La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) emitió una convocatoria, el 16 de agosto de 2024, para votar por llevar cabo o no, un paro nacional, a partir de las 00:00 horas del 21 del mismo mes y año, en protesta por la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero del mismo año, al Congreso de la Unión.
“De igual forma, y con la intención de que este movimiento no altere el orden público, así como la protección de derechos y libertades de la sociedad en general relacionadas con el acceso a la justicia, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, en concordancia con los diversos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y en la observación general 37.50 del Comité de Derechos Humanos, donde se contemplan una lista exhaustiva de los fines legítimos que pueden restringir ese derecho; y, en términos del artículo 29 Constitucional, no se podrán restringir ni suspender el ejercicio de derechos, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de los mismos, incluyendo su tutela jurisdiccional, por lo que se mantendrá la atención de asuntos urgentes, que se realizará conforme al calendario de guardias regulares que establecido por el Consejo de la Judicatura Federal”, detalló la JUFED, en un comunicado.
“La relación de los asuntos urgentes se precisará en la declaratoria formal de suspensión de labores, que en su caso se emitirá una vez que se cuente con el acta de escrutinio, por lo anterior y de acuerdo al estado en que se encuentra el proceso legislativo de la llamada reforma judicial”, agregó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.
“La suspensión de labores dará inicio a las 00:00 horas del día miércoles 21 de agosto de 2024 y continuará, hasta que se cumplan nuestras peticiones, y dicha suspensión se levantará con la aprobación de las Mesas Directivas Nacional y Regionales de la JUFED. Esta asociación, está abierta al diálogo cierto que dé pauta a una negociación en la que a través de consensos se llegue a la mejor de las propuestas por el bien del Poder Judicial de la Federación como garante de la seguridad jurídica en México”, abundó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.
“Concluido el proceso anterior, la Directiva Nacional de la Asociación, emitirá el comunicado en el que hará del conocimiento de los participantes, del Consejo de la Judicatura Federal y de la opinión pública, el resultado de la votación. Asimismo, se procederá en su caso, a emitir la declaratoria formal de suspensión de las actividades jurisdiccionales”, finalizó la JUFED, su posicionamiento público.
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Un día antes, ya con la constancia de mayoría que la acreditaba como la presidenta electa de la República, Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que la elección de jueces, magistrados y ministros, era un mandato popular, que se plasmó en la votación del 2 de junio de 2024.
Frente a líderes partidistas de Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), incluidos legisladores y gobernadores en funciones y electos, así como miembros de su futuro gabinete, reunidos en el teatro Metropolitan, Sheinbaum Pardo sostuvo que el dictamen sobre la reforma al PJF recogería lo planteado en los foros de discusión, llevados a cabo a nivel nacional.
El 15 de agosto de 2024, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Moisés Ignacio Mier Velazco, adelantó que su partido propondría modificaciones a más de 60 párrafos de la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación.
No obstante, entrevistado por representantes de diversos medios de comunicación, el político poblano se negó a informar en qué consistían dichas modificaciones, pero aseguró que eran producto del análisis de Morena, tras los foros convocados por San Lázaro.
“Si van a hacer la huelga el 19 [de agosto del 2024], nada más les encargaría yo que nos ayuden a resolver ahí, tienen guardados dos expedientes de 35 mil millones de pesos que ya deberían de resolverlos”, indicó, el día 14 del mismo mes y año, el mandatario nacional.
“No hay fundamento legal y los tiene la presidenta, la señora [Norma Lucía] Piña [Hernández] ahí en su escritorio. 35 mil millones, imagínense lo que se puede hacer en beneficio del pueblo”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
Un día antes, la organización no gubernamental internacional Human Rights Watch (HRW), emitió un comunicado, en el cual destacó que la reforma judicial propuesta por López Obrador ignoraba el verdadero problema: a ineficiencia de las fiscalías para investigar y llevar justicia a las víctimas.
Ante ello, la ONG internacional sugirió: fortalecer la supervisión y combatir la corrupción; invertir en capacitación y recursos forenses; proteger a las víctimas; establecer un servicio profesional de carrera que premiara la habilidad y la integridad; además de destituir y castigar a los funcionarios que cometieran abusos.
