Esta semana iniciaron las mesas de trabajo entre el gobierno de Tijuana y representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para definir las condiciones de una concesión de más de 15 años para implantar un banco de tiro en la Zona Este.
El éxito del proyecto -que recabará y procesará residuos de construcción- está limitado a modificaciones reglamentarias que aseguren su uso y eviten que se sigan tirando desechos de obras en predios no autorizados a lo largo de la ciudad.
El riesgo radica en que el proyecto no sea redituable en distancia y tiempo para quienes se dedican a transportar los residuos, lo cual generaría un incremento en el precio del servicio de retiro de desechos para los constructores y seguirían utilizándose predios particulares sin la debida autorización, consideró un arquitecto consultado por ZETA.
La definición entre autoridad y CMIC se dará después, dado que Cabildo votó el acuerdo que autoriza a la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez firmar un convenio de colaboración, contrato de concesión o cualquier instrumento jurídico para el proyecto, y se haya puesto a disposición un predio municipal en el fraccionamiento Hacienda Las Delicias para tal fin, bajo el argumento de que el gobierno “no ha contado con la capacidad técnica, administrativa y financiera para asumir el costo de la inversión en equipamiento e infraestructura necesaria”.
Regidores del Partido Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC) consideran que el proyecto es “bueno”, ya que faltan espacios regulados para depositar material de este tipo, pero votaron en contra del acuerdo en sesión celebrada el 11 de octubre, pues argumentan, en ese documento “se maquilló” una concesión otorgada a la cámara empresarial. Es un “cheque en blanco” para la administración de Caballero Ramírez, puesto que se desconocen las condiciones de la concesión y “no se puede votar algo a ciegas” pese a que la ciudad sí necesita el proyecto, indicó Georgina Arana Cruz, edil panista.
La aprobación del acuerdo fue calificada como “ilegal” por Sandra Magaña Ríos, regidora blanquiazul que, reiteró, no se obtuvo mayoría calificada como lo manifestó en la sesión extraordinaria, aunado a que anunció que los regidores de su fracción exploran la ruta jurídica para anularlo.
Por su parte, Marisol Hernández Sotelo, regidora por el Partido Verde Ecologista de México, dijo que sus homólogos de oposición tienen el derecho de manifestar su desacuerdo y admitió que faltaron varios regidores, “pero seguramente si se vuelve a votar y están presentes van a votar a favor, porque es una necesidad apremiante en el municipio”.
Asimismo, indicó que el predio es un cañón y no se le puede dar otro uso, por eso se pretende rellenar y no “afecta en nada otro fin”, urgiendo a que el proyecto inicie el próximo año.
“Somos una cámara empresarial sin fines de lucro. Nosotros podemos tener dinero para la operación de la máquina, pero no lucramos y va a haber un beneficio para la ciudadanía”, dijo Gabriel Vizcaíno, presidente de la CMIC Tijuana, a la par de pronunciarse por que el tema no sea politizado.
Actualmente en la ciudad “no existen bancos de tiro”, por lo que constructores y ciudadanía batallan para tirar los residuos de las obras, generándose tiros clandestinos.
En opinión de Vizcaíno, el banco de tiro Ayuntamiento-CMIC estimulará la economía local, fomentando el comercio de material reciclado o reutilizado, cumpliendo las normas ambientales y mejorando la imagen corporativa de las empresas constructoras.
CMIC INVERTIRÁ HASTA 55 MDP
Según el acuerdo votado en Cabildo, el banco de tiro tendrá una superficie de 86 mil 403.643 metros cuadrados (m2) de un predio -con superficie total de 141 mil 860.71 m2-, ubicado sobre Bulevar 2 Las Delicias, Fraccionamiento Hacienda Las Delicias, Delegación Cueros de Venado, en las inmediaciones del Bulevar 2000.
En una primera fase, la CMIC estima invertir entre 4 y 15 millones de pesos para construir un proyecto ejecutivo, un cerco perimetral, tener maquinaria (una excavadora y una retroexcavadora), una oficina móvil, una caseta de pesaje con báscula y la rehabilitación del camino de entrada.
Alrededor de año y medio después se instauraría la segunda fase, que requerirá una inversión de entre 30 y 40 millones de pesos para colocar una maquinaria que separe residuos y los reutilice, como el bloque que puede convertirse en grava y arena, apuntó Vizcaíno.
Así, la inversión total del proyecto podría llegar a los 55 millones de pesos, cantidad que sería menor al gasto efectuado para la propaganda del Segundo Informe de la alcaldesa Montserrat Caballero, que, según estimaciones de Christopher Domínguez, dirigente municipal del PAN, rondó los 80 millones de pesos.
Sobre la contraprestación que obtendría el Ayuntamiento con la implantación del banco de tiro, Gabriel Vizcaíno afirmó que la CMIC “había hablado de un 5 o 6%” de los ingresos, “pero esas son las negociaciones y creemos que eso es bastante considerable; se trata de que el Ayuntamiento tenga más ingresos para que hagamos más infraestructura”.
Aún no puede hablarse del monto que recibiría el Ayuntamiento al año, toda vez que no está definida la tarifa que se cobraría a la ciudadanía y a los constructores por recibir los residuos, ni por la venta del material reutilizado.
Cobros que podrían añadirse a la Ley de Ingresos de 2024, aunque no hay fecha para que inicie operaciones el banco de tiro, siendo el plazo máximo dos años después de la firma del acuerdo de autorización votado por Cabildo.
