El asesinato de empresarios se convirtió en el lastre del último año en el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Personas emprendedoras que con sus inversiones generan empleos y mueven la economía del país se convierten en víctimas de la delincuencia ya no sólo por acciones de criminales que cobran derecho de piso, extorsionan, secuestran, roban mercancías en tránsito o atracan instalaciones, sino que ahora matan inmisericordemente a hombres y mujeres que se resisten a sus pillerías, pero que además las denuncian.
Más de una extorsión por hora en el país, y solamente son las que se denuncian, pues otra cantidad importante de este tipo de delitos no llegan a conocimiento de las agencias del Ministerio Público, son las que se tienen en los registros de las fiscalías de las entidades federativas. Del 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de junio de 2024, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) suman 51 mil 903 carpetas de investigación por estos ilícitos.
Pero en especial, 2024 se dispararon las extorsiones y los asesinatos de los empresarios que no han accedido a las mezquinas exigencias de los impunes delincuentes. En este año, durante el primer semestre (182 días) fueron denunciadas 5 mil 143 extorsiones; es decir, un promedio de 28 carpetas de investigación iniciadas por día. Esta situación ya es inaguantable y se vive en todos los sectores productivos, lo mismo el sector transportista o restaurantero, que los hoteleros, panificadores y agroproductores.
El caso más reciente que conmocionó a la sociedad fue el del presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (FeCanaco) en Tamaulipas, Julio Almanza Armas, asesinado a balazos el 30 de julio al llegar en su camioneta a la Cámara de Comercio en Matamoros por sujetos armados que abordaban dos motocicletas. Apenas el lunes 29 de junio anunciaba el cierre de una importante cantidad de tiendas Oxxo en Nuevo Laredo, debido a los múltiples robos y cobro de derecho de piso, sin que hubiese una respuesta o acción positiva de las autoridades.
El crimen fue impactante, los sicarios fueron certeros. La hermana de Julio, que le acompañaba en el asiento del copiloto, resultó ilesa. Las reacciones del sector empresarial no se hicieron esperar; sin embargo, no hubo la misma empatía por parte del Gobierno Federal. En la conferencia mañanera del día siguiente, AMLO lamentó el asesinato del presidente de la FeCanaco en Tamaulipas y aseguró que ya se atienden las denuncias sobre extorsiones y atracos a la cadena de tiendas de autoservicio que cerraron sus puertas ante la inseguridad que priva en la región.
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“Sí, está abierta la investigación desde que hicieron la denuncia de los Oxxos en Nuevo Laredo, se convocó a una reunión que se tuvo con este propósito en Reynosa o Victoria, no tengo el dato. Tuvimos esa reunión, asistió el secretario de Gobierno, asistieron autoridades federales, incluso salió por ahí un video de una de las bandas diciendo que ellos no estaban actuando con lo de los Oxxos, esto hace tres días, cuatro días”, mencionó el mandatario. Por su parte, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, también se condolió del hecho y lanzó la clásica frase de que este crimen “no quedará en la impunidad”, al tiempo que destacó que seguirá apoyando al gobernador tamaulipeco Américo Villarreal.
El director de Asuntos Corporativos de Femsa, Roberto Campa Cifrián, dio a conocer que el número total de tiendas Oxxo cerradas era de 191 y siete gasolineras en Nuevo Laredo, y que la decisión de parar los negocios fue debido a los problemas de extorsiones que enfrentan en esa ciudad, sin que las autoridades hicieran caso a sus peticiones de brindar seguridad en sus patrullajes, por lo que la reapertura de los establecimientos dependería de la respuesta que recibieran. El 2 de agosto, a través de un comunicado, el grupo empresarial compartió que hubo acuerdos importantes con los gobiernos local y federal para garantizar mejores condiciones, como aumentar la presencia policial y la instalación de un botón de pánico. Por ello resolvió abrir paulatinamente las puertas de las tiendas.
MINERVA Y OTROS CASOS
Antes que Julio Almanza sucedió otra serie infortunada de asesinatos de empresarios, entre ellos el más significativo para los bajacalifornianos: el de la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca), Minerva Pérez Castro, acribillada a balazos la tarde-noche del lunes 8 de julio, al salir de su empresa Atenea del Mar en Calle San Diego, Delegación El Sauzal, en Ensenada. Por lo menos tres sujetos armados le dispararon a la mujer en unas 36 ocasiones, de acuerdo al número de casquillos localizados en el sitio del crimen. Igual que el tamaulipeco, Minerva había denunciado meses antes cobro de piso, extorsiones y pesca ilegal.
Desde inicios de año, la economista Nora Ampudia Márquez, de la Universidad Panamericana, advirtió que los problemas de inseguridad podrían afectar el crecimiento económico de esta anualidad. De lo mismo se quejó, el 24 de enero, el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles de México, Miguel Ángel Fong, quien advirtió, la violencia que se vive en el país podría generar las mismas afectaciones que la pandemia por COVID-19. En Zacatecas la ocupación hotelera no rebasa el 20 por ciento aun en los periodos vacacionales.
Por su parte, el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Miguel Ángel Landeros, aseguró el 14 de febrero del año en curso que, contrario a los informes oficiales que presumen una disminución en el robo al transporte de carga, este delito se mantiene en las carreteras de México. Y en el mismo mes, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Raúl Sapién, señaló que es urgente crear una Ley de Seguridad Privada, ya que todos los sectores están en deuda con los trabajadores que brindan esta protección, cada vez más demandada por los sectores productivos.
