Un padre está en espera de que la juez del Juzgado de lo Familiar, en Ensenada, reanude las convivencias libres con sus dos hijas, después de que su matrimonio duró siete años, pero hace dos años firmó el convenio de divorcio.
Desde el 2022, Brian Torres y su ex esposa han presentado denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE); una de éstas la presentó él por Violencia Familiar y Sustracción de Menores.
Los antecedentes que constan en una de las denuncias, indican que el matrimonio se realizó en 2015, tuvieron dos hijas y como no funcionó, acordaron un convenio de divorcio consistente en alimentos, custodia compartida, así como convivencia.
El acuerdo no se cumplió, al negársele ver a las menores, por lo que -afirmó- tuvo que interponer recursos legales con el fin de restablecer el acuerdo inicial de divorcio.
Dijo estar siendo víctima de alienación parental, que es cuando los menores de edad se “alinean” o toman partido por aquel progenitor que no es responsable de los actos que causan la separación o rechazo, que es una manifestación de maltrato psicológico, que puede constituirse como la base de diversas patologías infantiles que afectan la vida presente y futura de la niñez, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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Aseguró que ha cumplido con todos los requisitos que le ha solicitado el juzgado, desde dictámenes psicológicos y opiniones profesionales para medir su capacidad de cuidar a las menores durante los días que le correspondan.
“El usuario antes mencionado se presentó en tiempo y forma a las sesiones de evaluación psicológica de manera puntual y cooperativa; asegurando que lo único que desea es continuar con el proceso y poder volver a ver a sus hijas de manera libre, pues al parecer tiene mucho que aportar al sano desarrollo de las mismas”, indica el dictamen psicológico con fecha 11 de junio del 2024, por parte de la institución PISME Ensenada.
El afectado pide una explicación al Juzgado Familiar, en específico a la juez de apellido Ptacnik, porque sólo a él le han exigido varios estudios psicológicos para poder tener un acercamiento a sus hijas, y no a la madre de ellas, por lo que considera que es injusto.
Sobre el pago de la pensión que le fijó el juzgado, estos han sido depositados conforme lo estipulado en el contrato de divorcio, pero no ha sido suficiente para lograr una reunión en libertad. En junio Brian pagó 10 mil pesos de pensión alimenticia.
Ante una solicitud hecha por Semanario ZETA al Poder Judicial, específicamente al Juzgado de lo familiar en Ensenada, a cargo de la juez correspondiente, contestaron:
“Con relación a tu solicitud podemos compartirte, falta que se concluya con el procedimiento de las evaluaciones psicológicas que emite la Subprocuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes en Ensenada. Ahora bien, lo que te indicó el señor es su versión, sin embargo, debes saber que el padre abandonó el Centro de Convivencia Familiar CECOFAM Ensenada, por lo tanto, no ha sido propicio ver a su hija. Es un juicio muy contencioso, hay denuncias de ambas partes por esta razón cualquier información proporcionada por las partes debe tomarse con mesura” [sic].
En respuesta de Brian, hay un expediente abierto donde detalla los motivos por los cuales dejó de asistir a la convivencia en el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM):
“No está de acuerdo en que la conviven con sus menores hijas sea supervisada. No ha cometido ninguna ofensa en contra de sus hijas. El lugar asignado para la convivencia es inadecuado toda vez que es cerrado de dos metros por cuatro metros, con cámara Gessell. Lo que afecta psicológicamente a las hijas”.
