En virtud de la modificación a los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobada el 7 de julio, el líder del priismo en el país, Alejandro Moreno Cárdenas, se inscribió al proceso de renovación de la dirigencia nacional, con miras a mantenerse en el cargo cuatro años más, en mancuerna con la secretaria general, Carolina Viggiano Austria.
La reelección del ex gobernador de Campeche y la ex candidata al Gobierno del Hidalgo, será puesta a consideración el 11 de agosto bajo el método Asamblea de Consejeras y Consejeros Políticos, en una jornada electiva en la que igualmente contenderá la fórmula integrada por Lorena Piñón Rivera y Cuauhtémoc Betanzos.
La ex dirigente nacional del PRI, Dulce María Sauri Riancho, se pronunció en contra del proceso de renovación y expuso que de entrada la XXIV Asamblea Nacional Extraordinaria en la que se reformaron diversas disposiciones estatutarias contravino a la Ley de Partidos Políticos, lo mismo que a los Estatutos del Revolucionario Institucional. Por consecuencia, la convocatoria para la elección de la dirigencia 2024-2028 tampoco es procedente en razón de que, con todo y las reformas aprobadas, el precepto relativo a la no reelección en el PRI se mantiene firme.
“El Artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos señala que bajo circunstancia alguna los partidos pueden modificar, reformar sus documentos básicos una vez iniciado el proceso electoral. Es una prohibición total y hay artículo en los Estatutos del PRI, el 173, que es como una especie de espejo de esta disposición de la Ley de partidos, que también prohíbe reformas a los documentos y prohíbe elección de dirigencias una vez que inicia el proceso electoral”, manifestó en entrevista con ZETA la ex presidenta de la Cámara de Diputados.
Recordó que el proceso electoral federal “concluirá cuando el Tribunal Electoral califique la elección presidencial o resuelva las impugnaciones sobre la asignación de los legisladores de representación proporcional”.
El 18 de julio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación definió la sexta magistratura para la calificación de la elección presidencial, con la nominación de la bajacaliforniana Claudia Valle Aguilasocho. El miércoles 24, los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera publicaron el proyecto de resolución de los juicios de nulidad en contra de la votación celebrada el 2 de junio, en la que resultó favorecida la integrante de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.
A partir de la publicación del documento éste tendría que ser estudiado por las magistraturas restantes de la Sala Superior del TEPJF. “Tiene de plazo máximo para la calificación de la elección presidencial el 6 de septiembre, para resolver las impugnaciones ahora que está muy cuestionado el tema de la sobrerrepresentación tiene como fecha límite antes del 30 de agosto”, estableció Sauri Riancho en alusión a lo que resta del período comicial.
“O sea que todo el mes de agosto todavía forma parte del proceso electoral que comenzó la primera semana de septiembre de 2023, y, por lo tanto, está prohibido hacer reformas a los documentos básicos”, atajó.
REGISTROS
El lunes 22 de julio, Alejandro Moreno y Carolina Viggiano solicitaron su registro como candidatos a la presidencia y secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ante la comisión de procesos internos de ese instituto político.
Con antelación a esa fórmula recurrieron ante el órgano partidista la diputada federal Lorena Piñón Rivera y Cuauhtémoc Betanzos. La aspirante a la presidencia del CEN, ya había buscado el cargo partidista en 2019, año en el que contendió contra Ivonne Ortega Pacheco y el ex gobernador de Campeche, quien se posicionó en la elección interna.
La jornada de registro en el actual proceso de renovación, se caracterizó por haber tenido lugar únicamente el 22 de julio, de 10:00 a 12:00 horas.
Dulce María Sauri remarcó que para ella era “muy difícil dar una opinión sobre una convocatoria que está asentada en bases totalmente ilegales”. Subrayó que, al interior del PRI, “sigue vigente el principio de la no reelección de las dirigencias del partido”.