Desafortunadamente al primer aniversario del secuestro del empresario Oswaldo García González, de 47 años, de Arandas, Jalisco, ilocalizable desde marzo de 2023, pese a que dos involucrados se encuentran detenidos, le siguieron más crímenes. El 27 de abril, en San Pedro Cholula, Puebla, fue privado de la vida el promotor de eventos y dueño del restaurante Humo Gris, Mario Olvera. Un sujeto le chocó el auto para que se detuviera y así matarlo a tiros.
En mayo de 2024 se registraron dos asesinatos relacionados con ataques en agravio de este tipo de personajes. El día 13, en el exterior de su casa, en la colonia Anáhuac de Ciudad de México, sujetos armados mataron al empresario tabasqueño con actividad aduanera, Carlos Narváez Romero. Luego, nueve días después, escoltas de un empresario de Jalisco abatieron a tiros uno de tres presuntos delincuentes armados que pretendieron desapoderarlos de una camioneta Lamborghini Urus valuada en 4.5 millones de pesos. Los otros dos ladrones escaparon.
El 28 de junio fue asesinado de 21 balazos el empresario tequilero Carlos Enrique Newton Frausto, de 50 años. Los hechos ocurrieron en el centro comercial Punto Sao Paulo, en plena zona financiera de Guadalajara, cuando Newton pretendía salir del estacionamiento en su camioneta Suburban. El 5 de julio, en medio de una presunta confusión fue victimado con proyectiles de arma de fuego el empresario hidrocálido Luis Aizpuru, quien circulaba armado tripulando una motocicleta. Agentes ministeriales que presuntamente realizaban un operativo contra robo de vehículos le dispararon.
Dos empresarios de diversos giros fueron asesinados en la misma fecha, el 11 de julio, pero en diferente entidad. El primero, un gallero fue apuñalado dentro de un domicilio de la colonia Santa Rosa del municipio de Tonalá, Jalisco, por cuatro sujetos que al parecer le extorsionaron. Más tarde, se conocía en Chihuahua capital del crimen del empresario de cereales Marcos Gabriel Wisbrun Terrazas. Fue localizado sin vida, y de acuerdo al resultado de la necropsia, su muerte se debió a asfixia por estrangulamiento.
CASO PONCE EN 2023
Víctor Manuel Ponce Ríos, de 57 años de edad, estuvo huyendo de delincuentes durante una década, pero la muerte le alcanzó. Empresario y ganadero, en 2013 salió de Saucillo, Chihuahua junto con su familia para escapar de la violencia que azotaba a la entidad norteña y que ya había cobrado la vida de algunos de sus familiares. El hombre, esposa e hijos, peregrinaron por diversas regiones del país, hasta que se asentaron en el Norte de Jalisco, en el poco conocido municipio de Huejúcar. Ahí rehicieron vida, al instalar una tienda de abarrotes y una carnicería, basado en su experiencia en la producción y el comercio de productos agropecuarios.
Escapar de las amenazas, la extorsión y el cobro de piso no le fue suficiente a la familia Ponce Reyes, ya que diez años después el destino de la violencia les volvió a alcanzar, pero en Jalisco y sus límites con Zacatecas, donde los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se disputan no sólo el territorio por cuestiones de narcotráfico, sino el control de la economía. Víctor Manuel y su trabajador Luis Fernando García fueron privados de la libertad el 25 de mayo de este año, en su centro de acopio de ganado en el libramiento carretero Huejúcar-Monte Escobedo por sujetos armados.
Argelia Reyes, esposa de Víctor, denunció los hechos ante la Fiscalía de Jalisco. Dijo que su marido era ganadero y agricultor, comerciante y carnicero, y que habían salido de su estado natal porque ya era muy peligroso, sin condiciones para continuar en Chihuahua. El día de la desaparición de Ponce Ríos, sus plagiarios saquearon su corral. Pasaron 21 días, hasta que el 15 de junio la propia familia localizó los cuerpos del quincuagenario y de su empleado en Zacatecas.
La ahora viuda relató que en Jalisco se toparon con las mismas circunstancias criminales que les hicieron dejar sus tierras: violencia, extorsiones y cobro de derecho de piso para dejarles realizar sus actividades productivas. Argelia aseguró que no necesitaban amenazarles, pues ya sabían que había que pagar el derecho de piso, sí o sí, y además tomar sus precauciones. “Nosotros, por ejemplo, en nuestros abarrotes y carnicería regularmente cerrábamos a las diez de la noche y empezamos a tener que cerrar a las 8:30 por la inseguridad”, expresó a la cadena radial Notisistema tras el hallazgo del cadáver de su esposo.
A Anais Ponce, hija de Víctor Manuel, nadie le quita de la cabeza que en el levantón de su padre y del trabajador están involucradas autoridades policiales del municipio, pero tratar de que la Fiscalía tome una línea de investigación en ese sentido es casi imposible, al no responderle el Ministerio Público a ella y a su familia: “No hay manera de saber qué avances ha habido en la carpeta de investigación. Se ha pedido la carpeta, las copias de la carpeta de investigación y no se nos han otorgado. Por medio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ellos estaban obligados a ponernos un asesor jurídico, darnos el acompañamiento, y la verdad que estoy muy decepcionada porque en México todo es igual.
“Vamos a ser el vivo ejemplo por muchos años, ¿no?, de que esta familia se va huyendo de la violencia. Nosotros ya hemos tenido pérdidas humanas y a raíz de eso es el desplazamiento; de que decimos ‘no nos podemos poner a enfrentar a estas personas’, porque por más que denunciamos, las mismas autoridades hablan ‘aquí está denunciando tal familia’, y pues hay repercusiones siempre que se hace una denuncia o un señalamiento”, agregó Anais, para quien no existe credibilidad ni confianza en ningún nivel de gobierno y lo mejor sería continuar su éxodo, pero a Estados Unidos.
