Miembros del colectivo Cesodi, contra la violencia vicaria, acusaron al Poder Judicial del Estado, principalmente al Juez Tercero de lo Familiar, Adolfo Villarespe, de tomar represalias por las constantes acusaciones y quejas que se han emitido, y les ha impedido que brinden apoyo moral a sus integrantes en su sala.
Samantha Sesma, cofundadora del colectivo, señaló que el 8 de abril, el Juez, quien ya se encuentra bajo investigación por el Consejo de la Judicatura del Estado, y que fue documentado por este Semanario, emitió un acuerdo donde se les prohíbe la entrada a una audiencia, a realizarse este viernes 24 de mayo.
El argumento es que la contraparte dijo sentir su vida amenazada con la presencia de las integrantes, que generalmente acuden a dar acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
“Nosotros hacemos protestas pacíficas, tenemos ese derecho; usamos camisetas con las fotos de nuestros hijos, no gritamos, no hacemos alborotos, llevamos pancartas con frases de amor para nuestros hijos… Nunca interactuamos con las contrapartes”, detalló Sesma.
Agregó que, al prohibirles la entrada, nuevamente están ejerciendo violencia de género y revictimizando a las denunciantes, al no permitirles tener a su red de apoyo cerca, pero recalcó que parece más un acto de represalia por los señalamientos que han dado al no ejercer con perspectiva de género.
Asimismo, mencionó que después de que el Magistrado Presidente, Isaac Fragoso López, acusara al colectivo de tráfico de influencias y ellas solicitaran la presencia de una autoridad imparcial en las mesas de trabajo, para evitar malentendidos, apenas se están reanudando, pero los avances son lentos.
En respuesta, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dijo en entrevista a ZETA que les han dado continuidad a las quejas contra los jueces, pero son pocas las que se han iniciado.
“Hasta ahorita, según tengo entendido, han sido muy pocas las que se están iniciando; alrededor de cinco o seis quejas en ese sentido -perspectiva de género-, pero apenas se están desahogando… Tuvimos un juez penal que está suspendido actualmente, precisamente, porque resolvió sin analizarlo con perspectiva de género… Son dos jueces, uno familiar y uno penal”, aseguró.
Admitió que, aunque se están dando capacitaciones para que los jueces resuelvan con perspectiva de género, hace falta analizar si estos realmente aprenden de ellas.
“Una cosa es que los capacitemos y otra cosa es que aprendan. No es algo tan sencillo, por ejemplo, la excepción que decía el juez, bastante válida, ‘durante 10 años hicimos esta situación, esta diligencia de esta manera, y a partir de x fecha, ya la tengo que hacer de otra’, por ejemplo, el secretario de Acuerdos hizo la diligencia sin el Ministerio Público, cuando durante años nunca se había requerido”, precisó.
En el caso de no permitir entrar al colectivo a las audiencias, aclaró que no existe ninguna represalia (y al contrario, se sigue trabajando con ellas para llegar a acuerdo), sin embargo, cada Juez tiene la autoridad para decidir a quién permite en sus salas.