De cualquier forma, opinó: “El hecho de que se hayan inscrito dos fórmulas, de que una de estas fórmulas sea la de la reelección y que otra fórmula esté encabezada por la persona que compitió por la presidencia en el 2019, fue la tercera que compitió, que sea diputada federal y además reelecta en el actual proceso (electoral federal), indica que tiene una relación digamos muy cercana con el actual presidente del Comité Nacional”.
A su modo de ver, “así hubieran abierto durante dos o tres días como lo es lo normal en un proceso de este tipo para que las fórmulas se inscriban, la verdad es que ante la ilegalidad da lo mismo que haya sido solamente dos horas”.
La entrevistada estimó que “todas las prisas que hemos visto”, obedecen a que “esté resuelto el tema de la reelección de Alejandro Moreno antes de que concluya el proceso electoral”, toda vez que en 2023 se le concedió prórroga a “Alito” en la dirigencia, de tal suerte que en el momento que feneciera el presente período comicial, concluyera su gestión al frente del PRI.
“Esa es la única razón que ha animado a la dirigencia nacional a llevar al partido en su conjunto al terreno de la ilegalidad, con tal de satisfacer el deseo, la necesidad o la demanda del presidente del Comité Nacional de ser reelecto. Eso es todo”, consignó la también ex senadora.
Cuestionada respecto a si ello tendría que ver con un afán de afianzarse a las riendas del partido, respondió: “A ver, agarrado con uñas y dientes, uñas de las manos y uñas de los pies”.
“DIRECTO AL ABISMO”
En conjunto con los ex dirigentes Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell, “con el apoyo de Manlio Fabio Beltrones (quien igualmente en su momento lideró el Revolucionario Institucional)”, Sauri Riancho impugnó la XXIV Asamblea Nacional y la convocatoria para la renovación de la dirigencia.
“Lo que sí puedo ver con claridad prístina es que, si prospera esta incursión final para apoderarse del PRI, de una institución del Estado mexicano, el PRI va directo al abismo, y qué es el abismo: el descrédito, el cuestionamiento, el abandono de las y los votantes, y finalmente, en el proceso electoral de 2030 el PRI podría estar luchando por conservar su registro; es decir, luchar por tener el 3% de la votación, que es actualmente la obligación que señala la Ley”, asentó la ex dirigente.
Reiteró que la primera de las impugnaciones se hizo acompañar de los argumentos de que la celebración de la XXIV Asamblea Nacional contravino a la Ley de Partidos Políticos y los Estatutos del Revolucionario Institucional, artículos 34 y 173, respectivamente.
En cuanto a la otra demanda detalló: “Tiene que ver con que el Artículo 178 de nuestros Estatutos, que contiene la prohibición de cualquier forma de reelección de la dirigencia, tanto municipal, como estatal, como nacional, fue reformada en esta asamblea ilegal, por lo tanto el principio básico de la no reelección, un principio fundacional del PRI, desde nuestra perspectiva continúa vigente, porque al haber sido ilegal la asamblea nacional, es por tanto ilegal convocar a una elección cuando todavía existe la prohibición de la reelección de la dirigencia”.
Otra razón para impugnar la convocatoria, fue que no se contempló el principio de paridad y alternancia de género: “Desde nuestra perspectiva, la convocatoria debió haber señalado con toda claridad y contundencia que en las fórmulas debería de encabezar una mujer, es decir, que una mujer fuera candidata a la presidencia y un hombre a la secretaría general, y eso la convocatoria no lo contempló”.
En un proyecto de resolución, difundido el 16 de julio, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, planteó declarar improcedentes cinco demandas contra acuerdo y otros documentos referentes a la renovación de la dirigencia del PRI, incluida la convocatoria, bajo el argumento de que en primera instancia los inconformes debieron haber recurrido al órgano interno de justicia del partido.
“El miércoles de la semana pasada (17 de julio), el magistrado Reyes Rodríguez, a quien le había correspondido el turno de estos asuntos (las impugnaciones presentadas por los ex dirigentes), presentó un proyecto en relación a la Asamblea, dándole a la comisión de justicia partidaria un tiempo determinado, cercano para resolver si esta convocatoria a la elección de la dirigencia había sido válida o no, o cuáles eran los argumentos por los cuales consideraba que era válida”, expresó Sauri Riancho.
