Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) -desde el 17 de noviembre de 2023-, afirmó, el 29 de julio de 2024, que la independencia judicial y la división de poderes eran la garantía para que las decisiones de los jueces se basaran en el derecho y la jurisprudencia, no en presiones externas o intereses de grupo.
Al inaugurar los foros “Reforma Constitucional en Materia de Justicia”, el ex director de la Facultad de Economía de la UNAM -de 2010 a 2015- recordó que México optó dos siglos atrás por la forma de gobierno republicana, representativa y federal, en los que había habido una evolución política azarosa y aún quedaba pendiente consolidar el federalismo y la división de poderes, pero enfatizó que “no puede haber retrocesos en la materia”.
El rector de la UNAM también señaló que se debía asegurar que los funcionarios judiciales contaran con los saberes, habilidades y herramientas necesarias para ejercer su labor, con autonomía, ética y profesionalismo, a fin de buscar que la justicia fuera asequible, visible y entendible para todos, ya que, según él, era un derecho humano inalienable.
Lomelí Vanegas añadió que se debían concebir y planificar políticas públicas que aseguraran que todas las personas accedieran a una justicia pronta y expedita. Asimismo, enfatizó que la lucha contra la corrupción debía ser una prioridad, porque, según él, erosionaba la legitimidad de nuestras instituciones. “Se necesitan establecer controles y sanciones efectivas para erradicar esta práctica”, dijo.
Acompañado por autoridades de entidades académicas de la UNAM que realizan labores de docencia e investigación sobre el derecho, el rector de la Universidad subrayó que los foros eran un espacio de diálogo constructivo, reflexión y consulta, donde la diversidad de voces y perspectivas era esencial para repensar y diseñar una reforma judicial que respondiera a las necesidades y expectativas de todos los mexicanos.
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“Se analizarán las experiencias y buenas prácticas internacionales que puedan enriquecernos, y llamó a fomentar la participación ciudadana en este proceso, además de impulsar una mayor educación en derechos y deberes entre la población. Una ciudadanía informada puede exigir y contribuir a una justicia efectiva”, insistió Lomelí Vanegas.
Por su parte, el Abogado General de la Universidad Nacional, Hugo Alejandro Concha Cantú, rememoró que el 5 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un conjunto de iniciativas de reformas constitucionales y legales al Congreso de la Unión y una de ellas era para la transformación al Poder Judicial de la Federación (PJF), donde se buscaba cambiar de raíz su modelo de gobierno, su administración y organización en general.
Concha Cantú comentó que para enriquecer la discusión nacional, las facultades de Derecho (FD), de Estudios Superiores (FES) Acatlán y Aragón, así como el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), todas instituciones de la UNAM, se unieron para analizar, debatir, enriquecer “y proponer alternativas e ideas que contribuyan a un mejor proyecto de modelo de justicia en el país”.
Mientras que la directora del IIJ, Mónica González Contró, expuso que el fin del Estado es garantizar la vida y el bienestar de las personas, para que pudieran desarrollarse libremente, y el Poder Judicial, como integrante del Estado debía ser vigilante de los derechos humanos y el respeto a la Constitución.
González Contró expresó que la independencia judicial era una condición indispensable para que las personas juzgadoras tomaran decisiones con base en la ley y la Constitución, pero no para su aplicación ciega, sino considerando las circunstancias de exclusión histórica.
A su vez, Sonia Venegas Álvarez, directora de la FD, consideró que reflexionar en torno a la justicia era básico, pues no se trataba solo de un ideal o un concepto abstracto, sino que ésta impactaba en la vida de cada ciudadano, pasando desde el acceso efectivo a tribunales, hasta coadyuvar al orden público.
En tanto que el investigador emérito de la UNAM, Diego Valadés Ríos, apuntó que la reforma al Poder Judicial impulsada por López Obrador pretendía seleccionar a los juzgadores por elección popular, reducir sus ingresos y someterlos a un órgano disciplinario, que censuraría sus sentencias.
“Esto no resolverá los problemas existentes, en cambio, derogará avances logrados a lo largo de décadas. No hay soluciones perfectas, pero sí mejores y peores, por lo que el país merece escuchar todas las voces interesadas en opinar en este tema, de manera libre e incondicionada”, dijo Valadés Ríos, quien también aseveró que, a lo largo de su historia, México había acumulado experiencias fallidas de reforma, y ahora se requería una que fuera razonada, seria y completa.
