El pasado 11 de diciembre, el juez Décimo Primero de Distrito en Tijuana otorgó la suspensión definitiva a favor de la familia Tejeda para que no sea desalojada de los tres predios que pretende expropiar la alcaldesa de Playas de Rosarito Araceli Brown Figueredo, hasta en tanto no se resuelve de fondo el juicio de amparo 865/2023.
El abogado de la familia Tejeda, Sergio Bravo Gibert, señaló que ni la suspensión definitiva, ni suspensión provisional fueron impugnadas por la autoridad. Indicó que aún está pendiente de resolución otro juicio de amparo con número de expediente 185/2023 radicado en el Juzgado Décimo Quinto.
En ambos, la familia Tejeda denuncia que se violentó su garantía de audiencia, al no haber sido notificada de que sería afectada en diversos planes municipales de desarrollo. Aunado a que la obra que pretende hacerse (rampas de patinaje) no está contemplada en los referidos planes de desarrollo, como señaló el gobierno de Brown Figueredo para haberse emitido la Declaratoria de Utilidad Pública, que dio inicio al proceso administrativo para determinar la expropiación.
Bravo Gilbert señaló que la autoridad municipal ha querido “maquillar” la expropiación indicando que el proyecto es un parque público y una “Ventana al Mar”, pero no es ni un parque natural con árboles, ni está justificado el acceso al mar, ya que en las calles laterales de los predios que se pretende expropiar son la entrada al mar.
En los planes viene contemplada la remodelación del parque Benito Juárez y la biblioteca Abelardo L. Rodríguez en un predio contiguo al de la familia Tejeda. “Lo que no viene es que exista una ampliación al proyecto y que esa ampliación contemple una plaza con skatepark, y es donde en el expediente técnico revuelve el gobierno municipal dolosamente y dice que ya estaba contemplado, pero si se analiza bien el expediente y los planes de desarrollo no viene contemplada”.
Si la obra con la que se afectarían el patrimonio de varias generaciones de la familia Tejeda hubiese sido contemplada en alguno de los planes de desarrollo debió notificársele previamente, conforme a la Ley de Desarrollo Urbano, pero “jamás fue notificada”, reiteró en conferencia de prensa este 19 de diciembre de 2023.
El litigante explicó que los juicios de amparo promovidos en instancias federales podrían resolverse en el primer trimestre de 2024, y son diferentes al procedimiento administrativo de expropiación que lleva a cabo la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt) a solicitud del gobierno de Brown Figueredo.
La dependencia que encabeza Arturo Espinoza Jaramillo ya está en posibilidad de emitir un dictamen sobre si procede o no la expropiación, pero en noviembre estableció que no emitirá un dictamen hasta que hayan sido resueltos los juicios de amparo.
Bravo Gibert denunció diversas irregularidades en el expediente técnico como el que la alcaldesa Araceli Brown Figueredo fue quien solicitó la declaración de Utilidad Pública violentando la Ley de Régimen Municipal, la Ley de Expropiación del Estado y el artículo 115 Constitucional al no obtener una autorización de las dos terceras partes del Cabildo.
En el expediente técnico tampoco se establece cuándo concluirá la obra, y los planes que lo integran no cuentan con firma, ni sello de las autoridades competentes.
El “hipotético caso” que procediera la expropiación sería una “arbitrariedad” y “una burla” a la ciudadanía, como lo son los avalúos que presentaron para indemnizar a la familia Tejeda, ya que se hicieron avalúos a inmuebles lejanos a la playa, y rústicos, sin similitud a los predios que pretende expropiar.
Bravo Gibert aseguró que cuando el despacho tomó el caso recibieron una llamada para hacerle saber que la presidente municipal y el Ayuntamiento estaban “muy contrariados” porque pensaban que la familia Tejeda no se iba a defender y pensaban que tenían listo el acuerdo reparatorio, pero que cuando llegó esa contestación a Mexicali tuvieron que cancelar todo y que se preguntaron “cómo era posible que la familia Tejeda haya tenido los recursos para contactar un despacho”.
“Eso quiere decir que el Ayuntamiento y la presidente municipal estaban ciento por ciento seguros que la familia Tejeda no iba a meter ni las manos y al emitir esa declaratoria (de utilidad) a los 10 días iban a llegar a la fuerza pública a despojar a la familia Tejeda de sus propiedades”, afirmó.
Integrantes de la familia Tejeda denunciaron que fueron objeto de agresiones en redes sociales por parte de la gente y funcionarios municipales, a través de páginas falsas “publicando fotografías de sus hijos con balazos en la cabeza”; motivo por el cual se presentaron denuncios ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