En referencia al otro recurso, “también el magistrado Reyes Rodríguez presentó un proyecto para que el Instituto Nacional Electoral, en un lapso de 10 día naturales, contestara una pregunta fundamental: ¿Fue legal o no fue legal convocar a la Asamblea por parte del PRI, durante el proceso electoral, a pesar de la prohibición expresa que existe?”.
Reveló que el 23 de julio, “en sesión privada” se tomó una determinación referente a los dos proyectos del magistrado Reyes Rodríguez: “Fueron rechazados por 3 votos a 2 y fue entregado para su engrose, ese es el concepto jurídico, a la magistrada presidenta del Tribunal (Mónica Aralí Soto Fregoso)”.
Se pronunció porque “en breve” quede establecido “cuál es el rumbo de estas impugnaciones”. A propósito, mencionó: “El hecho es que hasta el momento la elección de la dirigencia nacional asentado en una base ilegal continúa desarrollándose, y aunque sé que el Tribunal Electoral ha establecido criterio sobre los actos de los partidos políticos dice que jurídicamente ningún acto de partido político alguno es de imposible reparación, todos jurídicamente son de posible reparación”.
A su juicio, “lo que no tiene reparación”, es lo que define como “la imagen deteriorada del PRI por un acto ilegal”.
En opinión de la entrevistada, si el Tribunal llegara a demorar en definir “este asunto” y con ello se viera que cada partido “puede hacer lo que le venga en gana”, tal circunstancia abonaría a una “al desorden, por no decir a la crisis que los propios partidos políticos todos están viviendo”.
En aras de que “Alito” pudiera registrarse para contender por la reelección, la ex senadora Graciela Ortiz González asumió como dirigente nacional interina. A su vez, para suplir a Viggiano Austria, el ex gobernador de Zacatecas Miguel Alonso Reyes pasó a ocupar la secretaría general.
Consultada al respecto, la dirigente del PRI en Baja California, Guadalupe Gutiérrez Fregoso, argumentó sobre el hecho de que sólo se hayan inscrito dos fórmulas la contienda interna del PRI.
“El proceso fue público. Se hizo una difusión bastante amplia a través de las redes digitales del partido, a través de los medios de comunicación, donde se da a conocer el proceso que arranca con el registro de las fórmulas. Cualquier militante con el derecho, con los requisitos que señala propia convocatoria, tuvo la oportunidad de registrarse como aspirantes”, profirió.
“Hay muchas voces discordantes, pero a la hora de la hora yo no los veo participando. Son voces que sólo litigan en los medios, en las redes sociales, pero no los veo participando al interior del partido y el método electivo está previsto en nuestro Estatuto. No se está inventando nada”, puntualizó.
Intervención de AMLO en el proceso electoral no afecta elección: proyecto de resolución
Si bien el proyecto de resolución de los juicios de nulidad contra la elección presidencial establece que en 34 conferencias del Presidente Andrés Manuel López Obrador hubo referencias al proceso electoral o la conformación del Congreso, o expresiones relacionadas con las candidatas presidenciales, tales alusiones no tuvieron mayor repercusión.
“No es posible tener por acreditada la intervención sistemática y reiterada del Ejecutivo federal porque se refieren a acontecimientos aislados que de acuerdo con la magnitud de la participación ciudadana no afecta la elección”, dio cuenta el proyecto difundido el 24 de julio y publicado por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera.
El documento referente a 10 agravios, incluido el de la intervención, estableció que en 12 conferencias las referencias apuntaron al proceso “de forma neutral”; en tres, “a la formación de una mayoría en el Congreso y el proyecto de nación y continuidad de la ideología política”; en cinco, a Claudia Sheinbaum Pardo, sin que se llamara a votar por ella; en 10, a Xóchitl Gálvez Ruiz, sin que se pidiera no votar por ella.
El Trife dio a conocer que derivado del análisis jurídico de los juicios se propuso declarar improcedente el juicio promovido por Gálvez Ruiz en vista de “carecer de interés de interés jurídico al no haber solicitado la nulidad de la elección”. Igualmente, declarar infundada la pretensión de nulidad alegada por distintos partidos políticos.
