Nadie se atreve a referirlo abiertamente dentro del Poder Ejecutivo del Estado, pero la decisión tomada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para incrementar el salario con el respectivo retroactivo al magisterio, asestó un tremendo golpe a la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, la cual tenía presupuestado un incremento del 5 por ciento para 2024, lo que equivale a un estimado de 600 millones de pesos que ya se encuentran en las arcas estatales.
En un anuncio oficial realizado en mayo durante una reunión con el magisterio, el primer mandatario anunció el tradicional ajuste salarial para los maestros, el cual alcanzó el 11.8%, cifra que duplicaba las estimaciones de los gobiernos estatales, quienes -por determinación de la Ley de Disciplina Financiera- sólo pueden estimar aumentos estimados en el crecimiento económico y la inflación.
A prácticamente ninguna entidad del país le generó problemas el anuncio del mandatario federal, debido a que el Gobierno de México se hace cargo de la mayoría de la nómina de los trabajadores de la educación. Para infortunio de los docentes y de la propia gobernadora, en BC el anuncio tomó por sorpresa, toda vez que la mitad de la nómina del magisterio es responsabilidad del Estado, una cifra muy superior a la del resto del país.
De forma sorpresiva, el secretario general de la Sección 37 del del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ampelio Íñiguez Arellano, radicalizó el reclamo y anunció que en caso de no tener cubierto el pago del retroactivo para el arranque del ciclo escolar el próximo 26 de agosto, maestros y administrativos se irían a paro de labores, impidiendo así el regreso a clases.
La advertencia del sindicato estatal trajo consigo un reclamo por parte de la Sección 2 del SNTE como un acto de hermanamiento, además de generar protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por el pago de interinos y el SIETE, sindicato que anunció una demanda ante el Tribunal de Arbitraje en contra de la mandataria estatal, pero rechazaron unirse a la suspensión de labores. En el mismo sentido salieron a protestar también algunos sindicatos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE), que si bien, nada tienen que ver con el pago en cuestión, también se ven afectados por adeudos.
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Ávila Olmeda ha ofrecido diversas tonalidades de discurso, pues en algunas ocasiones reconoce a los docentes y les asegura estar de acuerdo con el incremento, pero en otras ocasiones ha referido que existen salarios de pensiones magisteriales que rondan los 200 mil pesos y ha presumido que se han pagado compromisos de administraciones anteriores.
EL ADEUDO
Cuando en mayo, Andrés Manuel López Obrador anunció el aumento del 11.8% para todo el magisterio del país, poco le importó que en Baja California la Federación sólo se hace cargo del 52% de la nómina. Desde ese momento, la Sección 2 del SNTE recibió su pago correspondiente sin mayores contratiempos -son maestros federales-, pero la Sección 37 se quedó esperando.
El secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía, comentó que por determinaciones de la Ley de Disciplina Financiera, el Estado sólo puede presupuestar incrementos directamente vinculados al crecimiento económico del país y la inflación, con la intención de corregir acuerdos políticos incosteables que históricamente se han otorgado para mantener un control en los sectores públicos. Por ello contemplaron sólo un 4.8 o incluso un 5% como máximo, lo que representa un monto de 600 millones de pesos para 18 mil 700 trabajadores estatales y otros 10 mil jubilados.
Con el anuncio del Presidente, el monto fue de 600 millones a 2 mil 100 millones de pesos de retroactivo, cantidad que -al menos en los últimos 10 años- no se había registrado a nivel nacional.
El anuncio se hizo en mayo, pero fue hasta junio cuando se oficializó el decreto con las respectivas reglas de operación y especificaciones. A partir de ese momento, todos los estados del país reajustaron sus presupuestos para cubrir con los compromisos. Sin embargo, a BC no le alcanzó el recurso para cubrirlo y solicitó apoyo del Gobierno de México.
Según Moreno Mexía, cada semana se han reunido con funcionarios federales, se entregó formalmente la documentación correspondiente, pero ahora sólo queda esperar a que se libere el recurso, el cual -aseguró- será dispersado antes de que concluya la administración de AMLO.
Sin embargo, tal argumento es insuficiente para el sindicato local, el cual inició un paro laboral que inició esta semana y amagan con extenderlo al lunes 26 de agosto, fecha en que se tiene previsto el regreso a clases.
RECLAMO SINDICAL
En las últimas semanas se han publicado desplegados firmados por Ampelio Íñiguez Arellano y Juan Enrique Villanueva, acusando falsedad del secretario de Educación, Luis Gallegos, en torno a los pagos correspondientes. De hecho, por esa vía han advertido que no aceptarán el pago parcial del retroactivo, y de no saldarlo a tiempo, no regresarán a clases.
Las advertencias de Ampelio Íñiguez se dan en un contexto de necesidad de legitimidad, pues el próximo año se vendrá la elección para la nueva dirigencia sindical y actualmente su imagen se ve afectada debido -precisamente- a su cercanía con Marina del Pilar Ávila.
Uno de los primeros que se unió al reclamo fue Juan Enrique Villanueva Villa, el cual emitió un desplegado el pasado 15 de agosto, informando que el Poder Ejecutivo no había cumplido con los compromisos de pago por concepto de la nómina de rechazos del FONE, pero un documento en poder de ZETA confirma que el SNTE tenía conocimiento de que para esa fecha sólo se pagarían 20 millones de pesos y se completarían las erogaciones en las próximas quincenas.
