% en Tijuana, los 132 expedientes promovidos a la fecha ante la fiscalía tijuanense, incluyen los 39 eventos en los que la Policía Municipal intervino rescatando a víctimas: en total 60, de las cuales 22 eran mujeres, dos niños, tres adolescentes. También detuvieron a 79 victimarios y asegurando 10 armas cortas y seis largas.
Incluso, en el presente mes de agosto la Policía de Tijuana ya boletinó dos casos de privación de la libertad, el más reciente del día 11, cuando detuvieron a tres sujetos y una mujer denunciados por un hombre después que lo retuvieron contra su voluntad en la Zona Centro. Y el día 5 de agosto, cuando capturaron a dos hombres y aseguraron un arma en un departamento en la colonia Presidentes, donde rescataron a dos víctimas gracias a que un ciudadano reportó haber escuchado gritos.
Pero las estadísticas estatales que se mencionan, reportan número de carpetas, no cantidad de víctimas.
Como ejemplo, Eddy Carrillo informó que apenas a finales de julio, cuatro miembros de una familia fueron sacados de su domicilio en las inmediaciones del Cañón de las Carretas, con violencia, en contra de su voluntad y por hombres amados. Es una sola carpeta, las víctimas son dos adultos -hombre y mujer- y dos jóvenes desaparecidos, ninguno ha sido encontrado.
MÚLTIPLES VÍCTIMAS
De acuerdo a las autoridades investigadoras, algunos de estos delitos, con privaciones con víctimas múltiples, son cometidos como parte de la pugna por el control de las calles para vender droga.
Los criminales se llevan a las víctimas por “sospechas” y muchos de ellos están, en el momento errado, con la persona errada o en un el lugar, que en ese momento es desafortunado. Buscan a uno y arrasan con todos, novias, amasios, esposos, padres, hijos, otros familiares o vecinos.
Como ocurrió el 30 de mayo en Tijuana, el caso con más víctimas, reportado por la Policía Municipal, 15 hombres, todos privados de la libertad en una vecindad en Avenida Aquiles Serdán y Cuauhtémoc Norte de la colonia Libertad parte baja, donde viven trabajadores de la zona, deportados y personas con residencia en Estados Unidos.
Los agresores fueron “tres vatos y una morra armados, vestimenta chalecos fosforescentes de trabajo como de la basura del ayuntamiento”, los sacaron de sus cuartos, los golpearon y tablearon mientras les preguntaban: ¿Quién estaba vendiendo cristal?, ¿dónde estaba el Caborca? “Un vato moreno barbón, que ese güey anda jalando para los del CAF”, al que buscaban para matarlo.
Conforme a los vecinos, el hombre mencionado que siempre andaba armado, había dejado la vecindad desde marzo.
El operativo criminal fue denunciado, la Policía Municipal intervino y detuvo a Argenis Gallardo, Kevin Castillo, Victoria Aguirre y Jonathan Bautista, quienes dijeron delinquir bajo órdenes del “80 y El Rendón” y agredieron a los vecinos porque “nos habían dicho que estaban tirando globos de otro color”.
En otro caso, a Fernando y José Arturo los golpearon y los tuvieron encerrados, amarrados en una casa de seguridad criminal de una célula del Cártel de Sinaloa localizada en inmediaciones de Privada Espadaña, Colonia Villas del Sol en La Presa en Tijuana, desde el martes 9 hasta al domingo al 14 de julio. Comían birria en un puesto de la misma colonia, cuando se los encaminaron al picadero.
Los cinco responsables de habérselos llevado, fueron tres hombres y dos mujeres, ellos dijeron que eran vendedores de droga, que su jefe era “El Cristian”, y que privaron de la libertad a los dos sujetos porque “los vieron sospechosos” al traer una mochila y una mariconera. Les preguntaron para quién trabajaban, y aunque negaron todo, los agredieron, fotografiaron y retuvieron.
La quinteta de delincuentes capturados manifestó que, para comunicarse, usaban la aplicación gratuita Zello, que emula un walkie-talkie, y cuando los aprehendieron, estaban esperando la decisión de su jefe “Cristian” respecto al destino de los dos privados.
