El gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, aplicó un veto total a la reforma que aprobó la XVI Legislatura al Código Penal que, según se expuso en tribuna, tiene como objetivo tipificar y erradicar los discursos de odio en Baja California Sur.
Se trata de una modificación que, según especialistas en derecho como Adrián de la Rosa, atenta contra la libertad de expresión y que puede afectar directamente al ejercicio periodístico y a la ciudadanía en general; por ello ha sido denominada como “Ley Mordaza”.
“Veto total al decreto 3032 mediante el cual se reforma la denominación del capítulo II del título séptimo delitos cometidos entre integrantes de la familia y delitos por discriminación contra la dignidad de las personas y se adiciona el artículo 205 TER, al Código Penal para el estado libre y soberano de Baja California Sur”, se lee en el documento que el gobernador envió al Congreso.
En las observaciones que el mandatario hizo, precisó que de los antecedentes del Decreto 3032, se logra desprender la idea que el “Discurso de Odio, se ampara en la libertad de expresión”.
“Dicha ideología cobra relevancia cuando se establece que existe una línea muy delgada entre ambas, pero lo que se debe tener en cuenta a la hora de legislar, es que la libertad de opinión y expresión, son derechos fuertemente consolidados en nuestra Constitución”, reiteró Castro Cosío en el veto.
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Asimismo, tras el análisis integral, advirtió que la iniciativa de reforma no dio cumplimiento con los criterios de responsabilidad hacendaria y financiera, de observancia general para las Entidades Federativas y los Municipios, esto en conformidad con el artículo 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Cabe recordar que el abogado Adrián de la Rosa explicó que la reforma sí representa un riesgo contra la libertad de expresión de los sudcalifornianos.
“Yo estimo que sí porque cualquier persona pudiera llamarse discriminada. En este caso me parece que se equivoca el legislador al pronunciar una norma que lo que está haciendo, en lugar de resolver un problema, genera la confrontación de su norma con la libertad de expresión”, dijo previo a la aplicación del veto.
Usando ejemplos del ejercicio periodístico, precisó que el uso de memes o de caricaturas políticas, donde se pronuncian rasgos de algún funcionario que es objeto de una crítica, podría ser considerado un acto de discriminación.
“Sí, claro (hay un riesgo) porque no tiene límites, es decir, está planteado de una manera que para ti o para mí o para cualquier ciudadano pudiera resultar gracioso, para la persona a la cual va destinada; por ejemplo, una caricatura de tipo político, podría resultarle discriminatorio”, opinó.
