La jueza de control Carolina Cataño otorgó a la Fiscalía General del Estado (FGE) una prórroga de tres meses para la investigación complementaria contra las 14 personas acusadas de cometer ataques a las vías de comunicación en modalidad de bloqueo, resistencia a la autoridad, lesiones calificadas y daño en propiedad ajena, en la manifestación de los taxis Rojo y Negro del 23 octubre pasado.
Ninguna de las partes (defensa, asesoría jurídica de la Comisión de Atención a Víctimas, ofendidos) expresó oposición a la ampliación del plazo solicitada por la FGE, bajo el argumento de que en el delito de lesiones calificadas, cuatro de los cinco policías estatales heridos fueron atendidos en el Issstecali, institución que no cuenta con los expedientes médicos al haberlos enviado a Mexicali.
De ahí que la FGE esté haciendo gestiones para obtenerlos, con el fin de evaluar el daño integral para negociar una posible salida alterna con la defensa de los acusados. Igualmente, señaló que falta revisar el dictamen sobre las averías a los bienes materiales del Estado (un chaleco balístico, un casco y dos escudos antimotines).
A la audiencia virtual, celebrada el 6 de diciembre de 2023, acudieron los 14 imputados que el fin de semana pasado salieron de la penitenciaria de La Mesa en Tijuana, luego de que la jueza Elizabeth Delgado otorgara la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada a firma catorcenal.
Delgado indicó que el cambio de medida cautelar se concedía al no haber oposición por parte de la FGE, los ofendidos, ni el representante legal de la Oficialía Mayor, habida cuenta que los delitos por los que se les acusa no ameritan prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, señaló que no advertía que hubieran cambiado las condiciones que justificaron la imposición de prisión preventiva justificada, la cual es “proporcional, idónea y necesaria” al considerárseles un riesgo para la comunidad, por la violencia y afectaciones causadas en la manifestación contra el Corredor Agua Caliente, sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz.
“No hay razón de peso” que confirme que dejó de existir el riesgo para la sociedad, dijo Delgado para luego expresar su inquietud sobre un consenso entre todas las partes en el que quedó “en medio” el Tribunal.
Ese mismo día, en un boletín, Comunicación Social del gobierno del Estado atribuyó el cambio de medida a “una instrucción” de la titular del Ejecutivo, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que se efectuara la “acción jurídica de beneficio social” que permitirá a los acusados lleven su proceso legal fuera de la penitenciaría ante la llegada de la temporada navideña.
El viernes 1 de diciembre, la defensa de los 14 detenidos solicitó el cambio de medida cautelar, luego de que un día antes se celebró una reunión entre el recién nombrado secretario General de Gobierno Alfredo Álvarez Cárdenas y el líder de los transportistas Joaquín Baltazar Sanabria, quien había calificado de “presos políticos” a los imputados.