Pero fueron rescatados porque dos de los vendedores que estaban en la calle vieron pasar a los policías y decidieron huir corriendo para esconderse en la casa de seguridad y los uniformados los persiguieron, ingresaron al domicilio y los detuvieron a todos.
ASESINADOS
Para los familiares que denuncian las privaciones o desapariciones y los colectivos de padres buscadores, la mayor pesadilla es imaginar que les hayan quitado la vida y la tortura de no encontrar los cuerpos para tener un doloroso cierre o continuar el reclamo de justicia.
Pocos casos como el protagonizado por Santiago Rodríguez, detenido aproximadamente a las tres de la mañana del 9 de enero en Calle Emiliano Zapata, frente a una iglesia en la colonia Granjas Familiares, a bordo de una vagoneta Ford blanca; en la cajuela llevaba el cadáver del joven sinaloense Michel Gastélum, de 32 años.
El detenido aseguró que esa noche estaba en su casa, pero El Tate- del Cártel de Sinaloa- lo había contactado por teléfono una hora antes y le había ordenado que moviera el carro y le hizo caso porque le pagaba por hacer ese tipo de mandados. Que no era el primer auto que movía, y nunca los revisaba.
Aseguró que recogió coche en la calle 5 de Mayo, pero le advirtieron que le iban a poner vigilancia, para que no se fuera por otro lado, lo iban a seguir: “El pelón es alto, flaco, moreno, pelo, corto”, quienes se desaparecieron cuando lo interceptó la Policía.
Los agentes informaron a Santiago que el cuerpo que llevaba era de Michel y que existían antecedentes de que el joven había sido privado de la libertad y lo entregaron a la fiscalía.
Los casos en que las víctimas son localizadas con o sin vida son pocos, pero las carpetas con avances evidencian la participación de homicidas, como Miguel Valle, de 32 años, capturado el 7 de marzo en un departamento en Calle López Portillo y Antonio López Santana de la colonia Presidentes, acusado de tener privada a Adilene, de 17 años y medio, quien lo acusó, pero él negó el cargo y aseguró que la chica llegó y se quedó por su voluntad. Admitió tener una orden de aprehensión por el homicidio de un hombre en La Gloria, la orden la recibió de un operador del Cártel Arellano Félix al que conoce como El Spanky, descrito como moreno, alto, delgado, como de 30 a 35 años y le pagó 5 mil pesos.
MENORES
Como en el resto de los delitos, la participación de menores como victimas y victimarios es evidente.
El 10 de julio, en las canchas de la colonia La Esperanza, Delegación Sánchez Taboada, fue privado de la libertad José Fernando, con 18 años recién cumplidos, al igual que una pena privativa de libertad de cuando vendía droga para El 29. Estaba jugando futbol y fumando marihuana cuando llegó El Moreno, de 24 años, junto con otros tres jóvenes en una camioneta y se lo llevó a una casa de seguridad. Lo cubrieron de cinta adhesiva en una cama y lo golpearon para obligarlo a vender droga, le aflojaron el tape para ir al baño, escapó y pidió apoyo de la Policía que, al llegar al domicilio, sólo encontró a uno de los captores: José Antonio, de 16 años.
Casos similares en el año ha habido varios, con niños como víctimas. Hasta el momento el único caso con intervención policiaca tuvo lugar el 1 de enero, cuando Laura Alejandra Galván Medina, de 27 años, en compañía de tres masculinos, interceptó a su hijo y al menor Julio David -hijo de su amiga- en Calle Circunvalación Tomás Aquino en Mesa de Otay, los obligó a subir a un auto sedán, donde los golpearon para callarlos y después los abandonaron en Bulevar Agua Caliente.
Después Alejandra fue a la Policía a preguntar por su hijo, pero la madre de la segunda víctima llegó para informar que ya habían encontrado a los menores y señalaban a la mujer de la privación de la libertad.
MUJERES ATACADAS
Eduardo de 34 años fue detenido en la calle Milton Castellanos de la colonia Emiliano Zapata en Los Pinos, cerca de la media noche del 11 de febrero, por la privación y violación de Esmeralda, de 42 años, la cual fue cometida a punta de pistola.
