El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó, el 2 de agosto de 2024, responder a las inquietudes planteadas por Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien, un día antes, envió una extensa carta de 12 cuartillas, al titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano, en la cual expresó su preocupación por la reforma judicial propuesta por político tabasqueño.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el político tabasqueño argumentó que las preocupaciones de la ONU respecto a la reforma judicial no deberían tomarse en serio, ya que, según él, México era un país soberano y tenía el derecho de hacer reformas conforme a su Constitución.
El mandatario nacional también cuestionó los intereses de aquellos que criticaban las reformas, sugiriendo que podrían estar influenciados por oligarquías globales, que buscaban controlar organismos internacionales.
No obstante, a pesar de las críticas de la ONU, el presidente de la República reafirmó que la reforma judicial era una cuestión interna y que el Poder Legislativo, en cumplimiento con los procedimientos legales, determinaría su validez.
Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo Federal criticó la actuación de la ONU, alegando que muchos conflictos internacionales surgían, según él, porque estos organismos no abordaban los problemas de manera efectiva.
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“Hay demasiada diplomacia improductiva en la ONU y en todos sus organismos, mucho turismo diplomático”, afirmó López Obrador, quien también enfatizó que la Constitución mexicana otorgaba al Poder Ejecutivo Federal la facultad de presentar iniciativas de ley para reformar la Constitución, y que el Congreso de la Unión era el encargado de aprobar o rechazar tales reformas.
“La Constitución establece que el pueblo tiene el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El Ejecutivo y el Legislativo tienen roles definidos en este proceso”, explicó el mandatario mexicano.
En su misiva firmada desde Génova, Suiza, la funcionaria de la ONU advirtió que esto podría politizar la justicia, debido a que, según ella, los juzgadores podrían intentar complacer a votantes o patrocinadores de campañas, en lugar de tomar decisiones basadas en la ley.
Además, Satterthwaite mostró su inquietud respecto a la creación del Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, ambos electos por voto popular, al temer que esto aumentara la influencia política sobre el Poder Judicial de la Federación (PJF), comprometiendo su independencia.
Asimismo, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU recordó que la reforma propuso reducir de once a nueve los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que también pretendía acortar su período y eliminar sus haberes de retiro, cambios que, según la funcionaria internacional, podrían afectar la estabilidad y continuidad del trabajo judicial.
Satterthwaite señaló que la reforma equipararía los salarios de los juzgadores al del presidente de la República y que, además, prohibiría la creación de fondos y fideicomisos no previstos en la ley, lo que, según la funcionaria de la ONU, ello podría permitir al titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano ejercer mayor control sobre el PJF y comprometer su autonomía financiera.
Además, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU advirtió que la remoción anticipada de jueces, ello violaba su seguridad en el cargo y la independencia judicial, además de que prohibir a los jueces trabajar durante dos años tras su remoción, afectaría sus derechos laborales.
Asimismo, Satterthwaite comentó que cualquier procedimiento de nombramiento de juzgadores debería garantizar la independencia judicial, ya que deberían, según ella, ser seleccionados basándose en méritos y calificaciones, con mecanismos claros y objetivos para su nombramiento, suspensión y remoción.
Satterthwaite fue nombrada Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, por el Consejo de Derechos Humanos, en octubre de 2022.
Es profesora de Derecho Clínico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, donde dirige la Clínica de Justicia Global y se desempeña como directora académica del Instituto Robert y Helen Bernstein para los Derechos Humanos y del Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Global.
Ha litigado en foros internacionales y nacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Se graduó magna cum laude de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Trabajó para un juez de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos y posteriormente para jueces de la Corte Internacional de Justicia. También para Amnistía Internacional, entre otras organizaciones no gubernamentales.