El documento está firmado por Raymundo Valdivia Hernández y Marcos Alberto Pérez, el primero, representante del SNTE a nivel nacional y el segundo subsecretario de Planeación y Finanzas del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP), donde se hace mención que el propio Villanueva se encuentra de acuerdo. El resto de los pagos están aprobados para la primera quincena de septiembre y la segunda de octubre.
A las señales de inconformidad se unió el Sindicato Independiente Estatal de Trabajadores de la Educación (SIETE). Jesús Salvador Rubio se hizo acompañar de sus agremiados para presentar una demanda en contra de la gobernadora ante el Tribunal de Arbitraje, con la intención de que responda por el pago de retroactivo para los 2 mil trabajadores que representa.
En entrevista, comentó que ellos buscarán respuestas por la vía jurídica y no a través de paros laborales, pues no se puede justificar la violación de derechos a través de las afectaciones a la niñez del Estado.
También reclamó que se encuentran inconformes con la restricción de que deban pasar tres años para que el sindicato disponga de las bases sindicales, y que el Plan de Beneficios que se paga a magisterio y burocracia, se está cubriendo a plazos para los maestros, lo que consideran un acto de “discriminación”, pues a los trabajadores del Estado se les paga completo. Esta prestación corresponde a 65 meses de salario.
La CNTE ha tomado casetas en Tijuana e incluso advirtió un paro de labores en conjunto con la Sección 37, aunque a ellos se les ha cubierto el pago federal; sin embargo, aún no tienen respuesta para los 300 interinos con pago pendiente.
De manera paralela, el Frente Estatal Magisterial, a través de su vocero Rigoberto Castillo García, emitió un duro posicionamiento contra Marina del Pilar, asegurando que cometen las mismas prácticas dilatorias de los gobiernos anteriores para no pagar el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ni Issstecali a los maestros, además de no cumplir con los compromisos laborales dispuestos y presupuestados.
“Acusamos al Estado de usar el presupuesto de manera irresponsable, así como las diversas partidas del ámbito federal para este mismo sector, que siguen agravando la situación de interinos y jubilados, que son los más vulnerables del magisterio. A los activos sin cobrar con periodos de espera de dos años, esto es una infamia, asimismo, explotando a los maestros jubilados cuatro años de más de lo que deberían”, denuncian.
PRÉSTAMO, FEDERALIZACIÓN Y REFORMA A LEY DE ISSSTECALI
Aunque ni el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexía, y ni el de Educación, Luis Gallegos Cortez lo dicen, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estaría liberando los recursos para el pago del retroactivo en un periodo de tres semanas, tentativamente, debido a que es lo que tomarían todos los procesos burocráticos para el pago. Sin embargo, no se pueden dar el julio de definir una fecha.
A pregunta directa sobre la posibilidad de hacerse de un crédito a corto plazo, Moreno Mexía aseveró que es una posibilidad para así tener liquidez suficiente para cubrir el compromiso con el magisterio. Es decir, endeudarse para cubrir la nómina magisterial.
Sin embargo, pretenden mantenerse en espera hasta que se defina una fecha de pago por parte del Gobierno de México.
Tanto Moreno Mexía como Gallegos Cortez, consideran que habrá un pago para antes del 30 de septiembre, pero reconocen que lo necesitan antes.
Respecto a la división del recurso, comentaron que 18 mil 700 trabajadores activos y 10 mil jubilados recibirán el retroactivo, al menos una tercera parte corresponde a un beneficio para quienes ya cumplieron 30 años de servicio, debido al esquema de jubilación dinámica.
Gallegos Cortez aseveró que el promedio de las jubilaciones docentes en el resto del país es de 20 mil pesos, pero por los esquemas mutualistas definidos en Issstecali, perciben alrededor de 50 mil pesos, en promedio.
Según el análisis realizado por el Poder Ejecutivo, en BC existe un gran número de jubilados con un sueldo mensual de 237 mil 652 pesos, lo que son las consideradas jubilaciones doradas, mientras que las top rondan los 180 mil 126 pesos. El resto, 50 mil pesos.
Según Moreno Mexía, Baja California paga 48% de la nómina del magisterio, convirtiéndose en la entidad con mayor cobertura a nivel nacional, cuando estados como Campeche no pagan un solo peso por concepto de nómina de trabajadores de la educación.
El promedio estatal ronda el 25%, lo cual quiere decir que, de darse la federalización de la educación, el Estado tendría libres 8 mil millones de pesos para destinarlos en otros rubros, aunado a que la situación de Issstecali ya es insostenible y existen avances en los que se pudiera concretar una reforma al sistema de pensiones de los trabajadores estatales, toda vez que el compromiso genera un grave compromiso financiero que no puede sostenerse.
Según información de OBSERBC, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issstecali) tiene un déficit de 267 mil 771 millones 286 mil 759.19 pesos, derivado de diversas cuestiones, desde esquemas de apoyos sociales, hasta los compromisos del sistema de pensiones del Estado, pues sólo en este, BC destina más de 14 mil millones de pesos.
