Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio entrada a trámite, el 26 de agosto de 2024, un recurso presentado por Marko Antonio Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), para que el máximo tribunal constitucional analizara el tema de asignación de diputaciones y de senadurías por la vía de representación proporcional o plurinominal, en el Congreso de la Unión.
La admisión del recurso, que analizará una contradicción de criterios entre la SCJN y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se da antes que se instale, el 1 de septiembre de 2024, la nueva Legislatura, en la los grupos legislativos de Morena y aliados, los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), contarían con mayoría calificada en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.
El recurso fue presentado por Cortés Mendoza ante el máximo tribunal constitucional, el 22 de agosto de 2024, con la solicitud del panista, de que fuera tratado con carácter de “urgente”. Fue admitido por Piña Hernández y turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, para que elaborara un proyecto que se discutiera por el Pleno de la SCJN.
“Se solicita respetuosamente la intervención y resolución urgente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque su fallo incidirá de forma determinante en la integración de la Cámara de Diputados y en la fijación de los parámetros y reglas que deberán observarse y cumplirse para tal propósito, fruto de la votación emitida por la ciudadanía el pasado dos de junio”, argumentó Cortés Mendoza.
El Pleno de la SCJN analizará, en próximos días, la contradicción de tesis sobre la asignación de plurinominales, entre la resolución que el máximo tribunal constitucional dictó en la acción de inconstitucionalidad 6/1998 y en el recurso de reconsideración SUP-REC-943/2018 y sus acumulados, así como en el recurso de apelación SUP-RAP-385/2023 y su acumulado, de la Sala Superior del TEPJF.
“Se actualiza la competencia de este Alto Tribunal para conocer de la denuncia de posible contradicción de criterios entre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se admite a trámite”, se publicó, el 26 de agosto de 2024, en los estrados electrónicos de la SCJN.
En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó, el 23 de agosto de 2024, el proyecto de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del órgano constitucional autónomo, que los grupos legislativos de Morena, PVEM y PT, tuvieran el 72.8 por ciento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es decir, 364 legisladores, basándose en la fracción V, del artículo 54 constitucional, respecto a la sobrerrepresentación, por coalición y no por partido político, reformado el 3 de septiembre de 1993.
Con ello, la autodenominada “cuarta transformación” tendría la mayoría calificada en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, para poder realizar reformas constitucionales, entre ellas, la del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Guadalupe Taddei Zavala, Norma Irene De La Cruz Magaña, Uuc-Kib Espadas Ancona, Arturo Castillo Loza, Carla Astrid Humphrey Jordan, Jorge Montaño Ventura, y, Rita Bell López Vences, votaron a favor de las 364 diputaciones a Morena y sus aliados. Mientras que Beatriz Claudia Zavala Pérez, José Martín Fernando Faz Mora, Dania Paola Ravel Cuevas, y Jaime Rivera Velázquez sufragaron a favor de las 317 diputaciones a Morena, PT y PVEM.
Por otra parte, el Consejo General del INE aprobó, por unanimidad, la nueva integración del Senado, por lo que los partidos de la autodenominada “4t” tendrían 83 escaños, de los 128, y necesitarían tres más para lograr la mayoría calificada.
Morena tendría 60 senadores, el PVEM 14 y el PT 9, lo que significaría el control del 64 por ciento de la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Mientras que los partidos de la oposición contarían con 45 de ellos. Acción Nacional (PAN) con 22, el Revolucionario Institucional (PRI) con 16, Movimiento Ciudadano (MC) con cinco, y, el de la Revolución Democrática (PRD) con dos.
El 26 de agosto de 2024, los integrantes de las más de 200 organizaciones no gubernamentales, que conformaban la llamada “marea rosa”, entregaron, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) , un total de 152 mil 483 firmas de ciudadanos que demandaron evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
A través de un ‘Amicus Curiae’ (un informe técnico presentado por personas ajenas a un litigio, pero con interés en la materia), los inconformes buscaban que los cinco magistrados de la Sala Superior del TEPJF consideraran dicha exigencia o de lo contrario, según los firmantes, llegaría “la amenaza de la sobrerrepresentación” a San Lázaro.
