Que tres menores de edad sean privadas de su libertad a punta de pistola en el llamado Pueblo Mágico, debería ser un detonante para que la sociedad, los organismos de la sociedad civil e incluso el Consejo Ciudadano de Seguridad exigieran a las autoridades estatales, municipales y federales una estrategia real de combate a la inseguridad…
¿Qué se necesita para que la sociedad bajacaliforniana vuelva a sorprenderse de los terribles casos de inseguridad y violencia que se viven en el estado? ¿Qué se requiere para que la gobernadora Marina Ávila, la fiscal María Andrade y los alcaldes empiecen a trabajar realmente por la seguridad en los municipios?
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Todos los días en todos los municipios, particularmente en Tijuana, Tecate y Ensenada, son descubiertos cuerpos, se escuchan balaceras, asesinan a policías, se enfrentan los criminales; pero no hay acciones de gobierno extraordinarias para enfrentar la terrible situación de inseguridad que vive Baja California.
Esta semana que concluye, dos hechos atroces ocurrieron en Tecate, donde el alcalde, prácticamente fuera de sus cabales, arremete contra ciudadanos, contra políticos y se enfrenta en una guerra mediática, verbal y a veces física, por amarrar su reelección. Al tiempo que la fiscal criminaliza a las víctimas, aun siendo menores de edad.
Primero, una balacera a finales de la semana pasada dejó un hombre herido. Tanto sus agresores como sus acompañantes abandonaron la escena del crimen, dejando armas largas abandonadas en el lugar. En esas condiciones de criminalidad, el sujeto fue trasladado al Hospital General de Tecate para su atención; le habían baleado la parte inferior del cuerpo.
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Pero las autoridades que acudieron al enfrentamiento armado, que confiscaron las armas, que cerraron la escena y trasladaron al hombre al hospital, no se quedaron en el lugar. Aun siendo parte de una investigación abierta, balacera y armas aseguradas, el herido fue entregado al hospital sin custodia alguna y sin supervisión policiaca.
Al día siguiente, quienes no lograron asesinarlo un día antes, llegaron impunemente al Hospital General de Tecate. Bajaron de la camioneta en la que se trasladaban, amagaron al guardia de seguridad del nosocomio que ni tolete porta, y entraron al área de urgencias. Buscaron camilla por camilla hasta que localizaron al hombre herido, y así sin más, le asestaron 12 disparos en el rostro. Lo mataron en el acto y huyeron con la misma impunidad con la que llegaron. Nadie los detuvo porque no había policías resguardando el área adonde habían ingresado a un baleado y protagonista de actos criminales.
La ineptitud de la Fiscalía General del Estado para resguardar tanto al herido que no fue detenido, como las instalaciones del Hospital General a las que llevaron a un presunto delincuente (estaba en posesión de armas largas cuando fue atacado), puso en riesgo al personal médico, de urgencias, administrativo y de atención del hospital.
En un segundo acto, el sábado 4 de noviembre, tres jovencitas menores de edad, una de 14 años, otra de 15 y una más de 17, fueron privadas de su libertad en una colonia de Tecate. Las menores iban por la noche a encontrarse con dos jóvenes, cuando los cinco fueron sorprendidos por una camioneta tipo van, blanca, de la que se bajó un hombre encapuchado y armado, y los subió por la fuerza a todos.
El hombre armado notificó vía celular, que llevaba a cinco personas, y le dieron la orden de sólo llevarse a dos. En el acto, ya se había descubierto el rostro y fue identificado como el novio de una de las menores, con quien llevaba una “relación tóxica”. Bajó de la camioneta a los dos muchachos y a una de las jóvenes, y se llevó a las otras dos.
Los dos muchachos liberados y la menor, contaron lo sucedido a las madres de las jóvenes privadas de su libertad. De entrada, todos supusieron que se trataba de otro acto más de toxicidad entre los jóvenes que habían sido novios, pero aun así alertaron a las autoridades de lo que sucedió y comenzaron la búsqueda de las niñas.
De nada sirvió. Las dos menores fueron localizadas asesinadas. Sus cuerpos desnudos, con signos de violación, golpes y estrangulamiento, fueron localizados abandonados en un automóvil. Una yaciendo en el asiento trasero del conductor y la otra en la cajuela.
Cuando las investigaciones apenas iniciaban, la Fiscalía General del Estado emitió un boletín, donde en voz de la fiscal María Elena Andrade, criminaliza a las niñas asesinadas: “La titular de la FGE señaló que la principal línea de investigación hasta el momento se enfoca en la relación cercana de las jóvenes con actividades del crimen organizado que opera en dicha comunidad”.
Ignorando el hecho de que quien las levantó fue un ex novio de una de ellas, que eran menores de edad, que fueron violadas y abandonados sus cuerpos desnudos, agravantes todas de un feminicidio, la fiscal las ligó al crimen organizado.
Que tres menores de edad sean privadas de su libertad a punta de pistola en el llamado Pueblo Mágico, debería ser un detonante para que la sociedad, los organismos de la sociedad civil e incluso el Consejo Ciudadano de Seguridad exigieran a las autoridades estatales, municipales y federales una estrategia real de combate a la inseguridad y la violencia que vulnera a todos, y ahora a los menores de edad. Pero no. Ni el alcalde, ni la gobernadora, ni el secretario de seguridad, ni el presidente del consejo ciudadano, ni las organizaciones de la sociedad civil alzan la voz.
En Baja California se toman por cierto el mundo irreal de redes sociales en el que transitan los funcionarios mientras trabajan para amarrar una candidatura local o federal en las elecciones de 2024, al tiempo que los cárteles, las células criminales, matan contrincantes, matan ciudadanos, matan menores y matan a policías.
Finalmente se detuvo a quien privó de la libertad a los cinco jóvenes, dejó en libertad a tres, y aparentemente participó en el atroz asesinato de las dos menores de edad. Se llama Francisco Javier Hernández, tiene 18 años de edad, y según la fiscalía, pertenece al Cártel de Sinaloa.
Tecate, como el resto de los municipios de Baja California, están sumidos en la inseguridad y la violencia, pero ninguna autoridad está considerando enfrentar el fenómeno y establecer una estrategia integral de combate a la impunidad, a la corrupción y al crimen. Fatal la insensibilidad de los gobiernos.
