Hace no muchos días, antes de llegar al 20 de febrero, en los Juzgados de Distrito en Tijuana, Baja California, se llevó a cabo una audiencia intermedia, donde abogados de cuatro personas detenidas y el Ministerio Público federal, realizan el descubrimiento probatorio y la exposición de las pruebas de ambas partes como preparación para el juicio posterior a eso.
Las cuatro personas sujetas del juicio están, desde 2019, en prisión preventiva, unos en la penitenciaría de Tijuana, otros en el centro de reinserción El Hongo. Por supuesto que las autoridades penitenciarias son responsables de hacer cumplir la medida de privación de la libertad dictada, y las autoridades policíacas, del traslado de los individuos cuando las audiencias se celebran: los tienen presos, los sacan, los trasladan y los regresan al centro de reinserción, todo debidamente documentado y siguiendo estrictos procesos.
Sin embargo, la audiencia de preparación del 19 de febrero de 2024 ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California con sede en Tijuana, sorprendió a los custodios y demás personal del Juzgado.
Resulta que el juez Óscar Saúl Cortés Ortiz, quien tiene poco en la entidad, pues fue designado después de la muerte del juzgador Alejandro Baltazar Chávez en diciembre de 2023, y a quien sucedió en el cargo, dejó atónitos a todos los presentes cuando, sin petición de por medio, ordenó la excarcelación temporánea de los cuatro detenidos.
Efectivamente, ni el abogado defensor, Ministerio Público o los presentes podían creer lo que escuchaban. Vaya, hasta los detenidos abrieron los ojos en señal de sorpresa. Aunque originalmente se planteó fuesen enviados a un hotel (quién sabe a cargo de quién o cuál institución), de pronto el abogado cerró la boca de asombro y sugirió un cuarto de Airbnb que por supuesto él pagaría.
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La cuestión, por supuesto, no acabó ahí. Lo que siguió a la alocada y alejada de cualquier proceso de audiencia normal, fue una discusión acalorada entre todos. La idea exótica del juez, cuando nadie -al menos en la audiencia intermedia que se celebraba- le había solicitado la excarcelación de los imputados, no tenía manera de concretarse sin violar otros preceptos ya determinados, como la prisión preventiva.
Encolerizado, el juez amenazó con apercibir con una multa a quien no atendiera su determinación. Lo que quería, era que las autoridades de custodia trasladaran a los presos a sus prisiones, los entregaran para continuar privados de la libertad e inmediatamente solicitaran su liberación temporal para llevarlos a pernoctar a la propiedad rentada para que los cuatro pasaran la noche con comodidad.
Ahora apodado Gran Turismo por la comodidad cinco estrellas hoteleras que quiere dar a los presos que acuden a sus audiencias, el juez tuvo que elaborar, ante la incredulidad de los presentes, un documento oficial para hacerse responsable de la excarcelación de los cuatro detenidos, donde, por cierto, incluyó el apercibimiento en caso de no acatar sus designios.
Así, oficialmente autorizó que Jaqueline Irasema Leyva Camacho, Oswaldo López Barreras, Edgar Gelasio López Barreras y Gael López García (todos detenidos en marzo de 2023, después de catear un domicilio en el que localizaron metanfetamina, pastillas, un arma, cartuchos y cargadores), fueran “excarcelados temporalmente” y trasladados a un domicilio en el fraccionamiento Agua Caliente, aparte, no los envió a cualquier zona, sino a una de las más acaudaladas de Tijuana.
De igual forma, solicitó que mientras los detenidos dormían en el lugar, contaran con guardia y custodio de la Policía Federal Ministerial (no fuera que quisieran huir) y que por la mañana, los cuatro (ya descansados) fuesen reingresados de nueva cuenta a sus respectivos centros carcelarios, y una vez certificados médicamente, fueran trasladados de nueva cuenta al Juzgado para continuar con la audiencia intermedia al día siguiente al medio día.
Increíblemente, el juez Óscar Saúl Cortés Ortiz solicitó a los directores de los centros penitenciarios El Hongo y de Tijuana, autorizar el reingreso de los cuatro y la excarcelación para que durmieran en un departamento privado. Determinó que, en caso de que alguna autoridad no diera cumplimiento a su petición, esta sería multada.
Nadie, pero absolutamente nadie de los presentes daba crédito a la petición del juez. No hay lógica. Ninguna autoridad judicial había autorizado la excarcelación, los abogados defensores no habían solicitado la excarcelación y el MP, por supuesto, tampoco.
El asunto al final se resolvió fuera del Juzgado. Era imposible, legalmente, cumplir con los designios del juez Cortés Ortiz, y por lo tanto, no se llevaron a cabo los hechos que solicitó. Los cuatro detenidos fueron trasladados a los penales donde se encuentran recluidos llevando su proceso, y al reinicio de la audiencia intermedia, trasladados al Juzgado.
El juez Cortés Ortiz llegó a Tijuana procedente de Tamaulipas, donde tenía un Juzgado a su cargo y quién sabe cuáles sean las reglas en aquella entidad, pero en Baja California, donde suplió al juez Alejandro Baltazar -por cierto, también señalado en su momento de liberar delincuentes-, no le permitieron premiar a cuatro detenidos con una noche de comodidad en un domicilio en el fraccionamiento Agua Caliente.
Ahora sí que sus dotes de agente de habitaciones privadas con comodidades fueron frustradas, al menos por esta ocasión. ¿O será que alguien solicitó al juez excarcelar a los detenidos y este lo intentó, aunque con ello quebrantara la Ley? Es pregunta que espera respuesta…
