La jueza de control Carolina Cataño otorgó a la Fiscalía General del Estado (FGE) ampliar tres meses el plazo de investigación complementaria contra las 14 personas acusadas de cometer ataques a las vías de comunicación, resistencia a la autoridad, lesiones calificadas y daño en propiedad ajena en la manifestación de los taxis Rojo y Negro de octubre pasado.
La prórroga se dio bajo el argumento de salvaguardar la reparación del daño a los agentes de las fuerzas estatales que resultaron lesionados y los bienes materiales averiados en la manifestación contra el Corredor Agua Caliente, sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz de Tijuana.
En el plazo de investigación complementario, que fenece el 26 de febrero de 2024, también pueden agotarse salidas posibles al conflicto en cuanto a la reparación del daño. Así como recabar pruebas tanto la FGE, la defensa y la asesoría jurídica de los ofendidos para sustentar la tesis del caso, comentó la juzgadora.
Para que se le otorgara la prórroga, la Fiscalía argumentó que en lo referente al delito de lesiones calificadas cuatro de los cinco lesionados fueron atendidos en el Issstecali, institución que no cuenta con los expedientes médicos al haberlos enviado a Mexicali, por lo que se trabaja en la gestión para obtenerlos, con el fin de evaluar el daño integral para negociar una posible salida alterna.
Asimismo, falta revisar el dictamen sobre el daño a los bienes materiales del Estado (un chaleco balístico, un casco y dos escudos antimotines)
En la sesión virtual de este 6 de diciembre de 2023 estuvieron presentes los 14 detenidos, quienes el fin de semana dejaron la penitenciaria de La Mesa, luego de que fuera determinada el cambio de medida cautelar de prisión preventiva justificada a firma catorcenal.
Ni la defensa, ni la asesoría jurídica de la Comisión de Atención a Víctimas, ni los ofendidos que estuvieron presentes en la audiencia expresaron oposición a la ampliación de la prórroga de tres meses para la investigación complementaria del caso.