Aunque las autoridades de los tres órdenes de Gobierno sostienen que las inversiones en proyectos turísticos generan solo desarrollo económico para Baja California Sur, habitantes de comunidades con acceso al mar cuentan la otra cara de la historia: una donde el despojo del patrimonio natural toma protagonismo para afectación de los nativos, que durante toda su vida gozaron de la riqueza de sus tierras y ahora luchan contra la invasión de cuello blanco.
Es así como pobladores de La Ribera cuentan a través de sus testimonios la problemática que enfrentan y que se ha complicado con los años, sin que haya una sola autoridad que dé la cara por ellos, mientras intentan organizarse para detener el paso voraz de la “industria blanca”: ésa que no contamina, pero que sí despoja, según palabras de los afectados.
Todos los testimonios recabados se mantendrán en el anonimato, esto por petición de las personas que participaron en este reportaje.
“Estamos teniendo esta situación de ocupación de casi toda la línea de costa por parte de inversionistas, algunos son hasta casas habitación; no necesariamente proyectos de turismo, pero al final y al cabo hacen lo mismo: nos quitan el espacio de acceso principalmente y se vuelve complicada la convivencia en la playa, cuando se supone que es playa para todos”, comenta un ciudadano que lleva más de 40 años viviendo en La Ribera.
Enfatizan que todo esto ocurre desde que los inversionistas compran, como que se les vende la idea de que la playa es un espacio privado, ya sea para ellos como familia o para sus clientes.
“Es como el mal entendido que hay, no sé por qué razón, de que hay playas privadas. Creo que es algo que nos ha causado mucho daño porque no hay playas privadas, pero la gente asume de esa manera la situación, tanto inversionistas como usuarios”, menciona.
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“Si a nosotros nos dicen ‘no, no puedes pasar, es privado’, nos damos la vuelta y lo aceptamos, cuando no es así. Es un mal entendido para todos”, agregó.
En los últimos años se han encontrado con proyectos que tienen décadas en especulación, con toda la orilla protegida como un espacio privado. Aunque no hay hoteles todavía, alguien se presume dueño y está todo cercado a pesar de que no hay nada desarrollado aún.
“Nosotros como comunidad, como gente del pueblo, no podíamos ir al frente de la playa por el hotel, tendríamos que estar rodeando todo para poder llegar. Y pues lo que hace la gente es que al final del día no vas habiendo otras playas”, comparten.
Los habitantes de La Ribera narran que históricamente contaron con accesos a la playa por cada calle que había en el pueblo, en donde cada una de las pendientes les permitía llegar al mar.
Caminaban alrededor de 100 metros y ya contaban con una entrada a la línea de costa; todo cambió cuando los inversionistas llegaron en cascada a la comunidad.
Hay un proyecto en particular, que señalan por haber comprado el frente del pueblo cuando no debieron comprarlo porque es un humedal, y por ende es un terreno nacional que no podía escriturarse y no podía venderse.
Sin embargo, sucedió y lo adquirieron desde el 2007 durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón.
“Esa es parte justo del frente del pueblito hacia el mar, entonces todos los accesos que teníamos en esa parte fueron ocupados por ellos. Y como ‘favor’ que nos hicieron, al límite sur de su predio dejaron un acceso; ese acceso se hizo apenas cuando ellos compraron, no se usó antes de eso”, denuncian.
Pasaron ya 17 años desde que llegaron y ahora les quitarán ese acceso porque compraron el predio de enseguida; en cambio le dejarán a la población un espacio en un arroyo para llegar al mar, el cual no será transitable cuando llueva.
“No es justo y no es correcto, nosotros por derecho ya, inclusive en la ley lo dice, que para un espacio que hemos usado por 17 años, aunque sea propiedad privada, es una servidumbre de paso. El Gobierno debería hacer la tramitación correspondiente para nosotros tener esa garantía”, expresaron.
Últimamente, cuentan, los propietarios de estos desarrollos han cambiado un poco su estrategia, porque cuando recién empezaron con todo esto de la ocupación del territorio en esa parte “sí se sentían los dueños y señores” y sí les aseguraban que el frente de playa era privado y que se tenían que retirar.
Después de diversas confrontaciones cayeron en cuenta de que era un argumento inválido, ya que el concepto de “playa privada” no existe en México.
Otro aspecto que complica todo en la defensa del territorio para los pobladores es que la mayoría de los hoteleros en La Ribera tiene concesiones por protección de tortuga prieta y gallito marino, que utilizan como argumento para impedir el paso con “motivo de conservación de estas especies”.
“Son los más destructores y depredadores porque modifican toda la línea de costa, porque tienen alumbrados, tienen barreras; sin embargo, es a ellos a los que se les da la concesión de poder trabajar la protección de tortuga que los defiende de muchas situaciones legales también”, acusan.
