Aunque se estima que alrededor de 50 niños laboran en los cruceros de Tijuana, según señaló Marisol Hernández, regidora presidenta de la Comisión para la Protección de la Niñez y la Adolescencia, sólo hay cuatro casos registrados en la Comisión Interinstitucional Contra la Trata de Personas, de menores víctimas de explotación laboral durante 2023; mientras que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California (CEDHBC) registra solamente un caso, en proceso desde 2021.
“Estamos trabajando en conjunto con el DIF Estatal, porque le corresponde al Estado la patria y potestad de los menores, para hacer un operativo en conjunto, municipio y estado, estamos esperando la respuesta”, externó la regidora.
Destacó que actualmente trabajan en concientización para comprender qué es lo que hace falta en estas familias, ya que el mero hecho de llegar a retirar a los menores podría ocasionar un riesgo mayor.
“Es de costumbre a veces, porque yo le ofrecí un apoyo de emprendimiento a una de las abuelitas que traía a los niños y me dijo ‘no, yo estoy muy contenta como estoy aquí trabajando con mis cosas’”, explicó.
Según señaló Jorge Álvaro Ochoa Orduño, presidente de la CEDHBC durante marzo de este año participaron en las mesas de trabajo sobre el tema, además de DIF municipal, Secretaria de Bienestar y la Dirección de Asuntos Indígenas, a raíz de lo cual realizaron una capacitación.
Resaltó que por sus implicaciones, prepararse para ello lleva tiempo, pero “sí es importante intervenir y realizar un diagnóstico para de ahí partir y poder atender al tema”, comentó.
De igual manera, mencionó que los principales derechos vulnerados en estas situaciones son el derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho al juego, derecho a tener una vivienda digna y derecho a la integridad física.
Gabriela Navarro Peraza, secretaría técnica de la Comisión Interinstitucional Contra la Trata de Personas, señaló que de los cuatro casos que tienen en registro, ninguno tenía acceso a la educación en el momento en que presentaron las denuncias.
Entre los principales puntos de la ciudad donde se encuentran destacó Garita de Otay, 5 y 10 y la línea internacional. De las principales características que presentan, resaltó el no tener amigos; no estar ubicados en tiempo y espacio; desnutrición; y no tener acceso a sus padres, ya que de los casos atendidos, todos se encontraban bajo la tutela de un tercero.
No criminalizar la pobreza
De acuerdo con el titular de la CDHBC, en 2021 colaboraron con DIF Estatal para entrevistar a niñas y niños, entre los que algunos señalaron recibir educación por las tardes. “No significa que no estén en la escuela; puede que estén en la escuela en la tarde, el hecho de que la apariencia sea criminalizada…”, externó.
De igual manera, Navarro resaltó que no todos los niños que están en la calle se pueden considerar explotados laboralmente, ya que en ocasiones solamente están en acompañamiento. “A lo mejor no tiene a donde dejarlo, entonces tampoco debemos castigar la pobreza”, externó.
