La mayoría de los jueces y magistrados del país se pronunciaron, el 12 de julio de 2024, contra la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno, por la mandataria nacional electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y el partido Morena.
A través de un extenso pronunciamiento que se leyó de forma simultánea en recintos judiciales de las 32 entidades federativas, los representantes de 1,700 jueces y magistrados federales y 54 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), denunciaron que durante los últimos seis años habían sido víctimas de calumnias, amenazas y discursos de odio que salían de Palacio Nacional y la Presidencia de la República.
Los juzgadores acusaron que los ‘Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial’, organizados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no eran más que una práctica dilatoria para “maquillar” la destrucción del “único contrapeso al poder político absoluto”.
Asimismo, la mayoría de los jueces y magistrados del país negaron que pertenecieran a una élite y liberaran por sistema a delincuentes. Además, calificaron como un grave error la idea de someter su nombramiento al voto popular.
La mayoría de jueces y magistrados del país añadieron que la propuesta de reforma judicial, sí atentaba contra la división de poderes y la carrera judicial de una mayoría de servidores públicos provenientes escuelas y universidades públicas, destacando la falsedad de la mayoría de las acusaciones en su contra.
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Los juzgadores advirtieron que el único fin de la reforma judicial “es destruir a la única institución pública que ha frenado la instauración de un poder político absoluto” y advirtieron que los jueces y magistrados federales están en contra de “cualquier invitación a compartir el poder político”.
La mayoría de jueces y magistrados del país agregaron que los impartidores de justicia, en contraste con un Gobierno que podía recurrir a grupos antimotines para imponer una decisión, solo tenían su “capacidad, independencia y autonomía” para poder emitir sentencias, por lo que tampoco recurrían al poder de las urnas para “juzgar o perseguir” personas por sus ideas políticas:
Los juzgadores señalaron que la iniciativa de reforma judicial que envió el presidente de la República a San Lázaro, el 5 de febrero de 2024, era una venganza y una represalia por “no ceder a las exigencias de subordinación de los otros dos poderes”, es decir, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.
La misiva fue firmada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) -que preside la jueza Juana Fuentes Velázquez y que tiene a más de 1,500 miembros-, además de la Asociación Mexicana de Juzgadoras; Todos Somos Guardianes de la Constitución; Justicia Independiente; el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal; y, la Asociación Mexicana de Juezas y Magistradas.
Por otra parte, en el marco del Día del Abogado, convocados por la JUFED, más de 200 magistrados y jueces federales, además de trabajadores del PJF, se manifestaron afuera de la sede del Poder Judicial de la Federación, en San Lázaro, para protestar contra la reforma judicial.
Los mpartidores de justicia del Poder Judicial de la Federación anunciaron que preparaban una estrategia jurídica para combatir la eventual sobrerrepresentación de Morena y sus aliados -de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM), en el Congreso de la Unión, la cual facilitaría la reforma judicial.
El magistrado Mauricio Barajas Villa, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, explicó que se trataba de una estrategia legal de dos líneas contra la reforma judicial, una para revertir la captura de este Poder de la Unión por parte del Ejecutivo y otra contra la sobrerrepresentación de los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM.
“La primera [línea de defensa], para acudir a los órganos internacionales de protección de derechos humanos e impugnar en su momento, la hoy inminente reforma constitucional en cuya pretensión principal se encuentra la captura, cooptación y sometimiento de un poder soberano de la Unión como es el judicial; se trata de contener, revertir y reconducir por cauces racionales una reforma”, dijo el magistrado, durante su intervención, afuera del Palacio de Justicia de San Lázaro.
“En otra acción también jurídica se delinean las estrategias para enfrentar la asignación de los diputados por representación proporcional con la pretensión de que la fuerza política dominante no alcance (como de hecho no alcanzó) las dos terceras partes de cada una de las cámaras que integran el Congreso de la Unión”, abundó Barajas Villa.
“En este sentido, cabe reflexionar sobre dos aspectos fundamentales; lo que representa pretender que con el 52 por ciento de la votación se alcance más del 70 por ciento de las curules en la Cámara baja en clara contravención al principio de igualdad del voto, y, por otro lado, que se nos reitere como una decisión ya tomada esta anunciada reforma sobre la base de un supuesto referéndum ocurrido el dos de junio de este año siendo que, en realidad, esta reforma representó uno de tantos temas y propuestas de la campaña vencedora, que no ha sido sometida a una auténtica deliberación democrática en el seno del órgano parlamentario”, insistió el magistrado.
Por su parte, Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la JUFED, afirmó que la elección de jueces mediante el voto popular y la creación de un tribunal de disciplina que verificarían sus sentencias, eran propuestas para someter la impartición de justicia y abolir el mérito como método de selección, para suplirlo por la política.
