El presidente Andrés Manuel López Obrador contestó, el 30 de enero de 2024, a la petición realizada un día antes por Luis Donaldo Colosio Riojas -alcalde de Monterrey, Nuevo León desde el 30 de septiembre de 2021-, quien solicitó otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, homicida material confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, asesinado el 23 de marzo de 1994, en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.
“Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte, quiero contestar que no puedo hacerlo, sé que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado, y que yo quiero que, en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar, yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así”, señaló el mandatario nacional.
“Yo no estoy cerrado, no tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósito politiquero, pero sí es importante que no haya impunidad, si se trata de un crimen, que de acuerdo a la Fiscalía, tiene alguna relación con una institución del Estado”, insistió el político tabasqueño.
La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó, en un comunicado emitido el 29 de enero de 2024, que tenía pruebas de que Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente del ahora extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), fue un segundo tirador en el asesinato de Colosio Murrieta.
La institución de procuración de justicia también afirmó que Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, era entonces subdirector operativo del CISEN y en “evidente encubrimiento delictivo”, liberó y “rescató” a Sánchez Ortega, horas después del asesinato de Colosio Murrieta.
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La Fiscalía dijo que 20 días atrás, Jesús Alberto Chávez Hernández, titular del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado De México, con sede en Toluca, “actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR”.
“En este caso, el juez llegó hasta el extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal, lo cual es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia, demostrando así que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance”, enfatizó la FGR.
La Fiscalía precisó que las pruebas presentadas en contra del citado agente del ahora extinto CISEN, “demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos”.
“Todas las pruebas aportadas por la FGR, y en especial las de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima. Las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma.
“Un gran número de testimonios señalan al acusado en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó; y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima. Un buen número de testimoniales también ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima”, refirió la FGR.
Además, la Fiscalía señaló que se encontraba “debidamente probado” que el CISEN, en aquel entonces adscrito a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), “mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”.
La FGR precisó que el video que prueba el primer disparo, y al cual el juez le pretendía dar valor frente a todas las pruebas aportadas, “estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse”.
La institución de procuración de justicia abundó que no existía ningún video dirigido hacia el área donde estaba el supuesto segundo tirador, motivo por el cual dicha prueba no podía favorecer, en modo alguno, al responsable del presunto segundo disparo.
“A pesar de todos estos obstáculos para procurar justicia, la Fiscalía irá al procedimiento de apelación, como lo ha hecho en todos los casos en que ha sido necesario, ya que esta institución confía en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho, en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad, como el que se cometió en contra de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio”, puntualizó la FGR.
Jesús Alberto Chávez Hernández, titular del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado De México, con sede en Toluca, negó la orden de captura contra el presunto segundo tirador, porque concluyó que la única prueba que tenía la FGR para acreditar una acción concertada entre Aburto Martínez y Sánchez Ortega, era el dicho de una mujer, mismo que no era fiable, debido a que cambió su testimonio 25 años después.
Se trata de Leticia Ortiz, compañera de trabajo de Aburto Martínez en la fábrica de plástico Camero Magnéticos, en la Mesa de Otay. En 1998, la mujer declaró que el presunto asesino de Colosio Murrieta fue visitado tres veces en su centro de trabajo, por un sujeto al que describió para un retrato hablado.
En 2023, la Fiscalía del Caso Colosio citó a Ortiz para una diligencia en la que le mostraron dos fotografías, una de ellas de Sánchez Ortega, y esta vez aseguró sin duda alguna que fue él quien visitó en la fábrica a Aburto Martínez, días antes del magnicidio.
El presunto segundo tirado ya había sido detenido por el asesinato de Colosio Murrieta. Las autoridades lo capturaron minutos después del homicidio, por dos indicios que lo convirtieron en ese entonces en uno de los principales sospechosos: su chamarra color blanca estaba manchada de sangre y poco después dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio.
Pero la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR) nunca procedió en su contra, porque Sánchez Ortega no tenía un arma en el momento de su captura y nunca se halló una distinta a la de Aburto Martínez en el lugar de los hechos.
“Si es un tirador solitario, esa es una motivación, aunque sea redundante, personal. Si interviene otro personaje y, además, es de una institución del Estado, ya hay una connotación distinta”, comentó al respecto López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
“Ahí no es presunto encubrimiento, es evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo involucrado directamente Genaro G., yo supongo que es García Luna […] Ningún crimen se debe permitir, pero este es un asunto de Estado. Por lo general las máximas en el argot del poder es que los crímenes de Estado nunca se aclaran, entonces no debemos nosotros decir: ya vamos a darle vuelta a la hoja”, sostuvo el titular del Poder Ejecutivo Federal.
