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miércoles, febrero 21, 2024
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El necesario deslinde presidencial

Esta semana, una pieza periodística de investigación firmada por Tim Golden y publicada en el colectivo estadounidense de periodismo de investigación ProPublica, puso en el ojo público el presunto financiamiento del narcotráfico a la campaña electoral de 2006 al equipo del hoy Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Titulado ¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador?, el reportaje tiene como introducción un texto que resume: “Testigos dijeron a la DEA que se dio el dinero a cambio de la promesa de que un futuro gobierno de López Obrador toleraría las operaciones del cártel”.


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Golden es un reconocido periodista estadounidense, laureado, premio Pulitzer, y con The New York Times en su hoja laboral. De acuerdo a sus declaraciones, investigar la información para redactar la pieza le tomó meses. Entrevistas con agentes de la DEA, funcionarios estadounidenses, contactos en México y en aquel país, y la lectura de expedientes que acreditan lo que en el texto presenta.

En una de sus conferencias matutinas, Andrés Manuel López Obrador respondió, como suele hacerlo, tachando de falsedades y calumnias el contenido de la pieza periodística. El primer día que se expresó sobre el reportaje, el miércoles 31 de enero, sorpresivamente no arremetió contra el periodista y el medio, sino contra el Gobierno de Estados Unidos: “Denuncio al Gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe prevalecer en todos los gobiernos del mundo”.

Sin embargo, al día siguiente, jueves 1 de febrero,  AMLO sí denostó a Tim Golden: “Ahora este periodista que sacó el reportaje de que yo estoy metido en el narcotráfico, o que me dieron dinero para la campaña, sin presentar ninguna prueba. Y es un periodista famoso, de los premiados… para mí, deberían darle el premio a la calumnia”, dijo a su estilo y en su tono, para desestimar la investigación periodística basada en investigaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA.


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Prosiguió con su ataque al gobierno del vecino país, señalando de utilizar al periodista: “No es él, él es un peón, un mercenario del periodismo, como los hay en México, los hay en Estados Unidos y los hay en todo el mundo. Pero eso tiene que ver con el Departamento de Estado, porque tampoco es la DEA así, en abstracto”.

Finalmente, el mandatario nacional aseveró algo de lo que tendría que ocuparse: “Yo no acepto eso. Yo lo que quiero es que el Gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el Presidente de México tiene autoridad moral y política, y si no tienen pruebas, tienen que disculparse”.

Señalar al Jefe del Estado Mexicano como quien en el pasado tuvo ligas -aun cuando no directas- con el narcotráfico a partir de un supuesto financiamiento de la campaña en 2006 por parte de la organización criminal Beltrán Leyva, no es un asunto menor y debe ser aclarado. En todo caso, el Presidente debe exigir conocer la investigación oficial, en la cual está sustentado el trabajo periodístico, y sea el caso, marcar un deslinde de las personas que dentro de su equipo se mencionan como quienes supuestamente acordaron esos lazos y recibieron ese recurso.

El reportaje, sustentado en declaraciones y entrevistas realizadas por funcionarios de la DEA a ciudadanos mexicanos que fueron descubiertos en una red criminal, diserta sobre la forma en que cercanos a Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, se habrían contactado con personas que laboraban en el entorno del hoy Presidente López Obrador cuando fue candidato en 2006, y a través de quienes habrían entregado unos 2 millones de dólares para el proselitismo, entonces del PRD, a cambio de supuestas promesas -una vez posicionado en el gobierno- en materia de infraestructura de la seguridad en el país.

Se basan en el testimonio de un testigo protegido que ronda las investigaciones de la DEA desde mediados de la primera década de 2000: Roberto López Nájera, a quien en actas de investigación apodaron Jennifer, un abogado que habría servido al narcotraficante La Barbie como intermediario, prestanombres y conducto en sus relaciones públicas.