La jueza alertó que, de aprobarse en los términos propuestos, la iniciativa del Ejecutivo pondría en riesgo la democracia e, incluso, la República.
“Tenemos que decirlo con toda contundencia: una reforma apresurada, fincada en un solo punto de vista, es inaceptable para nosotros, pone en riesgo la democracia y puede poner de rodillas a la República”, señaló Fuentes Velázquez.
“Si se decidiera no oírnos y, peor, oírnos para no ser escuchados ni nosotros ni aquellos que también deben ser tenidos en cuenta, y así se aprobase la reforma, las mujeres y los hombres que trabajamos en los tribunales y juzgados del país habremos de considerar las vías de acción que se requieran para enmendar el despropósito”, enfatizó la jueza.
TEXTO ÍNTEGRO DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA MAYORÍA DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL PAÍS:
En este día especial en el que se celebra y reconoce la labor incansable y el compromiso con la justicia de todos aquellos que ejercen la noble profesión de la abogacía, agradecemos a todas y cada una de las organizaciones y personas abogadas presentes en esta celebración.
Este es un momento crucial en la historia judicial de nuestro país. Hoy, unidos jueces, magistrados y personal jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, levantamos la voz en contra de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo y DEFENDEMOS la carrera judicial y la división de poderes que son dos pilares fundamentales para un sistema de justicia equitativo, eficaz y libre.
Agradecemos la solidaridad y apoyo de todas las personas asistentes, su presencia aquí NOS FORTALECE y es un recordatorio poderoso de nuestra responsabilidad compartida de proteger y defender el Estado de Derecho y los derechos humanos en nuestro país.
¡Gracias por estar aquí y por su compromiso con la justicia y la defensa de nuestra Constitución!
Este día simbólico queremos decir que las juzgadoras y juzgadores federales de la República hemos servido digna y honrosamente a México y estamos orgullosos de nuestro trabajo como defensores de los derechos humanos.
Por eso, ante la amenaza de cesarnos y de acabar con la independencia del Poder Judicial de la Federación, alzamos la voz para señalar lo siguiente:
Primero. Hemos observado que los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial son una estrategia dilatoria con la finalidad de frenar la protesta de todos integrantes del Poder Judicial.
Durante casi seis años hemos sido víctimas de calumnias, se nos ha amenazado e intimidado mediante un continuo discurso público de agresión verbal y odio.
En este momento en que los integrantes del poder judicial de la federación somos perseguidos, exhibidos y presionados ante el posible evento de perder nuestro trabajo, nuestra vida profesional y afectar a las familias de más de 54 mil trabajadores de nuestra institución.
De cara al pueblo de México expresamos enérgicamente:
ES FALSO que 1700 juzgadores federales seamos corruptos.
ES FALSO que representemos élites o ideas conservadoras; la gran mayoría de las personas juzgadoras provenimos del pueblo y hemos estudiado en instituciones públicas.
ES FALSO que liberemos delincuentes. Liberamos personas cuya culpabilidad no se ha comprobado, amparamos hoy y siempre al perseguido sin pruebas, con el Derecho como fundamento.
ES FALSO que la elección de jueces por voto popular sea la mejor manera de solucionar los problemas de justicia en México.
Lo que realmente se pretende es destruir a la única institucion pública que ha frenado la instauracion del PODER POLÍTICO ABSOLUTO.
Segundo. No somos políticos y rechazamos cualquier invitación a compartir el Poder Político.
Juzgar exige capacidad, independencia y autonomía. Nosotros no insultamos.
No usamos urnas para juzgar o perseguir.
No usamos vallas ni grupos antimotines.
Nuestra fuerza proviene de la razón, de la palabra, con el apoyo en la Constitución y la Ley.
Con sentencias protegemos los derechos humanos del pueblo de México.
Ese es nuestro poder: interpretar leyes, condenar delincuentes cuando existe debido proceso y pruebas.
Usamos la palabra sustentada en el derecho para proteger al gobernado, de policías, fiscalías y cualquier autoridad arbitraria.
No defendemos ideologías ni propias ni ajenas.
Obedecemos Leyes, valores, principios del sistema jurídico mexicano. Lo hemos hecho siempre, lo hicimos ante los ataques sin sustento y lo seguimos haciendo aun ante las adversidades presentes.
Nosotros no rendimos pleitesía al Ejecutivo ni al Legislativo: somos su contrapeso.
La Constitución así lo establece, somos un poder que equilibra para evitar que los otros dos poderes actúen fuera de la ley.
Tercero. Que se escuche FUERTE Y CLARO: somos un poder que defiende a las personas frente al poder mismo del Estado Mexicano, porque la Constitución así lo establece y demanda.
Nuestra función ahora incomoda y por ello falsamente se dice que estamos subordinados a las elites financieras y que somos un poder corrupto.
