En Rosarito son víctimas de narcotraficantes del CDS y empleados del Ayuntamiento. Sobreviven entre la amenaza y el miedo, pagando extorsiones y comprando productos al crimen organizado
En 2023 y lo que va de 2024, comerciantes de diferentes sectores productivos en Baja California, en este caso de Rosarito, han denunciado cómo son doblemente extorsionados: por un lado, narcotraficantes y criminales organizados les obligan a entregarles parte de sus ganancias, y por otro, funcionarios del gobierno estatal y municipal, les piden mordida o los presionan.
Sus denuncian, dicen de manera anónima para no sufrir las represalias, las han hecho llegar tanto a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, como a la todavía alcaldesa Araceli Brown Figueredo, y de ambas han recibido la misma respuesta: que denuncien formalmente.
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Uno de los afectados lamenta: “No podemos decir que ellas sean parte de eso, pero no hacen nada”.
También pusieron al tanto de la situación criminal en su contra a mandos locales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional, “a los que se acaban de ir y esperamos lo hayan comentado con los recién llegados, ellos conocen las condiciones de corrupción en que opera el Ayuntamiento, pero no son autoridades investigadoras”, aseguran.
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EL CÁRTEL DE POPOTLA
Aunque la situación de inseguridad en el quinto municipio no es novedad, se ha intensificado. Quienes extorsionan a comerciantes son células del Cártel de Sinaloa que en esos rumbos comandan los hermanos René y Alfonso Arzate.
De hecho, investigadores comunicaron extraoficialmente que ya han identificado a algunos de los que delinquen y afectan la economía rosaritense. Por lo menos a tres: Franklin Ernesto Huezo Hernández alias El Ranchero; Edwin Antonio Rubio López alias el Max y/o El Oso; y Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio alias El Cabezón.
Los comerciantes confirman: “Dicen que son del Cártel de Popotla, pero sabemos que son de Sinaloa”.
Agregaron que estas personas andan en comandos, ponen retenes, ejecutan privaciones de la libertad y amenazan. Incluso para lograr que la gente se detenga, se identifican como elementos de Guardia Nacional, Sedena o e Inteligencia.
El tema no es ajeno en la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad del Estado; tienen conocimiento de las identidades de los criminales del mencionado cártel, y destacan familias como Los Lira o Los Camacho, que gozan de impunidad oficial, pero algunos de sus miembros han sido ejecutados por sus contrarios.
La impunidad hacia los extorsionadores de comerciantes y narcotraficantes, es evidente en un dato: la última aprehensión de un criminal en Rosarito fue en julio de 2022, cuando más por un golpe de suerte que producto de una investigación, detuvieron a Héctor Infante alias El Tolín, integrante de la célula de Los Rusos en Mexicali.
De hecho, la ausencia de capturas importantes, es una de las razones por las que investigadores no tienen sospechosos del atentado armado cometido el 14 junio contra el director de la Policía Municipal de Rosarito, Alfredo Torres Franco.
NARCOS CONVERTIDOS EN PROVEEDORES ÚNICOS DE INSUMOS
Las víctimas narran su desgracia. Por ejemplo, restauranteros están obligados a comprar sus insumos al crimen organizado. Desde productos alimenticios como pescados, mariscos, langostas, camarones y verduras, hasta bebidas, agua, sodas, incluso las herramientas de cocina, como el caso de las trampas atrapa-grasa, “prácticamente todo, y obvio, no dan facturas”, expresaría uno de los afectados.
La situación de extorsión generalizada en Rosarito, es más intensa en la parte sur del municipio, desde Popotla hasta la colindancia con Ensenada, donde, de acuerdo a comerciantes, “es tierra de nadie”.
A finales de 2022 y durante 2023, los propietarios de comercios de diferentes sectores empezaron a recibir llamadas de sus proveedores tradicionales, informándoles que ya no podrían surtirlos. La justificación era que “habían recibido órdenes y alguien más” atendería sus necesidades.
“No se puede identificar a algún proveedor criminal, porque los que llegan, son los conductores de los camiones ya cargados; a los choferes los cambian a cada rato. Llegan cada lunes, martes, miércoles o jueves, dependiendo del acuerdo que se tenía con el viejo proveedor, y haya necesidad o no de mercancía, (obligadamente) comprarles”, refirió una de las víctimas.
Si los comerciantes llegan a tener acuerdo con las grandes empresas de proveeduría de cerveza, refrescos u otro producto, pueden mantener esos acuerdos, pero están obligados a también comprarle a los criminales. El costo en la adquisición de insumos les ha incrementado un 10%, aunado a que no reciben facturas por las compras, afectando su contabilidad.
En cuanto a los pescados y mariscos, relataron: “Las cooperativas, los pescadores de toda la vida también les tienen que vender directamente sus productos a los criminales”, y a su vez, éstos actúan como intermediarios para la colocación del producto.