López Nájera se desprende por los expedientes de la DEA que Tim Golden utilizó para su reportaje, fue el centro de la información que llevó al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa a aquella Operación Limpieza en la cual altos y medios mandos de la estructura de seguridad y procuración de justicia, fueron investigados y detenidos. Esa parte, por lo menos de las declaraciones de López Nájera, fue utilizada por el gobierno mexicano para procesar a los servidores que estaban infiltrados o tenían ligas de complicidad con el narcotráfico.

Roberto López Nájera -revela el reportaje- había acudido después de rencillas fatales con el narcotraficante La Barbie, a la Embajada de Estados Unidos en México para ofrecer colaboración y delatar la red criminal de la organización criminal.

Las ligas de los Beltrán Leyva a través de La Barbie por medio de López Nájera, con la campaña de AMLO, de acuerdo al texto periodístico, fueron tres: Francisco León, Mauricio Soto y Nicolás Mollinedo. León, identificado como un empresario metido a la política y aspirante a un escaño en el Senado de la República en aquella elección; Soto, delineado como operador político de la campaña al servicio de Mollinedo, el ya muy conocido ex chofer de López Obrador, quien no sólo manejaba su austero Tsuru cuando AMLO fue candidato, sino que también era el encargado de la logística de la campaña.

En ese círculo, se asume, se negoció la entrega de los millones de dólares para ser inyectados a la campaña del ahora Presidente de México. En ninguno de sus párrafos, se asevera que López Obrador estaría enterado del suceso ilícito, ni que este habría aprobado tal apoyo económico, de ahí el necesario deslinde.

Sin embargo, es sabido que el Presidente es muy dado a respaldar a aquellos que le han servido y acompañado, allende cualquier prueba que le presenten sobre un comportamiento irregular. El propio Nicolás Mollinedo fue exhibido primero por tener, como chofer, un sueldo de secretario cuando laboraba en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y recientemente ha sido evidenciado como un próspero hombre de negocios con construcciones aledañas, por ejemplo, al Tren Maya.

También fue el caso del General Salvador Cienfuegos, a quien el mismo gobierno de Estados Unidos detuvo por algunos días con señalamientos de ligas con el narcotráfico cuando tituló la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto. Cienfuegos, que pudo ser el Genaro García Luna del sexenio tricolor, fue defendido por López Obrador hasta lograr su liberación y no ser investigado en este país.

Hace unas semanas sucedió de nuevo. Sanjuana Martínez, periodista que fue de las confianzas de AMLO hasta nombrarla titular de Notimex -la agencia de noticias del Estado Mexicano-, denunció públicamente una red de corrupción que incluye la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Gobernación, y ahora la vocería de la Presidencia de la República. Sin embargo, el Presidente ha estado del lado de sus colaboradores en el gabinete y desestimado, sin mucha alharaca, las palabras de Martínez, quien hace unos días reveló que los tenía a todos grabados en conversaciones telefónicas que probarían los actos de corrupción. Tanto que, aseguró, podría caérsele la candidatura a una mujer. Ya antes había denunciado que uno de los actos de corrupción fue que le solicitaron un porcentaje de las indemnizaciones de los trabajadores de Notimex como contribución a la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo.

Es evidente, por los hechos que acontecen, que Andrés Manuel López Obrador no se deslinda de aquellos que en su entorno son acusados, incluso con audios, documentos o pruebas, de corrupción, sino todo lo contrario: los apoya a más no poder. Pero en este caso, en este señalamiento de un probable financiamiento del narcotráfico hacia su campaña, debería deslindarse. Es muy grave que el Jefe del Estado Mexicano cargue con esa mención, particularmente cuando su gobierno poco ha hecho para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, sustentado en una complaciente política de abrazos, no balazos.

Autor(a)

Adela Navarro Bello
Adela Navarro Bello
Directora general del semanario ZETA, Consejero de Artículo 19 y del CPJ para las Américas, entre otros reconocimientos, tiene el Maria Moors Cabot 2021 de la Universidad de Columbia.
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