Ciudadanos y representantes de la sociedad civil se sumaron este domingo 25 de agosto en Tijuana a la marcha contra reforma al Poder Judicial para la elección popular de jueces, magistrados y ministros, cuyo dictamen habrá discutirse el próximo mes de septiembre, según informó en su momento el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.
El contingente en el que participaron trabajadores del Poder Judicial de la Federación de Tijuana y Ensenada y demás integrantes de la comunidad jurídica, partió de las instalaciones del PJF en Zona Río, para desplazarse por Paseo de los Héroes y desembocar a la golerita Cuauhtémoc.
Miembros de los colegios de abogados Tijuana, Emilio Rabasa y de la Alianza Mexicana, hicieron presencia en la concentración.
Numerosos participantes se postraron en la base del monumento a Cuauhtémoc, estructura distintiva de la rotonda, portando pancartas en apoyo a la independencia judicial, banderas nacionales o camisetas con la leyenda: “El PJF trabaja para defender tus derechos. Hoy nos toca defendernos para defenderte”.
Alrededor de la glorieta, sobre la vía pública, asistentes demandaron: “jueces de verdad, con carrera judicial, no políticos disfrazados de jueces”. El 8 de julio, López Obrador, mencionó en conferencia de prensa que la iniciativa enviada el 5 de febrero podría ser sujeta a modificaciones como la de eliminar el requisito de 5 años de experiencia para ocupar el cargo de juez.
Carlos Gallego, representante estatal de Poder Ciudadano, quien estuvo presente en la manifestación, refirió a ZETA que el Poder Judicial “tiene muchos defectos, muchas mejoras que se pueden hacer”, con el pormenor de que la reforma impulsada por Morena y fuerzas aliadas “en nada resuelve los problemas reales”. Se pronunció por “que no se hagan los nombramientos de los jueces y magistrados por voto popular, que no se recorten los requisitos de diez a cinco años (para arribar al cargo de juez)”.
Ignacio Carlos Huerta, integrante del Centro de Estudios y Proyectos de la Frontera Norte Ingeniero Heberto Castillo Martínez, sostuvo que él acudió a la marcha “a invitación de varios grupos, pero específicamente de los empleados del Poder Judicial”.
Apostó por que la ciudadanía debe “seguir pugnando por que este Poder Judicial sea autónomo como lo marcan las normas internacionales”; de manera que “no puede ser que quieran sujetar las acciones de lo que tiene que hacer la gente que tiene especialidad, toda una trayectoria y que tiene la carrera para efectos de que ahora pretendan que estos jueces y magistrados lleguen en una elección popular”, dijo.
Eduardo de la Peña Sánchez Taboada, representante de Baja California Fuerte, expuso acerca de las razones de haber acudido a la marcha: “Es una clara intención, lo que tratan de hacer, es acabar con ese Poder Judicial, con ese libre albedrío que tienen los juzgadores, donde ahora en vez de ser el juzgador el que va a decidir, le van a tener que pedir autorización al Poder Ejecutivo, cosa que no va”.
Conforme al proyecto de reforma difundido por el gobierno federal, en un afán de celebrar elección extraordinaria de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral y los del Tribunal de Disciplina en 2025, a partir de 30 postulaciones por cargo, el Poder Ejecutivo podría proponer 10 candidaturas, en tanto que el Legislativo y el Judicial igual número cada cual.
Tratándose de los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito, se elegirían en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias, con base en 6 candidaturas por cargo, de las cuales cada Poder propondría dos.
“Es un retroceso a la democracia. Por eso nos estamos sumando el día de hoy, con ese temor de perder esa libertad, esa autonomía, que se ha logrado por gente que ha luchado a través de décadas”, sostuvo de la Peña Sánchez Taboada.
Este domingo, 25 de agosto, en la Ciudad de México, integrantes del Poder Judicial de la federación emprendieron una movilización en rechazo a la iniciativa de reforma. Ello en el curso de una suspensión indefinida de labores emprendida por jueces, magistrados y demás trabajadores del PJF.
El 23 de agosto el Instituto Nacional Electoral declaró la validez de la elección de diputaciones de representación proporcional y así como la asignación de las 32 senadurías por ese principio.
Los partidos oficialistas Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, concentraron 75, 20 y 13 diputaciones de RP, con lo que sumado a los espacios de mayoría relativa que obtuvieron en las urnas, lograron concentrar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, necesaria para aprobar enmiendas constitucionales como la reforma al Poder Judicial.
En cuanto a los espacios en el Senado de la República, los tres partidos en concentran 83 escaños incluidas las 19 senadurías de RP asignadas a esas fuerzas políticas, siendo que para concentrar la mayoría calificada en la Cámara alta se requieren 85.2 espacios. (Eduardo Andrade Uribe)
