El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad de la contienda con pronunciamientos emitidos en dos conferencias matutinas en un afán de apoyar la candidatura presidencial de Morena, otras designaciones del partido oficial y en contra de las fuerzas opositoras.
Con ello, el TEPJF refrendó una sentencia de la Sala Regional Especializada y arguyó que conforme a derecho se determinó que las expresiones de Ávila Olmeda vulneraron tales principios.
El Trife acreditó que los mensajes emitidos en las ruedas de prensa llevaron de por medio uso de recursos públicos, toda vez que ambas actividades se publicaron en redes sociales oficiales del gobierno del estado y tuvieron ocasión en un reciento perteneciente a la administración estatal.
La mandataria estatal, lo mismo que el director de Comunicación Social del gobierno del estado procedieron contra la sentencia de la Sala Regional Especializada argumentando que se inobservó que presumiblemente las conferencias constituyen un “una actividad de información a la ciudadanía al ser un canal de comunicación que garantiza transparencia, rendición de cuentas y derecho a la ciudadanía al acceso a la información de asuntos de interés general”.
Ambos funcionarios aseguraron en ese tenor que no se estaba llamando al voto y que en todo caso se trataba de un ejercicio periodístico.
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La sentencia de la Sala Superior del Trife tuvo lugar a propuesta del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A propósito, el Tribunal Electoral dio a conocer, el 21 de agosto, que “no se trató de rendición de cuentas o un ejercicio de transparencia del gobierno estatal, sino que fueron pronunciamientos para favorecer al partido político, sus aliados y candidaturas”.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien votó a favor de la propuesta de Reyes Rodríguez Mondragón, informó que Ávila Olmeda llamó a la ciudadanía a favorecer en las urnas a la Cuarta Transformación lo mismo que el plan C del presidente López Obrador (encaminado a obtener la mayoría calificada en el Congreso); se refirió a Claudia Sheinbaum Pardo como la próxima presidente de México y mencionó que sería preferible que una candidatura del PT resultara favorecida electoralmente y no una del PRI o del PAN.
De la Mata Pizaña indicó vía red social que semejantes declaraciones “no pueden considerarse un ejercicio de transparencia, pues no tuvieron vinculación alguna con las funciones de la gubernatura”.
Tampoco pueden contemplarse “como amparadas por la presunción de licitud de los ejercicios periodísticos, pues el deber de respeto a los principios electorales es aplicable aún y cuando las expresiones se generen como respuestas a preguntas de reporteros y/o en ruedas de prensa”, agregó el magistrado.
De la Mata concluyó que las declaraciones de Ávila Olmeda llevaron como propósito “mover las preferencias electorales de la ciudadanía hacia una fuerza política en particular”.
