Al resolver un amparo promovido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal en la Ciudad de México suspendió, el 27 de diciembre de 2023, el fallo determinado por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, del día 5 de mismo mes y año, para ratificar la absolución de María del Rosario Robles Berlanga, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el supuesto daño la hacienda pública, estimado en 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
Entre los actos que reclamaba la ASF, estaba la sentencia absolutoria que ponía fin al proceso e impedía una nueva persecución penal en contra de la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante la Administración de Enrique Peña Nieto.
La ASF buscaba con el amparo, revertir la liberación de la ex jefa de Gobierno sustituta del Distrito Federal -entre el 29 de septiembre de 1999 y el 4 de diciembre de 2000-, además de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) -del 18 de marzo de 2002 al 11 de agosto de 2003-, y que se reiniciara el procedimiento penal en su contra.
“Se recibe el escrito por el cual se promueve demanda de amparo directo en contra de la sentencia definitiva señalada, se suspende de plano la ejecución de la citada resolución y se ordena emplazar a las partes”, señaló el acuerdo del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal en la Ciudad de México
La demanda de garantías fue otra vez turnada al Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, la cual, en caso de ser aceptada, los magistrados elaborarán el proyecto de sentencia y determinarán si confirman, modifican o revocan el fallo que absolvió a Robles Berlanda.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Federal presentó un amparo, el 26 de diciembre de 2023, para tratar de revertir la primera sentencia absolutoria de la llamada “Estafa Maestra”.
Se trata de una demanda de garantías contra la sentencia absolutoria dictada a Juan de Dios Nochebuena Hernández, ex rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) de Hidalgo, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Los hechos que le atribuyeron estaban relacionados con supuestas anomalías en un convenio en el que la SEDATU Federal pagó 185.8 millones de pesos a dicha Universidad, para desarrollar un software que pretendían instalar en el Centro Ciudad de las Mujeres, en el municipio de Tlapa, Guerrero.
Lucía López López, directora Jurídico Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEDATU Federal -cuyo titular es Román Guillermo Meyer Falcón-, interpuso un amparo directo contra la absolución de Nochebuena Hernández y el recurso fue admitido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Federal presentó su demanda contra la sentencia dictada el pasado 5 de octubre por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación Penal de la capital de la República, el cual confirmó el fallo de Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
El tribunal de apelación razonó que la conducta imputada por la Fiscalía General de la República (FGR), era una violación al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, pero no a la ley misma, lo que significaba que se trataba de una infracción administrativa y no un delito.
“Las razones centrales del tribunal de enjuiciamiento para absolver al acusado, que de manera sucinta consistieron en que la conducta atribuida no estaba prevista en el ámbito penal, sino administrativo, no fue controvertida por el apelante (FGR) en sus agravios de manera eficaz”, dijo el Primer Tribunal Colegiado de Apelación Penal de la capital de la República, en el fallo que la SEDATU Federal pidió revocar.
Nochebuena Hernández fue rector de la UPFIM, del 28 de marzo de 2012 al 22 de febrero de 2018, y el 28 de diciembre de ese último año se convirtió en el primer servidor público en ser vinculado a proceso por el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
Según lo recordó el diario Reforma, de todos los imputados por dicho caso, era el único que se había ido a juicio y logrado su absolución en dos instancias, primero ante un juez en funciones de tribunal de enjuiciamiento y luego en un tribunal de apelación.
Entre otras ilegalidades, la FGR lo acusó que, en su calidad de rector de la UPFIM, subcontrató más del 49 por ciento del monto total del contrato, límite que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En el juicio, la FGR pidió que condenaran a Nochebuena Hernández a 18 años de prisión, la inhabilitación para ocupar cargos públicos y el pago de una reparación del daño equivalente a los más de 185 millones de pesos del contrato.
