Con la mayoría de votos de los grupos legislativos de Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó, el 23 de agosto de 2024, en lo general, una iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propuso la desaparición de siete órganos constitucionales autónomos y el dictamen se turnó al Pleno de la siguiente Legislatura, que comenzaría el 1 de septiembre del mismo año.
Entre los órganos constitucionales autónomos que desparecerían estarían; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); y, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación (MEJORADU).
Según la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal a San Lázaro, el 5 de febrero de 2024, dentro de un paquete de 20 reformas, dichos órganos constitucionales autónomos habían recibido más de 32.3 mil millones de pesos desde su creación, los cuales, Indicó el proyecto, equivalían a 5 millones de pensiones bimestrales para los adultos mayores.
Por lo que, bajo los principios de austeridad republicana, se buscaba reincorporar sus funciones a las instituciones de la Administración Pública Federal, además de que pretendía que los ahorros que se generaran por estas extinciones, se destinaran al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El proyecto avalado establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones desaparecería, por lo que sus actividades pasarán a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes (SICT). También se extinguiría el Comisión Federal de Competencia Económica y sus acciones, como garantizar la libre competencia y concurrencia en los mercados, para pasar a la Secretaría de Economía (SE).
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Además, el proyecto aprobado modificaría el artículo 28 de la Constitución para extinguir los órganos reguladores en materia energética, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, buscando que la Secretaría de Energía (SENER) contara con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad de sancionar en materia energética e hidrocarburos.
Otro organismo que desaparecería es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuyas funciones se trasladarían a la Secretaría de la Función Pública (SFP), al órgano de control del Poder Judicial de la Federación (PJF) y a las contralorías del Congreso de la Unión, lo que pretendería replicarse a nivel estatal.
Asimismo, se extinguiría el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, cuyas funciones, como la medición de la pobreza y evaluación de programas sociales, serían ahora del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