Nuestro trabajo es controlar el poder arbitrario que se ejerce fuera de la ley y ese es el motivo principal para tratar de desaparecer al Poder Judicial Federal.
El poder judicial, al no ceder a las exigencias de subordinación de los otros dos poderes, hemos recibido como respuesta este intento de destitución masiva de jueces y magistrados Constitucionales valiéndose de la posición del partido oficial mayoritario en el Congreso.
La Reforma Judicial que proponen el Ejecutivo y sus legisladores generará jueces sometidos a los intereses de la política.
Esto destruye no sólo la división de Poderes, sino que desmantela y rompe el brazo más sólido y vigoroso del Estado Constitucional cuyo objeto y condición prohíbe concentrar el poder.
Cuarto. Es un grave error mezclar intencionalmente la Justicia Social y Política que corresponde al Ejecutivo y Legislativo, con la impartición de justicia constitucional que corresponde al Poder Judicial de la Federación.
ES IMPOSIBLE afirmar que una sentencia de amparo sea la causa de las inmensas desigualdades económicas, sociales y culturales que vive nuestro país.
ES FALSO QUE EL PODER JUDICIAL sea la causa de los enormes problemas nacionales que representan el crimen organizado, la corrupción, el patriarcado, la violencia contra la mujer, la discriminación, el abandono del campo, la destrucción del medio ambiente, la impunidad, el desvío de recursos públicos o las licitaciones corruptas.
Al contrario nuestro juicio de amparo es el único escudo frente a los actos autoritarios.
El poder judicial de la federación no es causa de los problemas nacionales, sino remedio contra el abuso del poder.
Quinto. Nuestro modelo de Juzgador Federal es moderno, eficaz y profesional.
Sin temor a equivocarnos, este poder judicial es el mejor que ha tenido México en su historia.
Las personas juzgadoras llegamos al cargo con años de experiencia en puestos primarios y mandos medios, con horarios y cargas de trabajo extenuantes.
Competimos contra los mejores abogados del país, pasando rigurosos exámenes escritos y orales donde comprobamos frente a la sociedad y comunidad jurídica, contar con preparación, experiencia y conocimientos.
Somos producto de un sistema de méritos objetivo, comprobable y democrático. Hasta nuestros exámenes son públicos y quedan grabados para constancia.
Sexto. Se ha denostado al sistema de Justicia Federal calificándolo como una élite, una burocracia dorada, como conservadores llenos de privilegios.
ES FALSO.
Ser juzgador federal en México, representa una alta distinción como jurisconsulto. Pero también representa una gran responsabilidad que implica preparación y sacrificio.
Ser miembro de la carrera judicial es un orgullo no motivo de vergüenza.
Somos el capital humano profesional al servicio del pueblo, construido con el presupuesto público y que hoy se pretende destruir.
Séptimo. Somos operadores y representantes del único organismo con transparencia total: presupuesto, sueldos, sesiones, criterios, sentencias, acuerdos: todo absolutamente todo, es público y consultable en el Poder Judicial de la Federación.
Somos intolerantes a la tortura, malos tratos, desapariciones forzadas; condenamos a delincuentes con pruebas no por consigna, apoyamos la igualdad de género y los derechos de las infancias, somos defensores de derechos humanos que aplicamos la Constitución y los tratados y convenciones internacionales de protección a derechos humanos.
Las encuestas reales señalan que el servicio público de impartición de justicia que llevamos a cabo en el año dos mil veintitrés arrojó que el 97% de quienes lo necesitaron, estuvieron satisfechos con ese servicio que se les brindó en los Tribunales y Juzgados Federales y con las sentencias que se emitieron en los casos que estuvieron involucrados.
Octavo. Los funcionarios judiciales federales estamos comprometidos con México. Estamos decididos a actuar hasta las últimas consecuencias ante la intromisión en la judicatura que pretende la sustitución en masa de los jueces y magistrados de carrera, lo cual es solo un acto propio de una tiranía.
La indignación es general, sostenida, compartida por todos jueces, magistrados y base trabajadora.
Ante la infamia de disfrazar el despido masivo de juzgadores federales, encubierta en una pretensión de reforma constitucional, estamos de pie, orgullosos de nuestra trayectoria, de cumplir el mandato constitucional de proteger a las personas contra el arbitrario.
Cuando el Poder Judicial de la Federación deje de ser independiente, deje de ser control y freno del Poder Político, cuando el poder judicial sea servil, populista, consolide ideologías y partidos políticos, nadie de los que habitamos este País, incluidos quienes hoy promueven y alientan su desmantelamiento, tendremos seguridad en el respeto de nuestros derechos humanos.
¡¡Hoy México nos necesita a todas y todos los mexicanos!!
¡Defendemos la División de Poderes y la Independencia del Poder Judicial, decimos NO a la reforma y a la elección de jueces por voto popular!
