La doctora Amapola García Bernal, quien cursaba el tercer año de la especialidad de Cirugía en el Hospital General de Tijuana, sostuvo un altercado verbal con un médico sindicalizado del nosocomio en el año 2022, que escaló hasta una queja administrativa; después de ese hecho vinieron una serie de denuncias, hostigamientos, y quejas sin fundamento en contra de la joven, hasta llegar a la baja definitiva.
Ahora Amapola, quien estudió Medicina General en la Universidad Autónoma de Baja California, campus Valle de las Palmas, enfrenta un proceso legal, pues a un año de concluir su especialidad, su carrera está trunca, sin la posibilidad, de momento, de culminar.
La agresión verbal y que casi llegó al ataque físico se originó en el servicio de Urgencias del Hospital General el 17 julio de 2022. El hecho fue presenciado por un médico de guardia, residentes, estudiantes y pacientes que se encontraban en el lugar.
García Bernal de 31 años de edad, refiere que el altercado que sostuvo con el doctor David Xicoténcatl Flores Romero, a quien -según estudiantes y residentes- señalan como una persona con episodios violentos, le acarreó una serie de problemas que causaron “Baja por indisciplina del Hospital General Tijuana al evidenciar reincidencia en acoso y hostigamiento laboral”.
“Luego de que denuncié abuso verbal por un médico sindicalizado, se vinieron una serie de problemas en mi contra: que al paso de los meses la reincidente, la problemática, la acosadora y hostigadora de estudiantes era yo”, relata la joven doctora.
García Bernal señaló que se atrevió a denunciar incitada por sus propios compañeros y médico de guardia, pero para ella, como para muchos estudiantes y residentes, se vuelven sucesos “normales”, de los que son víctimas diariamente por médicos de la institución.
“Como estudiante de Medicina te sometes a muchas humillaciones en el hospital, que ves normalizada la violencia, pero en aquella ocasión me decidí a ya no pasar por alto ese tipo de detalles, sin imaginarme la serie de conflictos y obstáculos que atravesaría por casi dos años”.
Relató que el 18 de julio, presentó una queja escrita en el Departamento de Enseñanza e Investigación y en el Departamento de Recursos Humanos, ambos del HGT, denunciando los hechos violencia de los que fue víctima.
Para el 30 de julio, se le levantó un acta administrativa a Flores Romero, trabajador sindicalizado del área médica del ISESALUD, sin embargo, se le sancionó únicamente con un extrañamiento.
“No es más que una observación escrita que se agrega a su expediente personal sin más trámite”, enfatiza el abogado de la doctora Luis Covarrubias.
García Bernal comentó que el 21 de septiembre sufrió agresión verbal por parte del Dr. Omar Alberto Paipilla Monroy en el aula del HGT, en presencia de los médicos residentes de la Especialidad en Cirugía General.
“Para esa fecha ya era víctima de actos de hostigamiento laboral y exclusión de las actividades académicas, de forma cotidiana, por parte de los directivos del Hospital”.
Los problemas siguieron el resto del año y principios de 2023, siendo el 30 de mayo cuando la doctora Amapola fue sancionada con una nota de Demérito Académico, por presuntos actos de hostigamiento en contra de sus compañeros de especialidad, que pretendieron imputarla y que, según se asentó en la nota, tuvieron lugar el 10 de marzo y el 19 de mayo de 2023.
“Aunque se me hicieron del conocimiento la existencia de estas quejas, el ISESALUD nunca llevó a cabo los actos de investigación tendientes a determinar si éstas eran ciertas o no; tampoco se le informó al Departamento de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal o a la Unidad de Asuntos Jurídicos para que, en el ejercicio de sus facultades reglamentarias, determinaran si habían existido los hechos motivo de las presuntas quejas en mi contra y, en su caso, sancionarme”.
El abogado comentó que el 22 de enero de 2024 algunos de los compañeros médicos residentes del programa de Especialidad en Cirugía General que se imparte en el HGT se dirigieron al Dr. Francisco Alejandro Gutiérrez Manjarrez, jefe del Departamento de Enseñanza e Investigación, con una carta de apoyo a la doctora Amapola.
