Con 70 votos a favor -de legisladores de los grupos parlamentarios de Morena y del Partido del Trabajo (PT)-, 43 sufragios en contra –de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC)-, y dos abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó, el 25 de abril de 2024, en lo general, el proyecto de dictamen por el que se crearía el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que, entre otros aspectos, prevé transferir 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), al nuevo fideicomiso.
Después de que fuera aprobado en lo particular, la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión enviaría el dictamen al titular del Poder Ejecutivo Federal, para su ratificación y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo quie comenzaría su entrada en vigor.
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Moisés Ignacio Mier Velazco -coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión- y Angélica Ivonne Cisneros Lujan, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de San Lázaro, presentaron, el 10 de abril de 2024, una iniciativa de reforma, al sistema de pensiones del IMSS, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
Ello con el objetivo de crear un nuevo fideicomiso público, denominado Fondo de Pensiones para el Bienestar, que estaría constituido y administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y cuyo fiduciario sería el Banco de México (BANXICO).
Al presentar un voto particular, Julen Rementería del Puerto, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, dijo que esta reforma solo le quitaría su dinero a los trabajadores y advirtió que no existía ninguna garantía para los mismos.
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“Y con este fondo de 40 mil millones pesos, yo puedo asegurar que nunca lo van a ver los trabajadores”, insistió el senador panista, quien, insistió, que como estaba planteada la reforma, no era un sistema de pensiones, porque “se va a ocupar para alcanzar la posibilidad de pagarles hasta 16 mil pesos, completarle a quien le falta”.
Por su parte, la senadora priista Claudia Anaya Mota recordó que había 75 millones de cuentas Afore y, de estas, 45 millones se inscribieron al régimen después de la ley de 1997, pero no eran los potenciales beneficiarios, porque la mayoría de las personas que se estaban pensionando en lo actualidad, lo hacían bajo un régimen anterior.
Anaya Mota alertó que para 2030 habría 19 millones de personas que en teoría tendrían la edad para jubilarse. “En la reforma queda claro que cuenta inactiva, te la van a recoger. Prevén seguir tomando cuentas futuras, es decir, propiedad privada”, explicó.
Mientras que la senadora priista Beatriz Elena Paredes Rangel advirtió que “parecería que el Gobierno tiene el derecho de asumir que son su patrimonio y que el producto de su esfuerzo a través de los años convertido en ahorro, puede confiscarlos, con la hipotética presunción o el discurso de que servirá para fortalecer un Fondo De Pensiones para El Bienestar”.
En tanto que la senadora panista Josefina Vázquez Mota acusó que el dictamen buscaba que el sistema de pensiones confiscara 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas. “El fondo que se pretende crear, en lugar de devolverle al pueblo lo robado, será el fondo que robe al pueblo lo ahorrado”, indicó.
Posteriormente, tras terminar su ponencia, Vázquez Mota presentó una moción suspensiva del dictamen, la cual fue rechazada por 59 votos en contra y 30 sufragios a favor. Se opusieron a la misma, los integrantes de los grupos parlamentarios de Morena y aliados.
