Con 230 votos a favor -de los grupos legislativos de Morena, así como de los partidos del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista Mexicano (PVEM)-, además de 22 sufragios en contra de Movimiento Ciudadano (MC) y 170 abstenciones -de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)-, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se erigió, el 13 de diciembre de 2023, como Jurado de Procedencia, para aprobar el desafuero de Uriel Carmona Gándara, titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), y que fuera procesado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
“Ha lugar a proceder penalmente en contra del C. Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado de Morelos, como consecuencia del procedimiento de Declaración de Procedencia solicitado en su contra por el Agente del Ministerio Público de la Federación, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos Ejercicio Ilícito de Servicio Público, previsto en el artículo 214 fracción I, Código Penal Federal y Contra el Funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en el artículo 139, fracción IV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, señaló el resolutivo presentado por la Sección Instructora de San Lázaro.
Según indicó el dictamen, con ello, quedó expedita la facultad del Ministerio Público de la Federación (MPF), para ejercer la acción penal correspondiente, en el momento en que lo determinara, contra Carmona Gándara. También señala que la declaración de procedencia se remitió al Congreso de Morelos para que, en ejercicio de sus atribuciones, procediera como correspondiera.
Sin embargo, ello sería “para el sólo efecto de que se ponga a disposición del Ministerio Público Federal al imputado, sin perjuicio de la facultad ya concedida en este dictamen a dicho órgano investigador, contenida en el resolutivo anterior”.
Por lo que no se reconoció el hecho de que el Congreso de Morelos ratificaría o no el desafuero del funcionario estatal, como sucedió con el caso del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, proceso que fue avalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Carmona Gándara no se presentó en el Pleno de la Cámara baja del Congreso de la Unión, para realizar su defensa personal, sino que fue su abogado, Gabriel Alejandro Regino García quien habló. Mientras que en representación de la Fiscalía General de la República (FGR), el fiscal Juan Gabriel Morales Hernández expuso que el 7 de mayo de 2020, se recibió una denuncia anónima, en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la institución de procuración de justicia federal.
De tal denuncia anónima se derivó que el 8 de mayo de 2020 se generara la carpeta de investigación con nomenclatura FED/SEIDO/UEITA-MOR/0000286/2020, por los delitos de delincuencia organizada, acopio y tráfico de armas contra la salud, en su modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra Carmona Gándara.
Posteriormente, Morales Hernández -acompañado de Emiliano Villa Caballero, fiscal de la Unidad Especializada en Investigaciones, Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la FGR-, detalló que el primero de octubre del año 2020, el ciudadano Óscar Daniel Álvarez Roja presentó otra denuncia contra Carmona Gándara, por no haber cumplido con los exámenes de control de confianza, cuando fue electo titular de la Fiscalía de Morelos, el 15 de febrero de 2018.
La FGR expuso que, siendo fiscal, Carmona Gándar hizo nombramientos a favor de Juan Jesús Salazar Núñez, Pérez Avilés Héctor David, Chávez Carmona José Alejandro, Lulo Juan Zaida Janeth, Toledo Camacho Norma, fiscal especializada en representación para grupos vulnerables y asistencia social, así como de Velázquez Luna Angélica Danaé, ex Secretaria Ejecutiva de la Fiscalía General del Estado de Morelos, sin que cumplieran con los exámenes de control de confianza.
“Es claro que Uriel Carmona Gándara, probablemente ejerció el cargo de Fiscal General del Estado de Morelos a partir del 15 de febrero de 2018 sin tener cubiertos todos los requisitos que la legislación exige para ocuparlo. Esto es, no contaba con la certificación para desempeñarlo”, explicó Morales Hernández a los legisladores, quien también dijo que al hacer dichos nombramientos a personal que tampoco cubría con los controles de confianza, Carmona Gándara cometió, presuntamente, el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
“Señoras y señores diputados federales, es claro que debe retirarse la inmunidad procesal con la que cuenta el señor Uriel Carmona Gándara, con la finalidad de que se pueda ejercitar la acción penal correspondiente”, solicitó el fiscal de la FGR.
Por su parte, Regino García aceptó que el Carmona Gándara no contaba con dicha certificación, al momento de asumir el cargo, así como los funcionarios nombrados por el fiscal de Morelos. Sin embargo, advirtió que no era requisito en la Constitución estatal y que todos los señalados, incluido el imputado, ya contaban con la certificación.
El abogado defensor argumentó que el desafuero era una “gran atrocidad” cometida contra Carmona Gándara, por ser titular de un órgano constitucional autónomo, perseguido, dijo, porque no se plegó a los designios del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Regino García recordó que desde el 2014, los gobiernos estatales habían hecho renunciar a 17 fiscales cuando se dio el cambio de Administración. Asimismo, enfatizó que desde el inicio de la Administración de Blanco Bravo, se le pidió a la Fiscalía estatal, proceder penalmente en contra la administración anterior de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.
“Han sido ya 17 fiscales a quienes los nuevos titulares del Poder Ejecutivo Estatal les han obligado a renunciar, con amenazas de denuncias disfrazadas de motivos personales, con lo cual, indirectamente se está violando un mandato constitucional […] Pero la investigación de un crimen no está basada única y exclusivamente en los ánimos políticos de venganza, sino en evidencias científicas y datos de prueba”, aseguró Regino García.
El abogado defensor manifestó que ello no fue casualidad, porque ante la negativa de la Fiscalía morelnse a obedecer al Gobierno estatal, “de plegarse a un juego político que no le correspondía”, de repente surgieron las denuncias en la FGR contra Carmona Gándara.
Regino García expuso que ello se pidió “sin más pruebas que el simple ánimo de revancha o el cumplimiento de encomiendas indecibles”. E insistió en que no hubo delito, porque la Constitución de Morelos no exigía como requisito los controles de confianza. Agregó que, además, se le imputaba un delito que ya prescribió.
“Como no se le había podido doblegar, se le quiso imputar, como se ha hecho, la muerte desafortunada de una joven, sobre la que el Fiscal no tiene participación, ni responsabilidad alguna”, reclamó el abogado defensor.
“El fiscal del Estado de Morelos es inocente, no ha cometido ningún delito. Diputadas, diputados, en sus manos no solamente está su dignidad, sino la suerte que va a correr México en los siguientes años con fiscalías inclinadas e hincadas hacia el poder político y al poder punitivo”, puntualizó Regino García, quien también denunció que la FGR nunca citó a Carmona Gándra, para que conociera de la denuncia en su contra.
“¿Dónde quedan entonces los derechos constitucionales? ¿Dónde queda el derecho constitucional de poder defenderse ante el Ministerio Público? ¿Se va a anular o vamos a seguir procurando que cuando se trate de adversarios políticos hacer investigaciones en lo oscurito para de repente caerles con una orden de aprehensión? ¿Van a seguir autorizando esas mismas prácticas?”, planteó el abogado defensor, antes de la votación.
