Antonio Otáñez, director general de Admicarga en Baja California, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable, por el incidente ocurrido el pasado 21 de mayo, en donde el tren de carga derribó nueve postes en la delegación La Mesa en Tijuana.
La tarde del martes 21 de mayo, un transporte ferroviario se llevó nueve postes de luz, luego de que se desprendieran unos cables de fibra óptica y telefonía, que no respetaron el límite de altura establecido.
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Dentro de los argumentos legales para presentar la denuncia se señala la instalación de un cable de fibra óptica por un tercero, que no cumple con la autorización de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT). Como es señalado en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario en el artículo 34. “Se requiere autorización de la SICT para la instalación de líneas de fibra óptica, postes, cercas, ductos, superficial o aérea, en las vías generales de comunicación ferroviaria”.
“Íbamos rumbo al Sur con la locomotora, en nuestra operación regular y de pronto, uno de los furgones se enganchó con un cable de fibra óptica, que un día antes no estaba; una de las empresas de cable y telefonía hicieron una instalación sin tener ningún permiso por parte de la SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes); tampoco cumplía con el gálibo, que es la altura del hongo del riel en vertical, de 7.50 metros, que es el que marca la regulación y tampoco tenía ningún convenio con nosotros”, dijo en entrevista a ZETA.
El director general explicó que cualquier empresa pública o privada que quiera utilizar las líneas de cruce, debe pedir un permiso a la SICT, ésta a su vez pide ciertos requerimientos e informa a Admicarga para analizar su viabilidad, trámite que dura en promedio dos meses.
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“Se otorga el permiso, pero éste viene condicionado en el sentido en el que les solicitan que se acerquen nuevamente al organismo, al ferrocarril, para celebrar un convenio correspondiente, y ahí nos entregan el programa de obra, y nosotros vamos con inspectores a revisar que el cruzamiento se haga en apego a la normatividad, es decir, con los 7.50 metros que deben cumplir de altura”, precisó.
En cuanto al incidente ocurrido el pasado martes, señaló que sus afectaciones se vieron reflejadas en las demoras en la entrega de las mercancías, el pago de diesel, la tripulación y los daños al furgón, sin embargo, aún se está evaluando el costo monetario.
Otáñez mencionó que la instalación de este tipo de cableado es común, por lo que al año interponen alrededor de cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República, por ese motivo.
En esta ocasión, se desconoce a qué compañía correspondían los cables que provocaron el incidente del martes, que también dejó daños en 15 vehículos, a la altura de la avenida Ermita, sobre el bulevar Benítez, sin embargo, le corresponderá a la dependencia federal darle seguimiento a la denuncia.
