“Los jueces discretos castigan, pero no temen la venganza de los delitos”.
-Miguel de Cervantes Saavedra.
El sistema de justicia penal mexicano, no sólo la prisión preventiva oficiosa o justificada, es una pésima decisión; sino quizá la más grave, inoportuna e ineficaz que se dicta en las salas penales del sistema de justicia acusatorio en México, en donde fuimos educados tradicionalmente al absurdo argumento de que se hacía justicia cuando el delincuente se encontraba tras las rejas. Al final, esta pésima práctica llevó a nuestro país a un terrible hundimiento de cárceles llenas de sujetos a procesos sin sentencia, muchos de ellos absueltos meses después y quizá años sin ni siquiera el “usted perdone”. Y sucedió lo que nadie hubiese querido: las cárceles de México se convirtieron en verdaderos campos de concentración, en donde los internos llevan una condición de vida infrahumana, explotados por la corrupción lacerante de las autoridades penitenciarias desde arriba hasta abajo, por su puesto, incluyendo la explotación y el abuso de que son objeto por parte de los custodios penitenciarios.
Pero los legisladores que sufren de diarrea intelectual se olvidaron de un aspecto sumamente importante: Hay muchos delitos que no son graves -algunos ni siquiera violentos- que merecen sanción, pero una cuestión alternativa a la temible e inhumana prisión mexicana.
Nuestro país enfrenta graves desafíos, prácticamente insuperables, en el aspecto de la sobrepoblación penitenciaria, absolutamente nulos los planes -que no acciones- de los “servidores públicos” del sistema penitenciario; nulos resultados en la resocialización de los infractores, quienes además sufren el abandono de sus familiares que luego de su apremio cercano a la prisión, nos olvidan.
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Decíamos que hay delitos no violentos que abarcan plano muy numeroso de infracciones antisociales que, si bien pueden ser negativos para la sociedad por el impacto que representan en el ataque a los bienes debidamente protegidos de los ciudadanos, los mismos, no necesariamente se ejecutan con el uso directo de la violencia, entendiendo por esto la fuerza física que se ejerce sobre las personas, obien, sobre las cosas.
Claro ejemplos de ellos puede ser la posesión de drogas para consumo personal, el robo que se realiza sin violencia, incluso, la evasión fiscal y otras serie de actos antisociales que se ejecutan en un momento determinado por quien decide violentar la ley; y que todos partimos del principio de que dichas conductas deben de ser sancionadas, pero no siempre deben implicar la prisión como una respuesta generalizada y absurda que se da tanto en la legislación penal mexicana como en el contexto de la sociedad.
¿Qué políticas públicas se podrían implementar por parte del Estado Mexicano y de sus pésimas autoridades penitenciarias? Desarrollar programas a nivel nacional de rehabilitación y de reinserción social. Estos programas tendrían también el enfoque de diseño para escudriñar en el sujeto de conducta antisocial, las causas que dieron lugar al nacimiento de su comportamiento delictivo; pero, además, brindarles a los infractores un programa organizado y eficaz (ambicioso por supuesto), para darles las herramientas necesarias a fin de que se integren de manera positiva, decente, educada y propositiva a la sociedad.
Cualquiera que sea el factor etiológico que identifique las causas del delito, una piedra angular de ello se encontrará en la carencia de educación, pero si además al ciudadano no se le da la oportunidad de estar capacitado para desempeñar sus actividades laborales de manera adecuada, si carece además de un programa profesional de terapia psicológica, no se logrará transformar la vida de estas personas y, en consecuencia, reducir las posibilidades de su reincidencia que en nuestro país tiene unos promedios altísimos.
Así hay sujetos que han pasado algún tiempo privados de su libertad, hasta que finalmente compurgan su sanción, pero de inmediato reingresan porque vuelven a delinquir. ¿Qué les ofrece el día de hoy el sistema penitenciario? Por ejemplo, en nuestro Estado de Baja California, cuando son puestos en libertad entre la una o tres de la mañana y son echados a la calle sin identificaciones, sin trabajo, sin un lugar en donde dormir, un trozo de pan para alimentarse y sin dinero.
Por ello urge la implementación efectiva de programas de rehabilitación y de reinserción social, mientras estos no se instalen solo abonaremos al incendio del delito.
Benigno Licea González es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
Correo: liceagb@yahoo.com.mx
