Consciente de que es investigado por el delito de peculado y otros hechos ilícitos relacionados con el manejo de recursos públicos durante su bienio, principalmente por el contrato para la construcción de una planta fotovoltaica para la empresa Next Energy, el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, presentó una documentación para fijar domicilios en donde pueda recibir notificaciones.
El día de ayer, viernes 30 de agosto, el político apersonó a sus representantes legales en las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar un oficio de dos páginas, donde dice tener conocimiento de que tiene investigaciones en su contra, por lo que se pone a disposición para cualquier requerimiento.
Bonilla Valdez dejará de tener fuero en las próximas horas -a partir del primero de septiembre- pues cumplirá su gestión en el Senado de la República, cargo en el que acudió a pocas sesiones, emitió pocos sufragios y presentó solo dos iniciativas en seis años, mismas que no fueron aprobadas.
El documento recibido a las 4 de la tarde del 30 de agosto está relacionado con el NUC 02-2022-06977, derivado de la investigación por el avance de un presunto contrato firmado en beneficio de la empresa regiomontana Next Energy, la cual fue contratada para construir y operar una planta fotovoltaica que abastecería de energía eléctrica al acueducto que traslada agua del Río Colorado a la Zona Costa del Estado, para lo cual comprometió 44 mil millones de pesos a pagarse en 30 años.
“Desde este momento manifiesto no haber cometido delito alguno toda vez que siempre he tenido un modo honesto de vivir, sin embargo, tengo conocimiento de que la Fiscalía General del Estado de Baja California, sigue una o varias carpetas de investigación en mi contra, sin que pueda precisar su número único de caso o su número de carpeta de investigación”, refiere el documento en poder de ZETA, donde refiere además una dirección ubicada en el municipio de Tijuana, para recibir notificaciones; así como un correo electrónico para recibirlas de manera virtual.
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Aunque el texto en poder de la FGE no lo refiere, la intención de Bonilla Valdez, es que no se gire una orden de aprehensión en su contra; y en caso de ser requerido, tener la posibilidad de apersonarse de manera directa para emitir cualquier prueba o explicación sobre sus acciones durante su mandato.
Cabe señalar que durante las últimas semanas, dos ex funcionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez, han sido procesados por hechos delictivos. El primero fue Marco Antonio Blásquez, quien enfrenta una acusación por violencia política en razón de género, en contra de la mandataria estatal; mientras que su ex titular de SEPROA, Salomón Faz Apodaca, fue detenido por omitir acudir a audiencias para realizar acuerdos reparatorios.
Además, varios ex funcionarios de Bonilla Valdez, se encuentran bajo proceso por su relación con el contrato de la planta fotovoltaica.
