La empresa que ha reportado 10 incendios en 10 años, fue suspendida parcialmente por Gobierno del Estado por malos manejos en sus procesos… ¿Y las demás?
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente dirigida por Mónica Vega, se una a la lista de funcionarias que se ven obligadas a clausurar parcial o totalmente a la empresa Zahori, ubicada al Poniente de la ciudad, luego de un incendio de grandes proporciones en la planta, que culminó con altos niveles de contaminación en la región.
Además, con una multa y suspensión de la empresa propiedad de Federico Díaz Gallegos y -dicho sea de paso- Carlo Bonfante, ex secretario de Economía de Francisco Vega de Lamadrid.
Zahori siempre ha estado vinculada de una u otra forma al poder, aunque durante la gestión del último gobernador panista -al menos oficialmente- fue mucho más evidente. Pese a ello, a lo largo de los años ha sido poco inspeccionada y sancionada.
Según información oficial de la Secretaría de Medio Ambiente, de 2014 a la fecha, la empresa ha registrado diez incendios de diversa índole, de los cuales sólo en las gestiones morenistas se les han impuesto sanciones formalmente.
Publicidad
__
Durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, la empresa fue cerrada por las medidas derivadas de la pandemia, pero también se presentó una denuncia por el impago de derechos de reconexión del servicio de agua. El tema no avanzó más allá de lo mediático.
El gobierno de Ávila Olmeda ha sancionado ya tres veces -en tres años- a la empresa, debido a que incumple con las medidas de salubridad, todas, derivadas de algún incendio.
Si bien, es positivo que se esté tomando en serio el nivel de contaminación que pueda generar una empresa, hay que reconocer que no es la única que está provocando los altos niveles de contaminación. Todos los incendios de grandes empresas de este tipo deberían tener una sanción, y ya sea por omisión o incapacidad técnica, no se ejecutan las mismas.
Hace aproximadamente un año, el diputado panista Diego Echevarría presentó la Ley Estatal de Responsabilidad Ambiental, homologación del esquema de sanciones a nivel federal, el cual debió hacerse desde 2013, pero el Estado ha incumplido con esa disposición.
El planteamiento de dicha Ley modifica el esquema para la investigación y sanción hacia empresas que contaminan, pues ahora pretende hacer que cualquier acusación hacia un negocio por contaminación deba ser investigada, pero traslada la carga de la prueba hacia el acusado, en vez de que sea la autoridad la que descubra o que el ciudadano obtenga pruebas en su contra.
Este planteamiento legal pretende facilitar que cualquier ciudadano pueda interponer denuncias por considerar que hay afectaciones a su salud derivadas de la contaminación que pueda generar alguna empresa, y tanto el gobierno como el Poder Judicial, se ven obligados a atenderlo, mientras que la empresa se obliga a demostrar que es falsa la acusación o que cumple con todos los lineamientos de la Ley.
Infortunadamente, el Congreso del Estado lleva más de un año sin avanzar en esta iniciativa, la cual quedó congelada pese a la venia del propio Poder Ejecutivo.
En estos contextos donde el mundo entero se preocupa por el cambio climático, los gobiernos locales y federal deben preocuparse más por los altos niveles de contaminación que se manejan en el aire de Mexicali, en Playas de Tijuana y Ensenada. No debemos normalizar vivir en la contaminación y que las autoridades no ejerzan sus facultades para sancionar a quienes la cometen.
Veremos si le vuelven a dar el permiso a la empresa Zahori para operar en su totalidad, pero no olviden que muchas otras también han sufrido incendios catastróficos o que generan niveles de contaminación, como las empresas ganaderas; o aquellas que consumen altos niveles de agua, como las orientadas a la tecnología.