“Estamos todavía negociando los precios con el Ayuntamiento, obviamente tenemos que revisar muy bien cuál es el precio del mercado, porque si nosotros estamos fuera de mercado, el ciudadano va a seguir buscando la manera más fácil de tirar su escombro donde no debe ser”, advirtió el titular de CMIC Tijuana.
Tampoco es un hecho que la concesión o instrumento jurídico a firmarse vaya a ser a 20 años, ya que la CMIC había planteado un periodo entre 15 y 20 años, aclaró. Para el empresario, lo más importante es el beneficio ambiental que traerá el proyecto para la ciudad, ya que tanto la población como el gremio podrán disponer de sus residuos de construcción en ese predio autorizado, cuando actualmente no lo hay, evitando la contaminación de otros lugares. Una vez que termine la vida útil del banco de tiro, se entregará un parque al Ayuntamiento.
“No quisiera que esto se convirtiera en un tema político, en algo donde haya pensamientos o ideas de que esto es un negocio o cosas de este tipo, esto es para la ciudad. A final de cuentas vamos a hacer un banco de tiro donde se van a guardar los residuos para que Tijuana sea una mejor ciudad”, manifestó.
No obstante, reconoció que la ubicación del banco de tiro en las inmediaciones del Corredor 2000 implica un reto para captar los desechos que se generen de obras que se hagan en otras zonas de la ciudad, particularmente en el Oeste.
Para impulsar el uso del banco de tiro en el predio municipal, la CMIC proyecta presentar al Ayuntamiento una propuesta de reglamento específico, en la que establezcan sanciones a quienes tiren los desechos de obras en predios no autorizados o clandestinos, así como la operatividad del banco de tiro. Dicho reglamento específico se presentaría en dos meses.
Un arquitecto consultado por este Semanario explicó que actualmente hay dos formas para el retiro de residuos de construcción: se contrata al camionero y él se encarga; el costo de alrededor de 2 mil 500 pesos por camión, incluye el monto que a él le cobran por tirar los desechos, el diésel y su tiempo.
“Cuando se contrata un viaje, el camionero no se va a Las Delicias porque se le va a ir todo el día, entonces ellos tienen más o menos sus cercanías donde les aceptan el tiro en lugares no autorizados”, de modo que una imposición para usar el banco de tiro del gobierno municipal podría incrementar el costo del servicio de retiro de residuos y de las construcciones.
La otra forma para deshacerse de los escombros, es tramitar un permiso para demolición ante el Ayuntamiento. La autoridad pide una carta de tiro de cualquier propietario de un predio en la que reciban los residuos, el cobro que hacen los propietarios de los predios varía, pero en promedio es de alrededor de 300 pesos por camión.
Héctor León Beltrán, presidente de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción (Comice) para Tijuana, Tecate y Rosarito, se mostró a favor de que haya más bancos de tiro, ya que están “descontrolados” los tiros clandestinos. En el caso de Tijuana, “se necesitan al menos tres bancos de tiros, uno tal vez en Santa Fe, otro en Playas y otro en el Corredor 2000”.
En julio de 2023, Juan Enrique Bautista, titular de Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental (SDTUA) declaró que en esta administración se proyectaban tres bancos de tiro: el de Hacienda Las Delicias, otro más en Cueros de Venados y el tercero en Valle Redondo, todos al Este de la ciudad.
AJUSTES A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
El 30 de octubre de 2019 -un día antes de que terminara la administración del gobernador Francisco Vega de Lamadrid-, la Secretaría de Protección al Ambiente -entonces encabezada Luis Alfonso Torres Torres- otorgó Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto Almacenamiento, Disposición y Confinamiento de Residuos de Manejo Especial (Banco de Tiro), presentado en los últimos días del XXII Ayuntamiento de Tijuana –titulado por el panista Juan Manuel Gastélum- a la Secretaría de Protección al Ambiente y se le dio seguimiento por el XXIII Ayuntamiento siendo alcalde el morenista Arturo González Cruz.
Según la MIA, la disposición final de manera controlada de residuos de la construcción se hará en seis procesos: ingreso de vehículos al banco de tiro; pesaje de vehículos, volteo del material, distribución del material con retroexcavadora para aprovechar al máximo el espacio y compactación del material con el fin de que se tengan capas uniformes y estables; y salida del vehículo por la báscula.
Procesos que corresponden a la primera fase contemplada por la CMIC, y dado que sólo puede ejecutarse lo autorizado en la MIA, se prevé que para llevar a cabo el proyecto conforme al planteamiento de la Cámara, el gobierno municipal solicite una modificación y/o ampliación de la Manifestación de Impacto Ambiental, trámite que puede llevar seis meses.
Igualmente, el Ayuntamiento debe notificar por escrito que será la CMIC quien opere el banco de tiro, habida cuenta que en la MIA se señala expresamente que la autorización es “personal” y, en caso de pretender transferir los derechos y obligaciones contenidas, la Secretaría determina si es procedente.
La MIA indica que el Ayuntamiento deberá tener la anuencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la alteración o modificación del cauce del arroyo donde se pretende desarrollar el proyecto; desplegar íntegramente la NOM-083-SEMARNAT-2003 que se desarrolló “parcialmente” y tramitar la licencia para prestar el servicio de manejo integral de residuos de manejo especial, entre otros requisitos.
Al 18 de octubre de 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable había otorgado tres autorizaciones para la recolección y manejo de residuos especiales: una a la persona moral Promotora Ambiental de la Laguna, SA de CV (conocida como GEN), a una empresa física y el banco de tiro al Ayuntamiento.