Validación de Asamblea del PRI “pondría en entredicho” calidad de certeza del Tribunal: Alfaro
El dirigente de la corriente de opinión Movimiento Líder, José Encarnación Alfaro, recalcó que el Instituto Nacional Electoral “tiene hasta el 18 de agosto para resolver sobre la legalidad o ilegalidad de la Asamblea” en la que el Partido Revolucionario Institucional acordó llevar a proceso de renovación la dirigencia nacional de ese instituto político y que de acuerdo con un grupo de priistas disidentes contravino a la Ley General de Partidos Políticos y los Estatutos de esa fuerza política.
Sostuvo que caso de que el INE declare legal la Asamblea Nacional, jornada que a su modo de ver no debió celebrarse durante el proceso electoral en curso, los priistas disidentes estarán en su derecho de impugnar ante el TEPJF y en caso contrario, la resolución del Instituto también podría ser impugnada por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”.
En la sesión plenaria del partido, celebrada el 7 de julio de 2024 y en la que se hicieron reformas a diversas disposiciones a los Estatutos del PRI, se aprobó a mano alzada que los dirigentes de los órganos de dirección del PRI, nacional, estatales y municipales, pudieran buscar la elección consecutiva. Con ese antecedente, el jueves 11 el partido convocó a proceso interno ordinario, con lo que el dirigente Alejandro Moreno Cárdenas y la secretaria Carolina Viggiano Austria se inscribieron en un afán de mantenerse en su cargo cuatro años más.
“En el caso de que determinen que la Asamblea fue legal van a pasar dos cosas. Primera, se redacta el acta de defunción del partido y se establece la resolución como la ‘crónica de una muerte anunciada’, y segundo es un duro golpe al sistema de partidos políticos que pondría en entredicho la calidad de la certeza y la legalidad del propio Tribunal Electoral”, manifestó en entrevista con ZETA José Encarnación Alfaro.
Mencionó que no se trata de “un asunto de una confrontación interna entre priistas”, sino de un proceso en el que está en juego “la naturaleza de los partidos políticos como entidades de interés público” y en el que hay riesgo de que los institutos políticos se conviertan “en franquicias políticas al servicio del grupo dirigente”.
Reveló que de prosperar la Asamblea Nacional y el proceso de renovación de la dirigencia, él ya no tendría qué hacer en el Revolucionario Institucional.
“Dentro de esa posibilidad de que se declare legal, entonces legal el procedimiento y legal la reelección hasta por 8 años más de Alejandro Moreno, yo en lo personal ya no tendría que hacer en ese partido, que ya no sería el PRI al que yo me afilié, en el que yo milité casi 50 años y en el que he sido miembro de la dirigencia nacional con 19 presidentes del Comité Ejecutivo Nacional”, asentó.
Expuso que declarándose ilegal la Asamblea, Moreno Cárdenas habrá de separarse de la dirigencia, de tal suerte que un órgano de dirección interino “convoque a la renovación ordinaria, pero sin reelección”.
Además de José Encarnación Alfaro figuran como voces disidentes los ex dirigentes Dulce María Sauri, Enrique Ochoa Reza, Pedro Joaquín Coldwell, Manlio Fabio Beltrones, así como los ex gobernadores de Nuevo León y Chihuahua José Natividad González Parás y José Reyes Baeza Terrazas, respectivamente.
José Encarnación Alfaro recordó que con motivo a la inconformidad por la celebración de la Asamblea Nacional Moreno Cárdenas amenazó con expulsar a distintos priistas.
“Quiere hacer una purga de sus adversarios, sus adversarios internos. En qué parte donde exista la democracia, en un país democrático, es un delito o una falta a las normas políticas tener una opinión divergente a la de la dirigencia de un partido político. Quiere convertir en falta estatutaria el que le digamos sus verdades. Pero no puede. Yo estoy esperando a que se atreva”, concluyó el ex diputado federal.
