El 28 de octubre, aproximadamente a las 04:00 horas, se registró un incendio en una de las viviendas ya demolidas para el derecho de vía del Viaducto Elevado Playas-Aeropuerto de Tijuana. Aunque los bomberos lo sofocaron, dos horas después las llamas resurgieron. “Por fortuna no alcanzaron los árboles, porque se hubiera quemado mi casa”, denunció María de Jesús Orozco Bautista, residente de la colonia Libertad.
Contó a ZETA que desde agosto-septiembre, cuando la empresa O&H (OH Abogados, Sociedad Civil) comenzó a demoler las casas, ella alertó que había gente pepenando madera y cable, el cual queman de día y de noche.
Demuelen las casas porque se quedaban solas y se mete gente que quiere sacar provecho nuevamente, pero el problema es que nada más demolieron y lo dejan así. “Necesitamos que recojan todo eso por los animales, y aparte por los incendios. Dice la empresa que a ellos no les corresponde, que les corresponde a los gobiernos del Estado, del Municipio, que ya les avisaron, pero nosotros seguimos en riesgo”, expresó Orozco.
Mayra Montoya Flores, otra residente de la zona, coincidió en que los escombros son un problema para la comunidad porque generan inseguridad. “Yo le marqué al delegado municipal, le he mandado mensajes y videos de las casas que están derrumbando, le he preguntado si él ya autorizó esas demoliciones; dijo que él no tiene información al respecto y que ya subió la queja al Ayuntamiento, pero que no tiene respuesta”.
Montoya Flores mostró un citatorio fechado el 17 de octubre, en el que el propio Ayuntamiento manifestaba que no se había presentado licencia de demolición de una vivienda ubicada a un lado del Callejón Mapula en la colonia Libertad parte baja.
En un recorrido de ZETA efectuado el 31 de octubre, se observó que sobre la calle Vía de la Juventud Oriente (conocida también como Vía Internacional) había montones de escombros, ropa, algunos enseres domésticos y madera en diversas casas demolidas. Incluso pegado al muro fronterizo entre México y Estados Unidos.
Al respecto, Arturo Espinoza Jaramillo, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe retirar todo y ya está por arrancar los trabajos de cimentación en el Cañón Zapata.
PRÓXIMA SEMANA INICIARÍA CIERRE DE AVENIDA INTERNACIONAL
Hoy viernes 3 de noviembre habrá una nueva reunión con autoridades federales para abordar los avances del Viaducto Elevado, sin embargo, los últimos datos indican un avance de la obra del 15 por ciento en Cañón del Matadero y del 5% en otras zonas.
No han empezado a hacer físicamente los túneles, pero en sí ya iniciaron los preparativos para comenzar, se han reforzado taludes y se está trazando sobre la Avenida Internacional.
En días pasados, Enrique Bautista Corona, director de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental (SDTUA) del Ayuntamiento de Tijuana, informó que después de la reunión de hoy se sabrá cuándo comenzará a trabajar la Sedena sobre un carril central (en ambos sentidos) de Avenida Internacional, en un tramo de 2 kilómetros desde Avenida Venustiano Carranza hasta las inmediaciones de las oficinas del Partido Revolucionario Institucional.
Existe la propuesta de utilizar el carril debajo de Avenida Internacional, Avenida Carranza y Calle Segunda, trabajos que durarán entre cuatro y seis meses.
Arturo Espinoza Jaramillo, de la SIDURT, refirió que 60% de los propietarios y/o posesionarios ya llegaron a un acuerdo con la empresa contratada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para liberar el derecho de vía (O&H Abogados); otro 20% está en proceso y el resto estaba por cerrar.
El funcionario agregó que desde hace dos meses se pusieron a disposición más de 110 lotes, inclusive algunos cerca de ahí, pero en ningún caso se había echado mano de ellos por la empresa liberadora del derecho de vía.
COLONOS PIDEN INSPECCIÓN JUDICIAL SOBRE AMPARO
El 18 de octubre, residentes de la colonia Libertad presentaron una queja ante el Quinto Tribunal Colegiado en Mexicali, argumentando que las autoridades, particularmente la Sedena, no respetaron la suspensión provisional contra el Viaducto Elevado otorgada previamente (11 de septiembre de 2023).
Como parte del amparo 1003/2023, los colonos piden una inspección judicial y estarán ingresando nueva evidencia para probar que no se respetó la suspensión provisional otorgada por el juez décimo de Distrito.
Mayra Montoya Flores expuso que el caso no ha avanzado por el paro de labores del Poder Judicial, señalando a su vez que los cerca de 30 colonos siguen firmes en no vender las propiedades en las que habitan.
