“Ha defendido como propia la reforma judicial que pretende acabar con la representación del Poder Judicial tal y como se conoce hoy día, para meterlo en un proceso de ‘transformación’ más inclinado al obradorismo que a la autonomía”.
No es un secreto el desprecio que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le tiene al Poder Judicial, se trata de una cuestión pública validada un día sí y otro también, en su conferencia matutina diaria, intensificada ciertamente a partir de la salida de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del ahora ex ministro y férreo mornista y amloista, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a quien de hecho con una reforma a modo presidencial, López Obrador intentó dejar en tal posición hasta que llegara el día de su retiro.
Parece ser una cuestión de poder, al presidente, es evidente, no le es de su agrado compartir el poder, así sea con los otros dos poderes de la Unión, el Legislativo con el cual no tiene conflicto alguno dado que su partido tiene, y tendrá por ahora, la mayoría, y el Judicial, que en su responsabilidad de salvaguardar la Constitución, ha sido un dique de contención a las reformas que de manera unilateral ha propuesto el Ejecutivo Federal, algunas de las cuales han sido detenidas.
En su cruzada por incidir también en el Poder Judicial, como lo hace en el Legislativo, López Obrador ha nombrado a cinco de los once ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en estricto orden de designación: José Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz Ahlf, y Lenia Batres Guadarrama. Sin embargo, dos de ellos, González Alcántara y Ríos Farjat, comprometidos con su participación en el Poder Judicial, accionan a favor de la Constitución, lo cual en ocasiones ha sido contra los designios del presidente por lo que este los ha tachado de traidores, de no tener principios ni convicciones, y aceptó haberse equivocado al proponerlos para el alto cargo en el Judicial.
Líder de dos poderes de la Unión, del Ejecutivo y del Legislativo, el presidente López Obrador también quiere el control del Judicial, o por lo menos pretende legarlo a la futura presidenta de México, su pupila, aliada y seguidora, Claudia Sheinbaum Pardo, quien en una gira conjunta y en sus presentaciones en lo individual se ha presentado como la más fiel partidaria del presidente y las propuestas que este hace y que impactarán en los próximos seis años en la administración de la primera mujer mandataria nacional de la República Mexicana.
Otro de los fieles de López Obrador, Ignacio Mier Velazco, el coordinador de los legisladores morenistas en la Cámara de Diputados, ha puesto las banderillas a la reforma, cuya estocada final programan para la próxima semana. Ni el presidente ni los legisladores de Morena, ni la futura mandataria nacional, son sensibles a las manifestaciones no solo de opositores, ciudadanos, organismos civiles, sino de trabajadores del Poder Judicial que, al sentirse ignorados, no representados en la iniciativa oficialista de Morena, ni considerados para el desarrollo del Poder Judicial, han realizado un paro de labores. De hecho, el presidente los ninguneó al restarle méritos a su trabajo, cuando dijo:
Mier Velazco por su parte ha confirmado que, pese a las protestas, las manifestaciones y el paro de labores en el Poder Judicial, la reforma judicial del presidente López Obrador sigue su curso en el proceso legislativo y la próxima semana se dictaminará. La idea del morenismo y su líder máximo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que la reforma sea votada en cuanto llegue el 1 de septiembre y tome posesión la nueva legislatura, en la que su partido y sus institutos políticos aliados, tengan la mayoría calificada para aprobar cualquier enmienda constitucional, con lo cual parece estar muy de acuerdo la presidenta electa, Sheinbaum Pardo, quien más allá de darle su personalidad a la próxima administración federal, se ha comprometido al continuismo del sexenio lópezobradorista y la consumación las promesas y las grandes obras del tabasqueño que no alcanzará a concluir al fin de su periodo presidencial el próximo 1 de octubre de 2024.
El brete en el que han metido al Poder Judicial los de Morena guiados por el presidente López Obrador, no significa necesariamente una urgente reestructuración del Poder Judicial ante casos de corrupción, redes de amiguismo y favoritismo, sino más bien una “transformación” del último poder independiente y autónomo, al morenismo. A ponderar la filiación y la ideología obradorista por encima de la experiencia y la capacidad en el tema de la justicia, a desechar los concursos de aptitudes, análisis y conocimientos, por la consumación de ligeros requisitos y el favorecimiento del azar en una tómbola, todo, para controlar lo que hasta el momento no ha podido: al Poder Judicial.
Lo grave, lo expuso concienzudamente el ministro Luis María Aguilar Morales: “Si no hay Suprema Corte Independiente que haga respetar la Constitución y por lo tanto los derechos humanos, porque eso es lo finalmente importante, esto es para acabarse, entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable, porque sería una sola persona la que decidiera todo”.
