El juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, denegó, el 7 de agosto de 2024, una solicitud para realizar un nuevo juicio a Genaro García Luna, ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
La solicitud del ex funcionario federal mexicano, se basaba en el hallazgo de nuevas pruebas presuntamente exculpatorias recabadas por sus abogados defensores. Sin embargo, en un escrito de 16 páginas difundido, el 7 de agosto de 2024, el juez instructor del caso, señaló que “ninguno de los argumentos son suficientes para un nuevo juicio”, por lo que “deniega” el pedido presentado por los representantes de García Luna.
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“Muchas de las ‘nuevas pruebas’ consisten en hechos conocidos o accesibles para el acusado antes del juicio”, precisó el documento, en el cual el juez federal desmontó cada alegación de los abogados defensores de García Luna. Otras, “carecen de sustancia”, justificó Cogan.
El juez de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, determinó, el 18 de junio de 2024, aplazar para el 9 de octubre del presente año la audiencia de sentencia de García Luna misma que estaba programada para llevarse a cabo el día 24 del mismo mes y año.
A petición de César de Castro, abogado de García Luna, el juez concedió aplazar la audiencia de sentencia del ex funcionario federal mexicano, con el argumento de necesitar más tiempo para revisar documentos antes de ese día, debido a su participación en el juicio contra Robert Menendez, senador demócrata de Nueva Jersey.
Los cargos por los que García Luna fue declarado culpable eran: tres por conspiración para transportar, importar y distribuir cocaína, uno por pertenecer a una empresa criminal (en este caso el Cártel de Sinaloa) y otro más por declaraciones falsas. Al ser encontrado penalmente responsable de tales ilícitos, podría enfrentar una pena mínima de 20 años de cárcel, o bien, una sentencia máxima de cadena perpetua.
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El ex titular de la SSP mexicana permanecía detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn (MCC, por sus siglas en inglés), desde que fue arrestado el 4 de diciembre de 2019, en Dallas, Texas.
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Los abogados de García Luna acusaron, el 19 de marzo de 2024, ante el juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, que, entre otras cosas, que la Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, obstruyó la defensa legal del ex funcionario federal mexicano, por las acusaciones de narcotráfico, que concluyeron en un veredicto de culpabilidad en su contra, por lo que debería de concederle “un nuevo juicio”.
“Inmediatamente después de que el señor García Luna fue arrestado y detenido, a él y su familia se les negó el acceso a cualquiera de sus propiedades en México. Se les prohibió utilizar el sistema financiero en México, se pusieron guardias fuera de sus propiedades que fueron congeladas por el Gobierno mexicano y fiscales federales emitieron órdenes de arresto”, se lee en una carta de 86 cuartillas, dirigida al juez Cogan, firmada por el abogado César De Castro.
El litigante detalló que desde la Presidencia de la República mexicana se creó un ambiente hostil contra el ex funcionario federal y cualquiera que hubiera colaborado con él, incluyendo la detención de la hermana y el sobrino de García Luna.
Gregorio Salazar Hernández -juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso, el 20 de diciembre de 2023, a Gloria García Luna y Édgar Anuar Rodríguez García, hermana y sobrino, respectivamente, del ex titular de la SSP, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De Castro aseguró que muchos testigos, incluyendo políticos y ex funcionarios federales, temían presentarse a testificar o mostrar evidencia a favor de García Luna, por temor a represalias. El 21 de febrero de 2023, en su veredicto, el jurado de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, encontró, de forma unánime, culpable al ex funcionario mexicano, de cuatro delitos por narcotráfico y uno más por mentir a las autoridades estadounidenses.
Asimismo, el abogado del ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal, afirmó que en 850 de las mil 300 conferencias de prensa matutinas del mandatario nacional mexicano, se había mencionado el caso de su cliente.
“Sus ex colegas han vivido en el medio, lo que incluye a su secretario, quien valientemente ejecutó una declaración”, explicó De Castro, de la evidencia que señalaba que algunos de los testimonios utilizados durante el juicio, no tenían valor legal o se obtuvieron de forma irregular.
Respecto a los demás argumentos de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York para evitar un nuevo juicio, la defensa de García Luna aseveró que sólo se realizó una investigación superficial que buscaba desacreditar el testimonio de un sujeto no identificado, que indicó que Juan Carlos Nava Valencia, alias “El Tigre”, se habría comunicado de forma ilegal con un teléfono móvil de contrabando, con su hermano, Óscar Orlando Nava Valencia, “El Lobo”, y con Édgar Veytia Cambero, “El Diablo”, ex titular de la Fiscalía General del Estado de Nayarit -de enero del 2013 a febrero del 2017-, para preparar los testimonios de los últimos dos, que dirigían durante el juicio del funcionario mexicano, a principios de 2023.