“Eso nos decían cuando pasábamos por enfrente de su hotel; al principio decían que no pasáramos porque tenían anidación del gallito marino, cuando vieron que no nos íbamos a dejar de esa situación dijeron: ‘Bueno, tengan cuidado con los nidos’. ¿Cómo va a haber nidos de gallito marino cuando están trabajando con maquinaria pesada?”, cuestionaron.
En este escenario, señalan que el Gobierno es cómplice de inversionistas a través de estos esquemas de protección de especies, lo que complica todo para las comunidades como La Ribera.
Sin ordenamiento urbano
Uno de los puntos que observan que ayuda a agravar la situación es que La Ribera no cuenta con un Programa de Desarrollo Urbano (PDU) que permita establecer el entramado de la mancha poblacional y ponga las reglas claras del juego.
En los intentos de organización ciudadana, mencionan que tuvieron reuniones con autoridades municipales de Desarrollo Urbano en donde se cuestionó cuál era el estatus jurídico y reglamentado de los accesos a playa que tienen ahora.
Sin embargo, comentan que las autoridades evadieron responder, desestimando el intento de organización y dándoles “atole con el dedo”, mencionando que el Instituto Municipal de Planeación (Implan) está haciendo un levantamiento o un inventario de todos los accesos a playa.
“Esa era la respuesta, pero no nos decía que en la calle tal. Falta ordenamiento urbano a propósito, para beneficiar a los proyectos turísticos”, apuntan.
Comparten que desde hace 12 años se han registrado alrededor de seis procesos para ordenar la comunidad y todos han sido un fracaso, pues llegan a la parte de hacer propuesta de ordenamiento y todo queda en el olvido.
“Pasa una administración, pasa otra administración y a propósito nada sucede, nada se concreta; y seguimos teniendo las mismas lagunas de ley, la misma situación de corrupción donde hay instancias del mismo Gobierno Federal, Estatal y Municipal que se asocian con estos inversionistas y hacen la magia”, denuncian.
“La magia es que quitan dunas para construir; floteen los cauces de los arroyos, que rellenen los esteros… Toda esa ‘magia’ ha pasado durante ese tiempo”, agregan.
Dejan en claro que no es un asunto de promoventes de desarrollo, sino de corrupción en los mecanismos de autoridad, algo sistematizado porque no se trata de un solo funcionario.
Falta regulación y actualización
Sarahí Gómez Villada, coordinadora del Área de Investigación para la oficina noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), explicó que lo único que rige toda esa parte del territorio del municipio de Los Cabos es el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), mientras que los únicos centros de población que cuentan con un PDU son San José del Cabo y Cabo San Lucas.
En este contexto, confirmó que el resto del territorio, como no están decretados como centro de población, les aplica el POEL, que es de 1995.
“Ahí el gobierno tenía hace unos años la intención programas subregionales de desarrollo urbano en ciertas localidades; hasta se hizo todo el proceso de talleres, se hizo un borrador y todo de un programa de desarrollo urbano para el centro de población de Buenavista, La Ribera y Cabo Pulmo, pero todo quedó en el tintero. Ya no siguió”, expuso.
“Ahorita el único instrumento que aplica en esa zona es el POEL, que es del 95. Justamente como es un instrumento que ya queda obsoleto porque ya ha pasado mucho tiempo, ya las condiciones ambientales como sociales, como económicas ya cambiaron”, reiteró.
Es por ello que la especialista recalca que se necesita actualizar el instrumento para que realmente cumpla con su función de ordenar el territorio, brindar protección y conservación al entorno natural; también para sentar las bases para que las actividades productivas y económicas se desarrollen de la mejor manera, priorizando la conservación de los elementos naturales y de la vocación de la comunidad.
Asimismo, coincidió en que el hecho de que poblados como La Ribera no cuenten con un PDU beneficia a los proyectos turísticos, ya que no hay nada segmentado y resguardado en el trazado urbano de La Ribera.
Esto, según la especialista, a pesar de que la comunidad ya cuenta con las condiciones para contar con un ordenamiento de este tipo.
“Estos proyectos justamente han venido a detonar todo este crecimiento, además de que ya hay un crecimiento exponencial de la población con todo lo que un proyecto detona”, dijo.
Sarahí Gómez indicó que hay un estudio que habla sobre el crecimiento asociado a estos proyectos, elaborado por la consultora en colaboración con el Implan de Los Cabos, que establece que por cada cuarto de hotel que se construye se genera una población de 15 personas asociadas a la obra, considerando el trabajo directo, indirecto e informal ya familiares que acompañan al empleado.
Es una población que si se multiplica, por el número de cuartos que se va a construir en determinada zona, va a demandar vivienda, servicios públicos como agua, drenaje, luz; y meterá presión a los recursos que en muchas ocasiones no se garantizan para los propios habitantes.
“Todos esos servicios y necesidades las tendría que cubrir el municipio, obviamente no se da abasto el municipio. ¿Qué es lo que pasa? Que todas esas poblaciones terminan volviéndose una carga no sólo para el municipio sino también para el ambiente”, enfatizó.