El 3 de octubre, el juez negó la suspensión definitiva que en teoría mantenía suspendida la obra. Al respecto, Guillermo Rivera, director general de la firma De la Peña Rivera, SC, explicó que cuando son obras consideradas de interés público, incluso de seguridad nacional, “a veces es muy complicado que procedan las suspensiones, porque están en la lógica de que el interés nacional, de seguridad, es un interés colectivo sobre los derechos individuales”.
Sin embargo, el haberse negado la suspensión definitiva no implica que el juicio de amparo “se va a perder, ni que pueda ser improcedente”, y previó que en la medida en que la obra vaya impactando, es posible que haya más recursos legales contra ella.
En su calidad de especialista, el abogado recordó el Acuerdo de Escazú con el que se definió que no operaría la planta de Constellation Brands en Mexicali, luego que las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la de Gobernación ( Segob) elaboraran una consulta ciudadana.
El Acuerdo de Escazú es un convenio internacional, el cual dicta que, si fuera el caso, la ciudadanía impactada en un tema de medio ambiente debe ser informada, después tiene que ir a consulta y posteriormente potencializar las acciones en el tema del medio ambiente.
Cada acto que da el juez podría ser materia de impugnación, y alguno atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en recurso de revisión, o solicitado por alguna de las partes durante los dos años que tomaría en resolverse el juicio de amparo.
El litigante consideró que el factor social cada vez tendrá mayor relevancia, “esta parte puede generar muchas acciones no solamente de uso o expropiación, sino que vamos a encontrar en el camino una serie de demandas, otro tipo de indemnizaciones justas, inclusive de proyecto de vida de negocios o familias que tienen una actividad en la zona y que de alguna manera esta obra viene a cambiar ese proyecto”, argumentó.
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Por su parte, Ivonne Hernández Cabrera, coordinadora del programa Rol x Playas, expresó su preocupación, ya que la obra no traerá beneficios ni a Playas de Tijuana ni a la colonia Libertad, porque realmente conectará la garita hacia Rosarito “por el tema del desarrollo inmobiliario, pero los que estamos en medio no vamos a poder acceder a la vialidad”.
Al quedar el inicio del Viaducto Elevado en la entrada de Playas y no en la autopista Escénica Tijuana-Ensenada, “se va a hacer otro 5 y10” al combinar transporte pesado y privado con altas velocidades, “receta perfecta para la siniestralidad”, consideró.
De acuerdo con la activista en movilidad con perspectiva de género, Tijuana está en quinto lugar en siniestros viales a nivel nacional y séptimo a nivel mundial en cuanto a siniestros de jóvenes. Infraestructuras como ésta terminarán saturándose al cabo de un tiempo y no resolverán la movilidad, ni se está observando el tema de seguridad vial, pues el Viaducto Elevado no cuenta con rampas de emergencia.
Hernández Cabrera señaló que la autoridad federal, estatal y municipal han sido opacas en cuanto a los estudios de movilidad e impacto ambiental con los que se definió el proyecto del Viaducto Elevado, al sólo mostrar un video render de la obra el 7 de mayo, en una reunión encabezada por el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala.
El 29 de junio se hizo la solicitud formal y por escrito -mediante la regidora panista Georgina Arana- a la SIDURT y, el 3 de julio, al Instituto Municipal de Planeación; el 15 de agosto, a Sedena. La respuesta de esta última, firmada por el General Brigadier Raúl Manzano (responsable de la obra), fue que agradecería canalizar la petición a la SICT o al Centro SCT Baja California, “toda vez que Sedena sólo realiza la función de constructor, no teniendo injerencia en los estudios previos”.
A final de cuentas, “terminó siendo una burla, porque el 18 de agosto se nos invitó a volver hacer nuestra petición en un evento que se había hecho el 11 de agosto”, acusó la consultada.
OTAY II TERMINARÁ HASTA 2025 EN EU
En la última reunión sostenida con autoridades federales, se informó que el gobierno estadounidense prevé arrancar la construcción del puerto fronterizo Garita Otay II entre abril y mayo de 2024, “y piensan que hasta 2025 estarían terminando”.
Del lado mexicano, la Sedena sigue avanzando en tres tramos: el de acceso a la garita sobre Bulevar Limón Padilla, la vialidad superior -Avenida de Las Torres- y en la garita.
En un recorrido de ZETA por la zona, se observó que fue retirado el campamento instalado por la Sedena, pero varias cuadrillas de trabajadores laboran en las estructuras de los pilotes de la vialidad de acceso a la garita y en lo que será el recinto fiscal.
Para una residente de la zona, cuyo predio tuvo que ser recortado por la vialidad de acceso, los trabajos van lentos: “Nos sentimos bien afectados porque ya nadie viene a comprar”, además de destacar que, después de que los inmuebles fueron demolidos, se dejó el escombro, sirviendo de guarida para “gente indigente”, a quienes se les permitió llevarse cuanto encontraron.