La corporación estatal a cargo de Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, volvió a ser blanco de señalamientos de abusos y corrupción en intervenciones policiales en Mexicali
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Sin comparar el terrible impacto genocida de las tropas militares de la Alemania nazi, dedicadas a perseguir, detener, torturar y aniquilar con móviles raciales y religiosos a quienes consideraban inferiores y diferentes.
El título de esta columna, que hace una alusión simplona al brazo armado del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), sólo intenta llamar la atención al hecho de que, una vez más, ha sido evidenciada como una corporación criminal que violenta todos los derechos habidos y por haber, con tal de obtener sus fines, pocas veces en beneficio de la sociedad.
Acusados de robos, persecuciones, privaciones de la libertad, acuerdos criminales y homicidios en el pasado mediato y el inmediato, la realidad es que ha quedado claro que durante la administración de Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, se permiten las mismas conductas con un grado de discriminación, ya que estos episodios no los cometen en zonas favorecidas económicamente, sino en comunidades con cierto nivel de marginación.
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Mediante un video hecho público esta semana por un grupo de mujeres residentes de Islas Agrarias en Mexicali, de la forma más clara y flagrante se exhibe el abuso de las corporaciones estatales hacia la población civil, a manos del coordinador general operativo, Juan Manuel Corral Hernández, el hombre fuerte y de confianza de Aguilar en torno a temas de seguridad en el territorio.
Los agentes irrumpieron en el domicilio sin orden de cateo, rompieron las puertas y golpearon a quienes se encontraban al interior, para luego -según las víctimas- robar dinero y sembrarles un arma de fuego; los oficiales consideraron que no fue suficiente y, por si lo anterior fuera poco, simularon que las víctimas habían intervenido a bordo de un vehículo y en otro punto de la ciudad.
Las afectadas denunciaron el abuso, uno de tantos que se han cometido por parte de las autoridades estatales contra la población civil. Para empeorar la situación, hubo respuesta del General… y todo se puso más turbio. Durante la conferencia de prensa mañanera del miércoles 10 de abril, el secretario de Seguridad Ciudadana decidió respaldar las acciones abusivas de sus agentes.
Además, públicamente otorgó una carta abierta para que cualquier elemento de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) haga lo que quiera, siempre y cuando sea allegado o tenga la venia del General Aguilar.
También se responsabilizó de los actos y aseguró que tanto él como otros implicados se encuentran bajo investigación federal por los hechos cometidos.
Posturas muy diferentes las que toma el General dentro de la corporación cuando se trata de una intervención cometida por agentes que no forman parte de su equipo y de los que sí.
Por ejemplo, en los abusos policiales cometidos y videograbados hace unas semanas en Villas del Rey, donde Leopoldo Tizoc prometió llegar hasta las últimas consecuencias, pero en el caso de su amigo Corral Hernández, prefirió “inmolarse” para protegerlo.
Si nos remontamos a otros episodios ocurridos hace días, una agente de la FESC, de nombre Liliana Molina, fue descubierta con unos amigos bebiendo en una patrulla del área de Inteligencia, a cargo de Ismael Gutiérrez Castillo y otro militar amigo de Aguilar Durán.
La joven recién egresada de la academia tuvo consecuencias, pero el mando militar que le prestó la unidad y que la fémina usaba de manera libre y discrecional, no tuvo una sola sanción.
Liliana se encuentra en proceso de remoción, lo que significa que el General considera un abuso mayor el consumir bebidas embriagantes dentro de una patrulla, que las conductas gansteriles y delitos ordenados por Corral, desde allanamiento de morada, daños en propiedad ajena, lesiones, robo y demás actividades.
Si algo queda claro, es que no hay nada de “inteligencia” en llegar fuertemente armados, encapuchados y con superioridad numérica, romper una puerta y golpear a los residentes del inmueble, para después inventarse una intervención policial.
