A las 00:00 horas del 21 de agosto de 2024 inició la suspensión de labores por tiempo indefinido, en todos los juzgados y tribunales federales del país, de los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), resultado de la consulta a las personas jugadoras del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La juez federal Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la JUFED advirtió en un discurso, que la reforma judicial -presentada el 5 de febrero de 2024, por el presidente Andrés Manuel López Obrador-, no sólo era una amenaza para la justicia y la estabilidad del país, sino que nos encaminaba a una crisis constitucional sin precedentes.
“Sin una justicia independiente, las inversiones se verán afectadas, la confianza en nuestras instituciones se desmoronará, y los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria”, dijo Fuentes Velázquez, en las escalinatas de la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en San Lázaro, en la Ciudad de México, ante cerca de mil funcionarios judiciales.
“Nos encaminamos hacia una crisis constitucional sin precedentes, una crisis que, de no ser detenida, dejará cicatrices profundas en nuestro tejido social” afirmó la juzgadora federa, quien también enfatizó que el intento de concentración del poder en una sola persona, pretendido por la reforma, no solo era una afrenta directa a la independencia judicial, sino “un golpe mortal a la democracia que tantos, antes que nosotros, lucharon por establecer y proteger”.
Fuentes Velázquez expresó que la pérdida de autonomía e independencia judicial convertía a la justicia en una farsa, e insistió que los impartidores de justicia eran custodios de la ley y tenían la responsabilidad de levantarse, contra cualquier intento de subyugar la justicia ante los intereses políticos.
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“La historia nos ha enseñado que cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, la justicia se convierte en un instrumento de opresión, y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de quienes ostentan el poder”, agregó la jueza federal.
“Esta reforma, que bajo el velo de una supuesta modernización del Poder Judicial busca centralizar el poder, pone en riesgo no sólo la independencia de los jueces, sino también el bienestar de nuestra sociedad en su conjunto”, indicó Fuentes Velázquez.
“La independencia judicial no es un privilegio de los juzgadores; es una garantía para todos los ciudadanos. Es el baluarte que asegura que los derechos de cada individuo, sin importar su posición o riqueza, sean protegidos de manera justa e imparcial. Sin esta independencia, el Poder Judicial se convierte en un brazo del poder ejecutivo, y la justicia, en una farsa”, comentó la jueza federal, quien también señaló que el paro de labores no era una acción tomada a la ligera, sino una medida extrema, en respuesta a una amenaza de la misma magnitud.
“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se desmantelan los principios que juramos proteger […] El futuro de nuestro país está en juego, y no permitiremos que la justicia sea sacrificada en el altar del poder. Como juzgadores, nuestra lealtad es y siempre será con la justicia, con la verdad, y con los derechos inalienables de todos los ciudadanos, del pueblo entero. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, y es nuestra lucha”, subrayó Fuentes Velázquez.
“Hoy venimos a recordarles a aquellos que usan el sarcasmo como recurso para minar la seriedad de los oscuros momentos que vive la Patria, que la justicia debe ser aplicada con integridad, y que el derecho no es simplemente un conjunto de normas que pueden ser manipuladas al antojo de quien ostenta el poder”, finalizó la directora nacional de la JUFED, que, un día antes, emitió formalmente la declaratoria de la suspensión de actividades.
Por otra parte, el magistrado Juan Carlos Guzmán Rosas, secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió, el 20 de agosto de 2024, el catálogo de los asuntos que eran considerados “urgentes”, para que los jueces de distrito y magistrados de circuito los deberían dictaminar durante la suspensión de actividades.
“En los Centros de Justicia Penal Federal son urgentes las determinaciones referentes a la calificación de detenciones, las vinculaciones a proceso, la implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva y las determinaciones sobre extradición. Asimismo, sólo las audiencias de juicios que hubieran iniciado antes de la suspensión deberán tramitarse hasta su conclusión”, instruyó Guzmán Rosas en la circular 16-2024.
El documento también ordenó que los órganos jurisdiccionales operarían con guardias escalonadas, para darle trámite a todos los asuntos, antes enlistados. Las disposiciones también establecieron que los centros de justicia y juzgados de ejecución -los que resuelven lo relacionado a la duración de las penas-, atenderían durante el paro de labores, cualquier caso que implicara peligro a la vida o a integridad de las personas.
