Claudia Sheinbaum Pado, presidenta electa de la República Mexicana, pidió, el 26 de agosto de 2024, a Kenneth Lee Salazar, titular de la Embajada de Estados Unidos en México -desde el 2 de septiembre de 2021-, “revisar bien” la reforma judicial y dijo que este caso solamente era competente para los mexicanos.
Asimismo, durante una conferencia -llevada a cabo desde su casa de transición, ubicada en la alcaldía Iztapalapa-, Sheinbaum Pardo vaticinó que con la reforma judicial habría una mayor autonomía.
“Aquí el tema es que el diálogo siempre va a estar con Estados Unidos y con otros países, claro hay casos especiales como Ecuador, donde hubo una invasión a nuestra soberanía, pero con Estados Unidos siempre va a haber diálogo. Pero no tenemos que discutir todo y hay cosas que son de los mexicanos y se trabajará en el asunto de difundir qué decisión tomamos las y los mexicanos para que se conozca en Estados Unidos”, indicó la mandataria nacional electa.
“Pero es importante que se difunda qué es lo que se está planteando, es una decisión bien trabajada. ¿Por qué no revisa bien [Salazar] cómo está la propuesta? Si bien nos hemos visto, ha venido cuando hay inversionistas de Estados Unidos o cuando vino la responsable en temas de seguridad e incluso en esa reunión les planteé que a nosotros nos tocará a partir del 1 de octubre que podemos platicar, pero este es un caso en el que decidimos soberanamente las y los mexicanos”, declaró Sheinbaum Pardo.
“Entonces esta idea de que se va perder autonomía e independencia, es todo lo contrario. Va a tener más autonomía (el Poder Judicial) porque va a responder a la gente. Parece que se les olvidó esos tiempos donde la Corte era un apéndice del Ejecutivo y ahora lo que pasa es que ellos tomaron la decisión en contra política, no jurídica al echar atrás reformas.
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“El tema del Poder Judicial de esta reforma constitucional es una decisión soberana del pueblo de México y si quieren ver cómo eso está incorporado en el tratado con gusto, pero no es un asunto de discutir la forma de elegir a los jueces”, explicó.
Más temprano el mismo día, tras advertir que el embajador de Estados Unidos no tenía nada que opinar respecto a la reforma judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que prefería que se sancionara a México a través del T-MEC, que ceder soberanía.
El titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que el acuerdo comercial con EE. UU. y Canadá tenía finalidades de carácter comercial, pero ese compromiso no convertía a México en apéndice o colonia de esos países.
El político tabasqueño aseguró que no habría penalizaciones, pero indicó que el debate respecto a dicho tema era interesante, porque, según él, colocaba en el centro la independencia nacional, lograda a través de la historia con muchos sacrificios.
“Es interesante también eso, debatirlo y que la gente sepa, aun en el caso, que no es real, de que hubiesen sanciones a México [vía T-MEC], nosotros los mexicanos tenemos que poner por delante nuestra soberanía. No podemos someternos, es la historia de México, es el sacrificio de mucha gente por lograr una Patria libre, independiente, soberana, eso está por encima de cualquier tratado”, agregó el mandatario nacional.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, López Obrador volvió a responder a las declaraciones del diplomático estadounidense en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), e insistió que ningún extranjero debería intervenir en asuntos nacionales, aun cuando se buscara una justificación por las supuestas implicaciones con el T-MEC.
Además, el mandatario mexicano negó cualquier posibilidad de discusión del tema con representantes de Estados Unidos o Canadá, Gobierno a quien había dicho, se enviaría una notificación formal, porque el embajador Graeme Clark, afirmó que la reforma judicial generaba incertidumbre a los inversionistas de dicho país.
“Es que diálogo siempre debe de haber, el asunto es que los temas relacionados con México, pues nos corresponden a nosotros, no pueden venir extranjeros, ningún Gobierno extranjero, a tratar asuntos que solo corresponden a los mexicanos, es un principio básico de independencia, de soberanía. Es como si yo pido ir a Washington a dialogar sobre la venta de armamentos para hacer la guerra en el mundo, ¿qué me tengo yo que meter?”, comparó el político tabasqueño.
“¿Este tema entonces no lo tocaría con él Salazar]?”, le preguntó un reportero. “¡No!, ese es un asunto de los mexicanos y se está resolviendo en las instituciones de nuestro país y ahí le andan buscando la forma, dándole la vuelta, se andan por las ramas diciendo, no es como hay un tratado comercial, nos podemos meter, ¡no!, si el tratado no es para que nosotros cedamos nuestra soberanía, el tratado es comercial, es para tener una muy buena relación económica-comercial, que nos conviene a las dos naciones”, respondió López Obrador.
“Pero no es para que México se convierta en un apéndice, en una colonia, en un Estado asociado, aun cuando haya algunos mexicanos, además, siempre ha habido en la historia, que quisieran eso, que quisieran que nos volviéramos colonia de un país extranjero, Estado asociado”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
El 26 de agosto de 2024, las cámaras de Comercio de Estados Unidos y Canadá en México, se unieran al llamado al Gobierno mexicano de una mayor evaluación de las consecuencias de la reforma judicial y la desaparición de los órganos constitucionales autónomos para las inversiones.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos en México (AmCham, por sus siglas en inglés) señaló que, cuando múltiples voces se alzaban en un coro de advertencias, era prudente prestar atención. “La convergencia de opiniones diversas sobre un riesgo no es mera coincidencia, sino un eco de experiencias y conocimientos compartidos”, insistió.
La AmCham apuntó que había analizado a fondo la reforma judicial y había compartido recomendaciones con el Gobierno encabezado por López Obrador, así como con el de transición, además de representantes del Congreso de la Unión.
“Vemos en la reforma al Poder Judicial riesgos en su independencia, y un potencial retraso en la profesionalización de la justicia especializada, incremento en costos, reducción de la efectividad del sistema judicial y la generación de incertidumbre para la inversión”, comentó la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México.
“Nuestras empresas -estadounidenses, mexicanas e internacionales; grandes, medianas y pequeñas- están invertidas en México y dan empleos formales a más de 10 millones de mexicanos”, destacó la AmCham.
Por ello y ante la preocupación manifestada por el sector privado, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México urgió a continuar el diálogo, para evaluar cuidadosamente las potenciales consecuencias de esta reforma y “otras”.
Mientras que la Cámara de Comercio de Canadá (CanCham, por sus siglas en inglés) también expuso la preocupación de la comunidad de negocios e inversionistas canadienses, respecto a la iniciativa constitucional para reformar el Poder Judicial de la Federación y la desaparición de diversos órganos constitucionales autónomos.
“Las referidas reformas pueden tener implicaciones negativas sobre la certidumbre, transparencia y profesionalismo en el manejo de las materias que dichos entes tienen a su cargo”, advirtió la Can Cham, que también apuntó que existía una amplia disposición para establecer puentes de diálogo constructivo y propositivo con los actuales representantes y con los designados del Gobierno Federal entrante.
