Andrés Manuel López Obrador tiene dos aliadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Yazmín Esquivel Mossa y Loreta Ortiz Ahlf. Las dos ministras propuestas por él para esa posición, le son incondicionales. No protegen la Constitución como es su deber, sino la ideología del mandatario nacional.
Pero en realidad el Presidente quería tener mayoría en la Corte. Propuso a cuatro personas para ministros, con ello esperaba obtener la lealtad a ciegas del 36% de los miembros del supremo colegiado y romper con los ocho votos necesarios para determinar una inconstitucionalidad.
No le resultó. Dos de sus propuestos, la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, una vez que fueron investidos como tales, se comprometieron a guardar y honrar la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, y con base a ese razonamiento han votado, ponderando la Ley por encima de la ideología política. Por eso el Presidente los ha clasificado como traidores, se dice arrepentido de haberlos propuesto. Así lo expresó: “Me equivoqué porque hice propuestas, pero ya una ver que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos”.
Sin embargo, hace unos días, el ahora ex ministro Arturo Zaldívar le dio la oportunidad al Presidente de hacerse de un mayor control en las votaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Zaldívar renunció, aun cuando le restaba un año en el cargo, al ministerio, para, descaradamente, unirse al equipo de la morenista y virtual candidata del partido oficial a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
La oportunidad para AMLO es llenar ese vacío y no la desaprovecha. El miércoles 15 de noviembre, presentó la terna para que de la misma el Senado de la República elija a quien sucederá a Zaldívar. Fueron tres mujeres, las tres morenistas, las tres aliadas incondicionales del Presidente de la República, las tres sin experiencia en la impartición de justicia, pero con harto compromiso hacia el proyecto personal de López Obrador, llamado por él mismo Cuarta Transformación, aun cuando se desconozcan sus bases y sus resultados.
Se trata de Bertha María Alcalde Luján, morenista, hermana de la secretaria de Gobernación, abogada y actualmente asesora jurídica de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), intentó pero no pudo ser consejera del Instituto Nacional Electoral, y también laboró en el jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Su currículo no incluye posiciones ni en el Poder Judicial, ni en la procuración de justicia.
En la lista también aparece Lenia Batres Guadarrama, hermana del actual jefe de Gobierno de Ciudad de México, sucesor de Claudia Sheinbaum en el cargo. Es consejera jurídica adjunta de legislación y estudios normativos de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. En su haber no aparecen cargos en materia judicial o de procuración de justicia, aunque sí de asesora jurídica en la Secretaría de Desarrollo Urbano y en la alcaldía Tlalpan, además de directora de Transporte.
La tercera en la corta lista es María Estela Ríos, jefa de Lenia Batres al ser la consejera jurídica de la Presidencia de la República, posición que ocupó también en la jefatura de la CDMX cuando el hoy Presidente la encabezaba.
Si AMLO no tiene un as bajo la manga, una de ellas tres se convertirá en ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en dado caso que en el Senado de la República no se pusiesen de acuerdo sobre a cuál nombrar, la designación la haría directamente el mandatario nacional.
Con ello dividirá a la Suprema Corte entre aquellos que protegen y defienden la Constitución como corresponde, y aquellas que, a ultranza, defienden los proyectos del Presidente, de su partido y su ideología. Serán tres contra ocho.
Aun cuando AMLO no lograra romper con los ocho votos requeridos para declarar una inconstitucionalidad, sí se puede acercar a ello, pues tendría que cabildear para lograr sólo un voto más a los tres ya asegurados.
Ciertamente López Obrador no es el primer titular del Poder Ejecutivo federal que propone para ministro a personas sin experiencia alguna en el Poder Judicial. Por mencionar los recientes, Felipe Calderón Hinojosa propuso a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, actual ministro, cuando este, sin experiencia judicial, aún era titular del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, en 2012. Tres años después, en 2015, Enrique Peña Nieto propuso a su embajador en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora e Icaza, que también había sido procurador general de la República en el sexenio calderonista, y a la postre se convertiría en el primer ministro en renunciar al cargo durante la administración de López Obrador.
Ahora, gracias a su aliado en la Corte y fuera de ella, Arturo Zaldívar, López Obrador tendrá a una morenista en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien, unida con sus ya dos aliadas, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, dividirán la Suprema, en mínimo, 3 a 8, poniendo en riesgo la constitucional autonomía e independencia del Poder Judicial, con la intención de convertirlo en un Poder subalterno a la Presidencia de la República, como ya lo hizo con el Legislativo.
Las ansias del poder absoluto de AMLO no disminuyen conforme se acerca el ocaso de su gobierno, al contrario, son más evidentes, más descaradas. Quiere el control total sobre todos los poderes.