“En ella hacen constar que nunca han sido objeto de acoso, hostigamiento o maltrato de mi parte, y dan fe de mi disciplina en el empleo y buen trato a las personas; de igual forma, le expresaron su descontento con las acusaciones que pesaban en mi contra y exigieron que se me permitiera una adecuada defensa en contra de estas y el respeto a mis derechos”, dijo la doctora.
Sin embargo el 23 de enero, el entonces director del HGT Clemente Zúñiga Gil y Francisco Alejandro Gutiérrez Manjarrez, encabezaron una comisión a la que denominaron “Comité de Enseñanza e Investigación del Hospital General de Tijuana” a la cual no convocaron a la doctora García Bernal; y, mediante una votación de personal del instituto que no tiene relación alguna con la Especialidad en Cirugía General, determinó la “baja por indisciplina” y expulsaron a la joven del HGT, pero no del ISESALUD, por lo que fue “comisionada” al Hospital General de Playas de Rosarito.
“Nosocomio que no es sede ni subsede de la especialidad, por lo que la doctora ya no podía participar en el programa académico correspondiente. Ese ‘comité’ no existe en la normatividad interna del ISESALUD y los funcionarios que lo convocaron no tienen facultades legales para hacerlo, por lo que sus integrantes usurparon las funciones reglamentarias del Departamento de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, así como de la Unidad de Asuntos Jurídicos del ISESALUD”, complementó el abogado de la doctora.
Finalmente, el 26 de febrero, se ejecutó el despido injustificado como trabajadora del ISESALUD, en las instalaciones del Hospital General de Playas de Rosarito, a menos de una semana de iniciar su último año de residencia médica, por lo que la dieron de baja del Sistema Nacional de Residencias Médicas, que significa que ya no puede hacer la especialidad en ninguna sede del país.
“A la fecha del despido de mi cliente nunca se llevó una investigación por parte del ISESALUD para determinar si eran ciertas o no las conductas de hostigamiento laboral que se le imputaban; simplemente se le trató como culpable en todo momento, sin darle el adecuado derecho a la defensa que tienen todos los trabajadores del ISESALUD que son sujetos a despido por causa justificada, conforme a las Condiciones Generales de Trabajo que rigen las relaciones laborales de este con sus trabajadores”, puntualizó el abogado.
Mientras que la doctora Amapola señaló: “Lo que más deseo es culminar mi especialidad. Hago un llamado para que mi caso sea analizado por las personas correspondientes, a la gobernadora Marina del Pilar, al secretario de Salud, al rector de la UABC, ya que estaba a sólo un año de culminar mis estudios”, argumentó la doctora.
Por los hechos, desde el 29 de mayo, la joven médico lleva un proceso legal contra el Instituto de Servicios de Salud Pública y la Universidad Autónoma de Baja California.
ZETA solicitó información del caso de la residente en la Máxima Casa de Estudios desde el pasado 6 de agosto a lo que sólo se limitó a contestar: “La UABC ofrece a su comunidad diversas instancias en que pueden hacer llegar denuncias por este tipo de situaciones, en este caso en particular no se recibió denuncia a través de la aplicación NO MÁS por parte de la estudiante”.
“Es importante destacar que la contraparte inició un proceso a través de dicha aplicación; derivado de ello se emitieron recomendaciones que se hicieron con el objetivo de buscar mecanismo para el bienestar del denunciante. El órgano COPAVIG (Comités de Prevención y Atención de la Violencia de Género) emite recomendaciones, pero quien decide las sanciones es la institución de salud”.
Mientras que la Secretaría de Salud de Baja California fijó una postura en torno al caso:
“Derivado de quejas presentadas por parte del personal de enfermería, por uso inadecuado de insumos, abuso de autoridad y hostigamiento, registrados en los años 2021, 2022 y 2023, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), de la Secretaría de Salud federal, realizó una supervisión en dichos periodos, determinando en febrero de 2023, la reincidencia de la médica señalada en estas conductas documentadas”.
“Por lo anterior, la DGCES, entidad federal, procedió a solicitar la baja de la doctora, por faltas al reglamento de las especialidades médicas en las que se desempeñaba en el ISESALUD”.
