Con la mayoría de votos de los grupos legislativos de Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó, el 23 de agosto de 2024, en lo general, una iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propuso la desaparición de siete órganos constitucionales autónomos y el dictamen se turnó al Pleno de la siguiente Legislatura, que comenzaría el 1 de septiembre del mismo año.
Entre los órganos constitucionales autónomos que desparecerían estarían; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); y, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación (MEJORADU).
El dictamen se aprobó, en la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, en lo general, por 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones. Mientras que en lo particular, fueron 22 sufragios en pro, 16 en contra y cero abstenciones. Luego se remitió a la Mesa Directiva de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, para su discusión y aprobación o no.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales manifestó su preocupación e hizo un llamado urgente a los legisladores y a la sociedad, para dialogar dicho propuesta que ”afectaría la calidad de la vida pública y la confianza ciudadana en las instituciones”.
”Esta reforma es un retroceso que afectará gravemente el ejercicio pleno de los derechos humanos en nuestro país. El INAI no es solo un organismo; es una piedra angular en la construcción de una democracia sólida y transparente”, destacó el INAI
Por su parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dijo que el dictamen aprobado planteaba modificaciones constitucionales que implicaban el resurgimiento de un modelo institucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Mismo ”que demostró serias limitaciones para asegurar que más personas tuvieran acceso a más y mejores servicios, así como para incrementar la competencia en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, lo que conllevaría un grave retroceso en perjuicio de las personas usuarias y audiencias en nuestro país”, externó el IFT.
”Con el modelo institucional anterior a la reforma constitucional de 2013, las decisiones colegiadas del regulador estaban supeditadas a la revisión de una persona dentro de la misma dependencia a la que estaba subordinado, es decir, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien podía modificar o revocar determinaciones del regulador en atención a las coyunturas, situación que alejaba la toma de decisiones de criterios técnicos y jurídicos claros y robustos”, expuso el Instituto.
Por su parte, la Comisión Federal de Competencia Económica enfatizó que era indispensable diseñar una reforma que asegurara el fomento a la libre competencia y que beneficiara a los consumidores, protegiera a las micro, pequeñas y medianas empresas, e impulsara el desarrollo regional y atrajera la inversión.
En un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) destacó que la desaparición de dichos órganos constitucionales autónomos sólo representaría 0.05 por ciento del presupuesto federal, por lo que no era válido el argumento de que era necesario eliminarlos por austeridad.
“La eliminación de estos organismos no sólo debilitaría la competencia económica, sino que socava los principios fundamentales de la democracia al eliminar los contrapesos que aseguran la rendición de cuentas y el ejercicio de derechos fundamentales como la protección de datos personales y el acceso a la información”, afirmó la COPARMEX.
El sindicato patronal apuntó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales era una entidad clave para garantizar la transparencia gubernamental y el acceso a la información, especialmente en investigaciones periodísticas. “La desaparición del INAI representa un retroceso en la lucha contra la corrupción y en el derecho a la privacidad y la transparencia”, consideró.
Asimismo, la COPARMEX externó su oposición a la COFECE, la CRE y el IFT cuya labor, según insistió, era fundamental para garantizar la competencia económica justa y proteger el bienestar de los consumidores.
“Estos órganos funcionan como contrapesos efectivos y como herramientas de defensa para la ciudadanía frente a posibles abusos del poder. Al ser independientes, ofrecen un recurso para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos y para que exista un control sobre las acciones del Gobierno”, agregó el sindicato patronal.
La COPARMEX afirmó que la aprobación del dictamen en la citada Comisión de San Lázaro era solo un primer paso en el proceso legislativo, por lo que hizo un llamado a los legisladores, a reflexionar sobre las consecuencias de continuar con dicho proyecto.
“Hacemos un llamado urgente a los legisladores a reflexionar sobre las graves consecuencias que tendría la desaparición de estos organismos autónomos para la democracia y bienestar social en México. Seguiremos defendiendo la existencia de estos entes que son pilares esenciales para la protección de los derechos ciudadanos y la preservación de un sistema democrático robusto”, subrayó el sindicato patronal.
Según la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal a San Lázaro, el 5 de febrero de 2024, dentro de un paquete de 20 reformas, dichos órganos constitucionales autónomos habían recibido más de 32.3 mil millones de pesos desde su creación, los cuales, Indicó el proyecto, equivalían a 5 millones de pensiones bimestrales para los adultos mayores.
Por lo que, bajo los principios de austeridad republicana, se buscaba reincorporar sus funciones a las instituciones de la Administración Pública Federal, además de que pretendía que los ahorros que se generaran por estas extinciones, se destinaran al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El proyecto avalado establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones desaparecería, por lo que sus actividades pasarán a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes (SICT). También se extinguiría el Comisión Federal de Competencia Económica y sus acciones, como garantizar la libre competencia y concurrencia en los mercados, para pasar a la Secretaría de Economía (SE).
Además, el proyecto aprobado modificaría el artículo 28 de la Constitución para extinguir los órganos reguladores en materia energética, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, buscando que la Secretaría de Energía (SENER) contara con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad de sancionar en materia energética e hidrocarburos.
Otro organismo que desaparecería es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuyas funciones se trasladarían a la Secretaría de la Función Pública (SFP), al órgano de control del Poder Judicial de la Federación (PJF) y a las contralorías del Congreso de la Unión, lo que pretendería replicarse a nivel estatal.
Asimismo, se extinguiría el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, cuyas funciones, como la medición de la pobreza y evaluación de programas sociales, serían ahora del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