Aunado a esta ilícita situación de comercialización de productos, algunos de los comerciantes son víctimas de cobro de piso y extorsión telefónica.
BROWN: SÓLO UN TAQUERO HA DENUNCIADO, Y GUSTAVO TORRES
En entrevista con Araceli Brown sobre los grupos de narcotraficantes y criminales organizados convertidos en distribuidores y proveedores, la alcaldesa rosaritense respondió:
“Desconozco qué clase de crimen organizado y mercancía (las denuncias), porque esas son aseveraciones muy fuertes que creo deberían denunciar en Fiscalía General de la República, que es a quien corresponde hacer ese tipo de investigación. Si ellos tienen detectado eso, deberían tomar cartas en el asunto”.
A su vez, reconoció que tuvo “una denuncia el año pasado de una taquería donde había llegado una persona que vende frutas y verduras, y les habían dejado cilantro y cebolla, les habían puesto un precio por encima del mercado y daban una semana para pagar, y la persona no quería pagarles; platiqué con esa persona, le dije: no estás obligado a comprar, y al mes me dijo que ya se había arreglado con el proveedor y le habían dado el precio del mercado con crédito de una semana, es la única denuncia”.
Y los dichos de Gustavo Torres, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito, “que desde que entré a la administración se ha dedicado a atacar a mi gobierno con supuestos dichos, sin pruebas, y yo he insistido que se tienen que poner las denuncias en la FGR”.
La funcionaria finalizó: “No estoy siendo omisa, no es que no quiera asumir una responsabilidad que no me corresponde, no puedo asumirla. En cambio, si es un asunto municipal, como el tema de Vialidad y Transporte, ahí sí tomamos medidas, recibimos denuncias, y hace año y medio cambiamos al secretario y al comandante de esa Secretaría y después se removió a seis inspectores”.
EXTORSIONES DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
De acuerdo a los denunciantes, las prácticas extorsivas de algunos empleados corruptos en Policía y Tránsito Municipal, y los inspectores de Secretaría de Vialidad y Transporte de Rosarito, continúan: “Las patrullas se la pasan en la carretera, a la altura de Popotla y el Bulevar 2000, cazando camiones y carros de diversas empresas y de turistas, aunque eso ha sido desde administraciones anteriores”.
Por lo regular detienen a los camiones de Danone, Bimbo, Gamesa, Jersey, Lala, Coca-Cola. A los proveedores de madera, de hierro, varilla, de concreto y demás materiales de construcción, los retienen para inventarles cualquier falta, un foco fundido, que el espejo no está bueno o a las llantas les falta revestimiento.
El fin de semana, revelan, es peor. Amenazan con retenerlos en las grúas durante dos o tres días, tal como hacen con los turistas; advierten cobros de 5 mil, 10 mil o hasta 40 mil pesos, para que las víctimas “prefieran pagar por fuera”.
“Cuentan como chiste, pero es anécdota: platican que en una ocasión a un transportista de mercancía, no encontraban motivo para multarlo, así que le preguntaron por las luces de bengala, y lo hicieron prenderlas porque si no encendían, lo iban a multar. Además, los grulleros les pagan una comisión a los policías por cada carro o camión que levantan”.
Para los proveedores de carga locales, la situación se arregla con un pago mensual o semanal, pero ese dinero no ingresa a las arcas municipales. Se deposita a nombre de alguien ajeno al gobierno, o por lo menos desconocido para los comerciantes, “pues usualmente una mujer”, detallaron.
De acuerdo a los denunciantes, el cobro es de 10 mil a 20 mil pesos mensuales, o de 300 a 500 pesos semanales por cada camión, dependiendo la flotilla, el tipo y número de vehículos, la actividad y qué tanto circulen en el municipio.
CAMBIARON A TODOS LOS INSPECTORES
La situación fue reconocida por Alfonso Villa Palma, secretario de Vialidad y Transporte, sin embargo, afirmó que desde su llegada a la administración municipal, el 30 de enero de 2023, ha combatido las prácticas corruptas: “He detectado algunas irregularidades que se han ido corrigiendo, yo atendía las denuncias las llamadas y me enviaron todo tipo de evidencia, incluso videos, porque los grabaron”.
Con ese material despidieron a seis de los nueve inspectores que había en 2023, y en diciembre del mismo año, a los tres restantes se les terminó el contrato y no se los renovaron. La actual plantilla de comandantes e inspectores, “son personas honestas que no reciben dádivas”, aseguró el secretario.
Para concluir, la alcaldesa Brown indicó: “El secretario de Vialidad y yo tenemos un chat con los que tiene equipo de transporte pesado y estamos en contacto directo, atendiendo diferentes temas, se tiene especial atención en el Bulevar 2000 porque este año ha aumentado el número de accidentes, no tengo el número exacto, pero es la cifra más alta de los últimos cinco años”.