“Es importante informar a la sociedad que seguirán operando las Oficialías de Partes y el sistema electrónico únicamente para la recepción de asuntos urgentes y su trámite será a través de guardias”, añadió la circular firmada por el magistrado.
Asimismo, el documento también instruyó que las gestiones previas a la inminente compurgación de la pena; beneficios preliberacionales ya determinados, pendientes de ejecución, como la libertad preparatoria, anticipada y condicionada; además de acuerdos urgentes de hospitalización, segregación y tortura.
Los juzgados de distrito deberían llevar a cabo las declaraciones preparatorias; determinar la situación jurídica del detenido; dictar resoluciones que impliquen peligro a la vida e integridad de las personas; compurgación de penas y órdenes de arresto.
El 20 de agosto de 2024, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo un encuentro de alrededor de tres horas para analizar el proyecto de dictamen de la reforma al PJF, pero no llegaron a un consenso o postura.
A través de un comunicado, el máximo tribunal constitucional detalló que en el encuentro se plantearon diversos puntos de vista de los ministros, pero se decidió que continuaría el análisis de la reforma al Poder Judicial Federal.
Durante el encuentro estuvieron presentes 10 ministros y la única ausencia fue la de Luis María Aguilar Morales. Según lo informaron diversos medios nacionales, la reunión a puerta cerrada continuaría el jueves 22 de agosto de 2024.
El 20 de agosto del mismo año, el coordinador del grupo legislativo de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Moisés Ignacio Mier Velazco, advirtió que el paro de labores de jueces, magistrados y empleados del PJF, no detendrá la reforma judicial y acusó a quienes participaban, de formar parte de la composición “casi feudal” del Consejo de la Judicatura Federal.
El mismo día, la presidenta de la República electa, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió no “temerle” a la democracia ante el paro de labores en el PJF y rechazó que la reforma en la materia implicara que Morena iba a nombrar a los jueces.
“La propuesta lo que busca [un] mejor sistema de justicia de nuestro país, y no hay que tenerle miedo a la democracia, no hay que tenerle miedo, al revés […] A qué vamos, a que en el Poder Judicial también haya democracia, y no por eso significa que no van a hacer bien su trabajo, al revés, porque se deben a quien los eligió”, dijo Sheinbaum Pardo.
Además, la presidenta de la República electa consideró que el proyecto de dictamen de la reforma judicial, elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, estaba “muy completo”.
“Esta idea que se decía: ‘es que ahora Morena va a nombrar a todos los [jueces]’. ¡No! Los legisladores hacen una propuesta pues en donde se abre convocatoria, es abierto y con requisitos […] Y hay inclusive, si no cumplen el primer año, qué se puede hacer, se fortalece la escuela judicial, es una propuesta creo yo muy completa”, defendió Sheinabum Pardo.
Durante una conferencia de prensa -llevada a cabo desde su casa de transición, ubicada en la alcaldía Iztapalapa-, la presidenta electa reiteró que la reforma judicial no implicaba la “alteración” de los derechos laborales de los trabajadores judiciales.
“Hay un transitorio que lo dice claramente: que se van a respetar todos los derechos laborales; ellos hablan de la carrera judicial, la carrera judicial se va a respetar […] Pero, en el caso de jueces, magistrados y ministros, la decisión final de quién va a ser juez, magistrado, ministro, pues le corresponde al pueblo de México”, aseveró Sheinbaum Pardo.
La presidenta de la República electa argumentó que la reforma evitaría que los juzgados se asignaran “desde arriba” y defendió que se abriera una convocatoria abierta para quienes fueran a participar en la elección.
“Entonces, quien está hoy en paro a ver que me digan cuántas veces […] el otro día [escuché que] hay 63 personas de una sola familia están en el Poder Judicial […] Esa es la razón; cuando fui a un evento con empresario les decía que ahora va a tener más autonomía el Poder Judicial, cuando se elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros”, abundó Sheinbaum Pardo.
“Porque a un juez lo va elegir el pueblo […] porque no va a ser de que le deben al presidente, a la presidenta, o al senador fulano de tal, o a la senadora fulana de tal, su espacio en la Corte o en una magistratura, o a su jefe, no, se lo deben al pueblo”, dijo la mandataria nacional electa.
