Horas antes de que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, presentara su Tercer Informe de Gobierno en el Parque Morelos, siete regidores del XXIV Ayuntamiento la denunciaron por presunto abuso de autoridad. Si bien, la munícipe ha dicho que emprendería acciones contra los ediles por acumular “inasistencias” a sesiones de Cabildo, hasta el cierre de edición no había procedido, de acuerdo con el área de Comunicación Social.
El recurso de los regidores fue recibido en la Fiscalía General del Estado aproximadamente a las 14:00 horas del miércoles 7 de agosto, con lo que quedó en proceso la integración de la carpeta de investigación y la debida notificación a la munícipe, en un contexto en que los siete integrantes del Ayuntamiento se han negado a sesionar bajo el argumento de estar en desacuerdo con distintos planteamientos de Caballero Ramírez.
En calidad de denunciantes, acudieron a la FGE Claudia Casas Valdez, Alejandro Cabrera Acosta y Erwin Areizaga Uribe, de Morena; Mónica Vázquez Arévalo y Marisol Hernández Sotelo, de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México; Miriam Patricia Echeverría y Édgar Montiel Velázquez, quienes al interior de Cabildo se conducen sin arropo partidista.
“Enfrentamos un abuso de autoridad por parte de la presidenta municipal, Montserrat Caballero Ramírez, quien utiliza recursos públicos para menospreciarnos públicamente debido a nuestra oposición a decisiones que consideramos perjudiciales para los tijuanenses”, manifestaron los recurrentes en un posicionamiento emitido con motivo de la denuncia penal.
Afirmaron que Caballero se ha valido de redes sociales, instalaciones gubernamentales, medios de comunicación y lonas con la imagen de ellos, en un afán de desacreditarlos.
Consultado por ZETA, Édgar Montiel Velázquez señaló que ante la renuencia de los siete ediles a acudir a las sesiones para las que se contemplaba discutir la adquisición del predio en que operaba la Estación de Bomberos Número 1, Caballero los exhibió en una lona desplegada junto al complejo habitacional La Arboleda.
“Aquí será la Estación de Bomberos #1”, se pudo apreciar en el material colocado por personal del Ayuntamiento en el que igualmente figuraron los rostros de los siete regidores, así como el de la regidora reelecta de Morena, Rogelia Arzola Santillán. Semejante disposición provocaría que los condóminos de La Arboleda y demás residentes se pronunciaran en desacuerdo con “la destrucción del único parque de la colonia”, área en la que se pretende erigir las instalaciones de los apagafuegos.
“Una cosa es que nosotros, por el tema de la oposición o del oficio político tengamos ciertas inquietudes, pero al momento de no estar de acuerdo no es sano, no es ético en el que por no tener coincidencias ella considere a su libre albedrío, como dicen coloquialmente, quemarnos con argumentos falsos, situaciones que no son justificables”, opinó el entrevistado.
“Ya brinca a un tema de seguir usando todo el aparato municipal en medios, como el tema de lo que pasó con la imagen de la lona”, agregó.
Sostuvo que otro de los motivos de recurrir a la FGE fueron las alusiones que en su conferencia del 5 de agosto, Caballero Ramírez hizo de Alejandro Cabrera y él.
“Ella utiliza el aparato municipal para decir cómo yo, viniendo de una comunidad indígena el no estar apoyándola, no estar apoyando las causas que está haciendo ahorita, por ejemplo, con el tema de los niños en vulnerabilidad en las esquinas de la ciudad de Tijuana, cuando es un tema que ella sabe que desde hace dos años se lo manifesté”, detalló.
“Hace una aseveración del compañero Cabrera, dice que está metido con el crimen organizado, que tiene nexos por algún tema de que le dejaron restos humanos en la cercanía de su establecimiento restaurantero y lo hace con una ligereza. Ese es el nivel de falta de atención a cómo dice las cosas”, agregó a propósito de los recientes señalamientos de la munícipe emanada de Morena.
Tratándose de Cabrera Acosta, el 30 de julio, elementos de la Policía Municipal en Rosarito encontraron una cabeza humana frente a un restaurante de mariscos cuya marca registrada pertenece a un socio empresarial del edil oficialista.
De la renuencia a favorecer decisiones de la alcaldesa supuestamente “perjudiciales” para la ciudadanía, postura que se traduciría a que nueve regidores se ausentaran de las sesiones de cabildo, Montiel Velázquez remarcó que el 21 de junio en la Comisión de Hacienda, presidida por Claudia Casas, “no se aprueban ciertos dictámenes que son tema de 462 millones de pesos”, cuyo manejo temático se pretendería incluir para exponerse en sesión del pleno.
“Son literalmente avisos. ‘Les estoy avisando que yo, presidenta municipal, Montserrat Caballero, voy a disponer de esos 462 millones’”, expuso Montiel.
“Para mí, si no me muestras a dónde los vas invertir, cuál va a ser el proceso de ejecución; aparte, también en esa sesión 43, en un inicio no solamente venía el tema de esos 462 millones. También venía una licitación de una concesión para grúas por cinco años. Se le iba a dar a una empresa, pero ni siquiera había detalles del contrato de esa empresa, quién la manejaba”, argumentó.
En el curso de las diferencias entre regidores y alcaldesa, ésta se ha pronunciado por solicitar la revocación de mandato de los ediles “opositores”, llamar a sus suplentes; igualmente, sujetarlos a un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, procedimientos a los que no les ha dado inicio.
De acuerdo con Montiel Velázquez, la revocación de mandato “no aplica” en Baja California; el llamado a los suplentes debe hacerse con solicitud de licencia de por medio tramitada por los regidores. Por lo que respecta al JDC, “los argumentos” de Caballero sobre las inasistencias de los ediles son insuficientes para procurar una demanda como tal, circunscrita a “un tema electoral”.
En opinión del dimitente del Partido Encuentro Solidario, la demanda penal tendrá como alcance “un llamado de atención a la serenidad, porque desde diferentes medios (la alcaldesa) hace aseveraciones muy burdas, donde ya brinca de un tema político a un tema personal”.
La tarde del miércoles 7 de agosto, Caballero sostuvo en una atención a medios que no se había enterado de la presentación del recurso: “No lo supe. Estuve muy ocupada todo el día”, dijo y una vez se le hizo saber el sentido de la acusación (abuso de la autoridad), remató: “Ah, caray. No, pues tendría que ver la denuncia”.
