Cuando al secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, General Leopoldo Aguilar, y a la fiscal general del Estado, María Elena Andrade, se les preguntó recién tomadas sus respectivas encomiendas sobre la corrupción al interior de las corporaciones policíacas que encabezan, las respuestas fueron vagas y lo siguen siendo.
Lo primero que argumentan es el porcentaje de agentes con los Exámenes de Control, Evaluación y Confianza aprobados, como si eso los eximiera en automático de caer en las garras de la corrupción.
Igual sucede con los alcaldes, secretarios o directores de Seguridad en los ayuntamientos. Minimizan la corrupción, que, por su cargo y encomienda, deben conocer de manera certera, como si no hablar de la misma reflejara un buen gobierno, cuando en realidad los convierte en cómplices de un mal que aqueja a las corporaciones y afecta a la sociedad.
En el colmo de los casos, cuando es inevitable que tengan que reconocer la corrupción en las policías, se acusan unos a otros de padecer del mismo mal. Ya sabe, mal de muchos, consuelo de tontos.
La realidad es que aquello que niegan gobernadora, secretarios, fiscal y alcaldes, es una realidad que golpea de frente y fuerte: las policías en Baja California no han sido depuradas, están infiltradas por los cárteles de la droga, corrompidas por sus elementos que actúan criminalmente, igual que a quienes deberían combatir.
La pobreza de mente y estrategia es que los gobernantes y los secretarios no lo aceptan, aunque tengan la corrupción frente a su nariz, y, si no ven un problema, jamás buscarán la solución. Aceptar la corrupción interna debería ser el primer paso para combatirla y dar con ello certeza a la sociedad de corporaciones que actuarán en su beneficio y no con acciones delincuenciales.
Al inicio de esta semana y el final de la pasada, dos policías fueron asesinados en Tijuana. Uno municipal, el otro estatal. Días antes, el viernes 24 de noviembre, en ZETA publicamos un reportaje de investigación sobre la balacera al edificio de la Fiscalía General de la República. El ataque había sido por el robo de droga por parte de policías.
La información investigada y publicada en este Semanario se confirmaría oficial y públicamente en las siguientes horas y días a la circulación de ZETA. Lamentablemente, la tarde del mismo viernes 24, asesinaron al policía municipal León Bueno Loreto; días después, el lunes 27, mataron a otro policía, Salvador Vargas, de la Agencia Estatal de Investigaciones, perteneciente a la Fiscalía General del Estado.
Después del crimen del agente municipal, entre los propios elementos de diversas corporaciones, particularmente la estatal de Investigaciones, comenzaron a salir las delaciones: efectivamente, agentes habían participado en el robo de un cargamento de droga, por eso los estaban asesinando.
Tanto la fiscal María Elena Andrade como otros mandos de corporaciones locales, fueron informados de los nombres de los agentes que presuntamente habrían colaborado con un hombre de apodo El Federal en la organización y ejecución del robo de droga, y muchos de ellos estaban siendo amenazados de muerte.
¿Qué hicieron los mandos? Muy poco. La fiscal les abrió expediente administrativo y no los separó del cargo de forma inmediata. En la Policía Municipal, mandarlos a Puntos Fijos. En la Fiscalía General de la República, negar el hecho. En Guardia Nacional, actuar con hermetismo y no informar nada de nada a nadie, ni a institución alguna, ni nada.
El ataque criminal que inició con los balazos al edificio de la FGR en Tijuana y consecuentemente contra policías, que ya van dos fallecidos, no para. Lo investiga la FGR, supuestamente con la colaboración de las corporaciones locales y la FGE, pero hasta ahí. No hay información adicional a la ciudadanía, ni depuración prometida en las policías para identificar, neutralizar o dar de baja a los agentes deshonestos.
La gobernadora Marina Ávila no habla del tema que se le quema en las manos, y la fiscal refiere que es una investigación federal y no local cuando duerme con el enemigo en casa.
Una depuración de los agentes del orden en Baja California, sean municipales, estatales, federales y de Guardia Nacional es lo urgente, pero no lo importante para los gobernantes, secretarios y fiscales, quienes con su omisión protegen la corrupción.
Negar la corrupción interna vulnera a las corporaciones en lo general y a agentes honestos que son confundidos con malos elementos. Más allá de los Exámenes de Control, Evaluación y Confianza, que es evidente no están funcionando, se requiere que fiscal, secretarios y directores de Seguridad tengan el compromiso de actuar a favor de las corporaciones y en beneficio de la sociedad, limpiando la casa de malos elementos y respaldando a los buenos policías para enfrentar a los criminales organizados y los cárteles que tienen un frente abierto contra el Estado.
Pero hacerles entender a la fiscal o a los gobernantes que hablar de combatir la corrupción al interior de sus corporaciones no significa que ellos también sean corruptos, sino que están haciendo el trabajo para el cual se comprometieron, es harto difícil. Optan por pasar por la procuración de justicia y la prevención como uno más que administra la ineficiencia, sin reconocer la podredumbre y erradicarla para fortalecer a las instituciones.
Culparse unos a otros no es la solución, sino el abono para el crecimiento del problema de la corrupción en las corporaciones.