Según De Castro, el Gobierno de EE.UU. no había explicado irregularidades como que Héctor Javier Villarreal Hernández -director del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC), durante el Gobierno de Humberto Moreira Valdez, gobernador del 1 de diciembre de 2005 al 4 de enero de 2011-, siguió cometiendo delitos incluso después de haber participado como testigo de la Fiscalía neoyorquina, o que Francisco Cañedo Zavaleta, ex agente de la Agencia Federal de Investigación (AFI) -dependiente de la ahora extinta Procuraduría General de la República (FGR)-, supuestamente mintió sobre el secuestro de García Luna.
“No hay evidencia que el señor García Luna le ofreció dinero, protección u otros incentivos para declarar falsamente en su interrogatorio [por lo que] la Corte debe rechazar la posición de los fiscales ante este testimonio”, dijo el abogado defensor.
“Como alternativa se debe llevar a cabo una audiencia probatoria para investigar las acusaciones de conspiración por parte del Gobierno [de Estados Unidos] y, por las anteriores razones, la Corte debe conceder un nuevo juicio al señor García Luna”, concluyó la misiva de De Castro.
Cañedo Zavaleta testificó, el 2 de febrero de 2023, en la Sala 8D-Sur, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en el juicio contra el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Allí afirmó que el 19 de octubre del 2008 iba manejando su automóvil particular, “buscando unos tacos” en la carretera de Cuautla, en dirección a Cuernavaca-Tepoztlán, en Morelos, cuando vio unas camionetas detenidas en sentido contrario, y parados afuera de dichos vehículos estaban el acusado, además de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, y Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, quien portaba un arma larga.
Según su relato, el agente de la AFI -que supuestamente ese día se encontraba descansando-, bajó la velocidad de su automóvil particular para ver a los aludidos, pero luego aceleró el vehículo, al ver que las camionetas daban vuelta y lo seguían. En la entrada del fraccionamiento Los Limoneros, en Cuernavaca, Morelos, se detuvo, se bajó del carro y abrió el cofre, simulando estar revisando algo.
Cañedo Zavaleta supuestamente observó el momento en el que las camionetas volvieron a pasar por el lugar en donde él se encontraba estacionado. En la primera iba Beltrán Leyva como copiloto y “La Barbie” en el asiento de atrás. Mientras que en la segunda viajaba García Luna. “Como se me quedaron viendo yo me asusté y me fui temblando”, señaló.
“¿Le dijo a alguien lo que vio?”, le preguntó la fiscal Saritha Komatiredy, quien lo interrogaba. “Sí, primero a mi compañero Óscar Granados Salero y luego presentamos un escrito al Congreso de la Unión en México. Personalmente hablé y le di la carta a Layda Sansores [San Román]”, según aseguró el testigo.
La entonces diputada federal plurinominal para la LX Legislatura, por el partido Convergencia y actual gobernadora de Campeche, militante de Morena, le recomendó a Cañedo Zavaleta que le hablaran a alguien del semanario Proceso, para que se publicara el escrito, lo cual hicieron.
Asimismo, el ex agente de la AFI narró que luego de haber presenciado y denunciado los hechos, dentro de la institución lo quisieron involucrar en diferentes delitos, como narcotráfico, evasión de reos con grado en tentativa, entre otros delitos -todos graves-, por los cuales fue consignado.
Cañedo Zavaleta permaneció detenido 80 días en la sede de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), para luego ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 2 de Puente Grande -ubicado en El Salto, Jalisco-, hasta que fue absuelto de las imputaciones en su contra.
El testigo -quien renunció de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR), en noviembre del 2022- dijo que entregó al investigador Enrique Santos una copia de la carta presentada 15 años antes al Congreso de la Unión, para ser tomada como prueba en el caso que involucra a García Luna.
Durante la audiencia, Cañedo Zavaleta recordó que al entregar la carta al Congreso, tanto él como su compañero Óscar Granados Salero la entregaron de manera anónima, pero que consintió que se agregaran sus datos personales.
“¿Por qué quiso que su carta fuera anónima?”, cuestionó la fiscal. “¡Objeción!”, gritó César de Castro, abogado defensor de García Luna. El juez Brian M. Cogan concedió la petición del litigante, poniendo fin a la audiencia.
Por otra parte, Cañedo Zavaleta relató que en una ocasión vio a García Luna y a sus dos secretarias salir de sus oficinas, pero que los tres se le quedaron “viendo muy raro”, debido a que el entonces titular de la SSP Federal y él, “ nos parecíamos mucho”, por lo que a partir de entonces, sus compañeros comenzaron a llamarlo “Genarito”.