Emanuel Valdez Solorio de 39 años, fue detenido el 19 de enero, porque después de golpear en la cabeza y cara a su pareja Karla, de 32 años, decidió privarla de la libertad dentro de su propia casa en Cañadas del Florido. Casos como este han sido numerosos.
A Erick Daniel, deportado de 27 años, lo capturaron el 2 de febrero porque atestiguó que Eiza de la misma edad, acusara haber sido víctima de violación y privación, cometidos en una casa de color gris de dos pisos, sobre Callejón Ocampo en Calle Tercera entre Ocampo y Negrete, a donde la citaron para cuidar a unos niños. El expediente indica que sus agresores, cuatro hombres y tres de mujeres, la acusaron de invadirlos en la venta de droga.
LA “AUTOJUSTICIA”
Hay otras privaciones de la libertad como la de Jorge Luis de 42 años, identificado como ladrón y ejecutada por supuestos vecinos justicieros que lo atacaron porque supieron que “intentó” robarse el carro de un ferretero.
La tarde del 22 de febrero estaba comiendo en una taquería en la colonia Terrazas Del Valle cuando lo privaron de la libertad y los llevaron a una casa en la zona, donde lo golpearon. “Cuando me estaban pegando me estaban diciendo por qué me quería robar la troca del dueño -don Fernando- de la ferretería, pero yo nunca me quise robar”, declaró.
Escapó y pidió ayuda en unos abarrotes. La Policía detuvo en el lugar a Juan José Delgado Lara alias El Frase y Juan Carlos Romero Roque, quienes aseguraron haberlo identificado como el fallido ladrón.
Pero los golpeadores habían sido Vico, moreno de estatura media, pelo negro tipo flat top, con bigote, delgado como de 31 años, tatuado; y El Flaco, moreno con bigote, aspecto de adicto, 46 años, tatuaje en el chamorro de una serpiente o de un dragón.
NI LA AUTORIDAD SE SALVA
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana reportó la “privación ilegal a servidores públicos” una pareja de policías municipales que, de acuerdo al informe, respondieron a un reporte por detonaciones de arma de fuego en una yarda sobre la carretera Aeropuerto en la colonia del mismo nombre, que ocurrió el 15 de junio. En el local sujetos los agredieron y fueron retenidos en contra de su voluntad hasta que sus compañeros los rescataron minutos después.
Diez hombres fueron aprehendidos y puestos a disposición, conforme al Informe Policial Homologado, junto con cuatro pistolas, 161 cartuchos, casi 53 mil dólares y 393 mil pesos que fueron asegurados en la yarda.
La defensa de la mayoría de los detenidos, fue asegurar que estaban bebiendo y celebrando el Día del Padre, admitieron los balazos, pero manifestaron que fue “un hombre que ingresó de camisa roja a la yarda”.
De los golpes a la Policía, casi todos declararon no saber cómo empezó “la trifulca” y que ellos también fueron golpeados. Sólo un hombre que dijo estar en el lugar dando un servicio de cambio de llantas con su hijo de 15 años -éste comentó que iban todos los sábados a ese lugar-, el adulto admitió que él y su adolescente se enfrentaron con los uniformados, porque uno llegó y lo golpeó con fuerza, porque no le hizo caso cuando le habló, asegurando que no lo escuchaba por los aparatos que estaba usando para cambiar el neumático, su hijo lo defendió y se salió de control.
El 29 de febrero, Alexis Eduardo, empleado del SAT de 33 años fue golpeado y retenido en la empresa Compu Brother en Avenida del Sol, Fraccionamiento La Escondida en La Mesa. Refirió que haría una verificación, pero cerraron el negocio, lo metieron a un cubículo, lo amenazaron con investigarlo junto con su familia y lo golpearon durante una hora hasta que sus compañeros llegaron al lugar y denunciaron a la Policía.
Dijo haber sido atacado por tres mujeres y dos hombres, pero sólo los últimos fueron detenidos, hermano e hijo de la dueña, éstos atribuyeron el altercado con el funcionario al hecho que en 2023, personal del SAT intentó extorsionarlos, les pidieron 30 mil dólares y 20 mil pesos mensuales para dejarlos trabajar, y aseguraron haber reconocido Alexis como el extorsionador del año pasado.
